Hacienda limita la ayuda fiscal del SMI a las empresas en las que el personal suponga más del 70% de sus costes

El Ministerio de Hacienda ha trasladado este miércoles a la CEOE su propuesta de incentivo fiscal para ayudar a las empresas a digerir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros al mes. Se trata de una reducción fiscal progresiva en el Impuesto de Sociedades, el que se paga por los beneficios, condicionada a que las potenciales empresas beneficiarias incrementen su plantilla; y también será creciente en función de la magnitud de ese aumento de personal. Además, tiene un radio de acción restringido, ya que se limita a un colectivo muy concreto de empresas: aquellas cuyos costes de personal superan el 70% de los gastos totales de su resultado de explotación, una restricción que limita la ayuda a los negocios vinculados a servicios de bajo valor añadido e intensivos en mano de obra. Esta es la fórmula que Hacienda y Trabajo han encontrado para reservar esa desgravación a las compañías más afectadas por los incrementos del SMI tras la negativa de Hacienda a indexar el coste de los contratos públicos. La propuesta elaborada mano a mano por los ministerios de María Jesús Montero y Yolanda Díaz no ha convencido a la patronal. Fuentes empresariales consideran que es farragosa y no mejora la situación económica en que quedarían las empresas tras tener que subir el SMI a los trabajadores, incluyendo los costes sociales. Estas mismas fuentes apuntan que es complicado el concepto de 'mantenimiento de plantilla' y que solo se beneficiarán de ese incentivo fiscal un año después de asumir la subida, cuando liquiden el Impuesto de Sociedades. Dada la reacción de los empresarios, que este jueves acudirán a la reunión prevista en el Ministerio de Trabajo, el Gobierno no parece haber logrado el objetivo de atraer a la patronal a un pacto al que la CEOE se resistía por elevar el SMI un 3,1% , cifra que las empresas consideran desproporcionadas ante su propuesta que fijaba la subida en el 1,5%. El incentivo alumbrado por Trabajo y Hacienda tiene un perfil decididamente restrictivo. Para empezar limita su radio de acción a un segmento de empresas muy restringido , aquellas en las que los costes de personal superan el 70% de su cuenta total de gastos, lo que deja fuera a muchos sectores para los que la subida del SMI también puede resultar dañina. Para Trabajo y Hacienda tener una estructura de costes especialmente expuesta a la subida del SMI no es condición suficiente para acceder al incentivo y, además, exigen que para beneficiarse del mismo tengan que incrementar su plantilla actual . Las empresas que tengan menos de 100 trabajadores tendrían que incorporar al menos un empleado nuevo y con un salario por encima del SMI para poder liberar la ayuda fiscal ofrecida por el Gobierno para compensar en parte el coste para su balance de tener que subir el sueldo a los trabajadores que cobran el SMI. Pero es que en el caso de empresas de más de 100 trabajadores el incremento de plantilla tendrá que ser al menos del 1%, con un mínimo de dos trabajadores más, a tiempo completo y con un salario superior al SMI. No se queda ahí la cosa. Las empresas, además, tendrán que mantener ese aumento de la plantilla durante al menos dos años para no tener que devolver la ayuda y su base imponible no se podrá quedar en negativo tras aplicar la ayuda fiscal, lo que puede ser un problema en empresas que trabajan con márgenes de beneficio muy estrechos como son las que tienen una carga tan importante de la mano de obra. Una vez cumplidos todos estos requisitos el negocio ya podría aspirar a obtener una ayuda fiscal por los trabajadores con SMI a los que ha tenido que subir el sueldo por imperativo gubernamental. La ayuda fiscal sería creciente en función de la mejora de plantilla acometida, según la siguiente lógica. Si el aumento de plantilla es inferior al 5% , la empresa en cuestión podrá reducirse su base imponible del Impuesto de Sociedades en una cuarta parte del coste total que haya tenido para sus cuentas subir el SMI a sus empleados en ese rango salarial; si el aumento de plantilla se sitúa entre el 5% y el 10% (en una empresa de 150 trabajadores entre siete y ocho empleados más) la reducción se ampliará hasta la mitad del coste de la subida del SMI; si el incremento se sitúa entre el 10% y el 15% se podrá deducir tres cuartas partes de la factura de la subida del SMI; y si se ensancha la plantilla equivalente a contratos a tiempo completo en más de un 15% y con sueldos por encima del SMI se podrá desgravar el coste total que le haya supuesto la subida del Salario Mínimo. La propuesta llega dos días después de que Trabajo anticipara una rebaja tributaria a las empresas para que se sumen al acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. Esta medida forma parte de lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había catalogado como «formulación» que buscaba su departamento para atraer a la CEOE al pacto, después de que sus equipos hayan estado negociando con los del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, para encontrar una vía con la que compensar a las empresas por el alza del SMI, sin entrar en la indexación de los contratos públicos, la línea roja de la patronal. Y esa actualización del coste de los trabajos que muchos sectores realizan a entes públicos era la línea roja que la patronal había exigido en cada negociación del salario mínimo, sin recibir respuesta alguna. La patronal se había negado a un nuevo incremento del SMI hasta los 1.221 euros mensuales y la de la indexación de los contratos públicos era una línea roja para aceptar el pacto. La directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la CEOE, Rosa Santos, ya apuntó que la patronal esperará a tener la propuesta por escrito para plantear su fórmula, ya que la medida estaba llena de «incógnitas». Los empresarios insisten en su idea de que el SMI debería subir un 1,5% pero aclaran que «si hay una propuesta que mejore las circunstancias globales de las empresas, se analizará y se traerá una solución». Por su parte, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT también habían apuntado a que la propuesta planteada tiene «algunas lagunas» sobre cómo garantizar que se hacen efectivos en los salarios los incrementos del SMI por la vía de regular los incentivos de la deducción en el Impuesto de Sociedades. Los sindicatos plantearon en su momento la necesidad de subir el salario mínimo más de un 7% para este año, aunque han ido modulando sus posiciones en estas semanas para intentar llegar a un acuerdo con Trabajo y a la espera de lo que decida la CEOE.