La asociación de fiscales que acusó a García Ortiz, apartada de la ejecución de la sentencia a petición propia
El Tribunal Supremo (TS) ha apartado del procedimiento de ejecución de la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), accediendo así a la petición que hizo la acusación popular tras oponerse a los incidentes de nulidad de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía contra el fallo.
El hecho de que la acusación popular se quede al margen del procedimiento ejecutorio, aunque no de la causa que terminó con la condena al fiscal general, supone que no tendrá voz frente a la petición de indulto de García Ortiz que ya tramita el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha solicitado al Tribunal Supremo el preceptivo informe.
La representación de APIF expuso en un escrito el pasado lunes que "estando casi cumplidos" los términos de la ejecución de la sentencia -por la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la filtración del correo de su confesión del fraude tributario para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
A falta de la tasación de las costas
La asociación de fiscales señala que solo resta por ejecutar del fallo "la tasación de las costas procesales", algo que -recalca- "solo le incumbe a la acusación particular", que ejerce la representación de González Amador.
Por este motivo, trasladó a la Sala su "interés" en que la APIF "sea tenida por separada del procedimiento, sin perjuicio de haber presentado en el día de hoy impugnación de los dos incidentes de nulidad de actuaciones".
Ahora, la Sala que preside Andrés Martínez Arrieta -y que integran además los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo y Carmen Lamela- ha accedido a esa petición. En una providencia fechada ayer, ratifica que "visto lo interesado por la representación procesal de la APIF, téngasela por apartada de la presente ejecutoria a todos los efectos".
Vox sí alegó con los indultos del "procés"
Al quedarse apartada del procedimiento de ejecutoria, según las fuentes consultadas la asociación de fiscales no podrá hacer alegaciones a la petición de indulto del ex fiscal general del Estado si finalmente el tribunal requiere también su posición al respecto a las acusaciones populares.
Aunque formalmente solo deben pronunciarse al respecto el tribunal sentenciador, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz, en el procedimiento que concluyó con el indulto a los condenados del "procés", Vox -acusación popular- también presentó alegaciones en el Supremo para oponerse a la medida de gracia.
Antes de solicitar la medida, la APIF se opuso a los incidentes de nulidad de Abogacía del Estado y Fiscalía contra la condena al ex fiscal general, que la acusación popular calificó como "una enmienda a la totalidad de la sentencia", por lo que ha pedido a la Sala que se rechace. Además, solicitó que se imponga a la Abogacía del Estado "las costas del incidente de nulidad que ha promovido".