Piden 51 años de cárcel para un guardia civil de Madrid acusado de una veintena de delitos
Un guardia civil de Madrid se sienta en el banquillo acusado de una veintena de delitos por los que la Fiscalía pide para él más de 51 años de cárcel, al considerar probado que hurtó efectos en registros, golpeó e intimidó a personas que frecuentaban la Cañada Real Galiana para que le diesen droga o dinero, accedió a datos reservados sin permiso o elaboró denuncias falsas. Junto a este agente son juzgados dos compañeros para los que la Fiscalía pide 5 y 4 años de prisión por delitos como falsedad en documento público, hurto, amenazas y abuso sexual.
El juicio se celebra desde esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, y este martes han declarado varios agentes que participaron en los seguimientos a los acusados hasta que fueron detenidos en agosto de 2020. Se prevé que los procesados declaren la próxima semana. Dos ingresaron en prisión durante un mes y posteriormente quedaron en libertad a la espera de juicio.
La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que los tres acusados eran en 2020 agentes de la Guardia Civil adscritos en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC), y desempeñaban sus labores en distintos municipios la comunidad madrileña. Pero lo hacían «abusando del ejercicio de su cargo y prevaliéndose del mismo, sustrayendo efectos de las entradas y registros que realizaban, golpeando e intimidando a las personas que frecuentaban la Cañada Real Galiana para apoderarse de sustancias estupefacientes o cantidades monetarias».
También accedían a información de los archivos policiales «en beneficio propio o de terceros», revelando información a personas no autorizadas, y elaboraban «denuncias con datos mendaces o haciendo suyo material perteneciente a la Guardia Civil».
El Ministerio Público hace un extenso relato de las conductas atribuidas al agente J.A.O.P., quien por ejemplo obligó a un toxicómano a entregarle 500 euros a la semana, hasta conseguir 8.000 euros, amenazándole con que tenía una orden de búsqueda y detención que el agente había conseguido irregularmente. A otros ciudadanos les pegó o les apuntó con una pistola amenazándoles para que le diesen droga o dinero, mientas a otro le «vendió» material de la Guardia Civil, como chalecos antibalas, hasta conseguir 1.500 euros, y a otros les quitó dinero mientras les paraba en sus patrullajes o efectuaban registros.
Al ser detenido y registrar su vivienda se encontró numerosos material del instituto armado «que el acusado había hecho suyo con ilícito ánimo de lucro en fechas indeterminadas y durante el ejercicio de sus funciones como agente de la Guardia Civil», señala la Fiscalía. Algunos de estos delitos los cometió junto a los otros dos acusados, de modo que J.R.R. incurrió en hurtos, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos, mientras O.M.L. está acusado de amenazas y de un delito de abuso sexual, en este caso por «buscar mantener un contacto físico» con una joven a la que amedrentaba en la Cañada Real.
Por todo ello la Fiscalía solicita más de 51 años de cárcel para el primero, cinco para el segundo y cuatro para el tercero, apreciando en los tres agravante de superioridad. También solicita multas e inhabilitación durante años.