Pedro Sánchez y las víctimas

La ausencia del presidente del Gobierno en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz que se ha celebrado en Huelva, resulta difícilmente justificable. No constaba en su agenda ningún compromiso ineludible que explicara su incomparecencia en un acto de esta naturaleza, ni tampoco concurrió una causa de fuerza mayor que permitiera comprender por qué decidió no acompañar a las familias en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. A esa ausencia se sumó, además, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, máximo responsable del área directamente concernida por la tragedia. En su lugar, el Gobierno optó por enviar a María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, en una representación que pareció más orientada a servir de parapeto que a asumir la gravedad del momento. La imagen de los tres ministros accediendo discretamente por una puerta lateral da la medida exacta de la incomodidad de Moncloa ante una ceremonia que no controlaba y ante unas víctimas cuyo dolor no podía ser administrado desde el argumentario político. El Ejecutivo ha demostrado que distingue entre los homenajes que le resultan útiles y aquellos que ve como un riesgo político. Que el presidente no se sienta cómodo en ceremonias religiosas o que tema enfrentarse a la indignación de los familiares no puede servir de excusa para rehuir una obligación elemental del cargo: dar la cara. La responsabilidad política no se suspende por razones de afinidad ideológica ni por el temor a la reprobación pública. Es en esos escenarios incómodos donde se mide la estatura moral de un gobernante. No deja de resultar revelador que Moncloa intentara solucionar el asunto en un acto laico improvisado, posteriormente desechado con el argumento de que no podrían acudir los familiares, precisamente los mismos que sí estuvieron presentes este jueves en la ceremonia religiosa. Bajo esta operación apresurada se percibe una lógica ya conocida: evitar cualquier contexto que escape al control del Gobierno. Cuando el dolor no es instrumentalizable , se esquiva. En esa misma línea se inscribe la actitud del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que llegó a pedir orden y educación durante la ceremonia. Ese gesto, más que una llamada al respeto, fue interpretado como una forma de tutela moral impropia. El resultado de esta secuencia es devastador para la confianza institucional. El Gobierno no acompaña a las víctimas porque sabe que muchas de ellas no lo perciben como un apoyo, sino como parte del problema. La huida constante de los escenarios donde se exige rendición de cuentas alimenta la noción de que el Ejecutivo solo comparece cuando el relato le favorece. La incomparecencia de Sánchez en Huelva enlaza con una pauta ya conocida: el presidente solo acude allí donde el viento político sopla a su favor. Ocurrió tras la riada de Valencia , cuando desapareció del territorio afectado en el que fue insultado y descalificó a quienes protestaban, atribuyéndoles, como es habitual, una adscripción a la extrema derecha que le permitiera deslegitimarlos. Más tarde organizó un acto institucional tardío que, lejos de reparar a las víctimas, sirvió para el ajuste de cuentas con el entonces presidente autonómico. Aunque las tragedias de Adamuz y Valencia sean de naturaleza distinta, ambas revelan una misma constante: la doble vara moral con la que el Gobierno gestiona el dolor colectivo. Cuando las víctimas pueden ser utilizadas, se las exhibe; cuando pueden interpelar al poder, se las evita. Esa lógica es incompatible con la dignidad que exige el ejercicio del Gobierno y erosiona, día a día, la credibilidad de las instituciones.