Vox exige al juzgado medidas cautelares urgentes para evitar la alteración de la escena del accidente en Adamuz

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha informado este miércoles del interés que ha mostrado el partido ante el Tribunal de Instancia de Montoro a donde acudió el pasado lunes para informarse de los avances y velar por las medidas judiciales que se han adoptado por parte del juzgado tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Según ha explicado Castro, Vox se personó en sede judicial para solicitar medidas cautelares de aseguramiento de la prueba, con el objetivo de garantizar el acceso a la denominada «zona cero» del accidente y evitar la posible desaparición o alteración de elementos esenciales para la investigación. Además, el pasado miércoles, la formación presentó una querella criminal contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF , y contra el actual presidente del organismo. Desde la formación de Santiago Abascal consideran que los hechos «no responden a un fallo aislado, sino a una cadena de negligencias graves derivadas de la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias , responsabilidad que, a juicio del partido, se sitúa en la sede del Ministerio de Transportes y en la dirección de ADIF, señalando directamente al ministro Óscar Puente y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez«. «Hoy hemos acudido al Juzgado de Montoro para actualizar la información, conocer de primera mano el estado de las actuaciones y continuar impulsando este procedimiento judicial con un único objetivo: depurar todas las responsabilidades penales que correspondan, caiga quien caiga«, ha afirmado Castro. Vox ha subrayado que no va a permitir que este accidente quede impune ni que se intente desplazar la responsabilidad hacia niveles técnicos intermedios, cuando, según la formación, las decisiones políticas y la falta de inversión y mantenimiento dependen directamente del Gobierno central. El partido ha reiterado que llegará hasta el final para que se esclarezcan los hechos, se garantice la conservación de las pruebas y se exijan responsabilidades políticas y penales por un suceso que ha puesto en evidencia el deterioro del sistema ferroviario en España.