Montero maniobra para no quedarse fuera del funeral de Huelva
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, maniobra para no quedarse fuera de la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebrará el próximo jueves 29 de enero en Huelva, en el Palacio de Deportes Carolina Marín, según fuentes gubernamentales consultadas por este diario.
En el PSOE dan por hecho que Montero -designada candidata socialista a la Junta- tendrá asiento en el acto, en un contexto de plena precampaña andaluza en el que la visibilidad institucional adquiere un fuerte componente político. La confirmación de asistencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha intensificado esa presión, al convertir la ceremonia en un escaparate de alto perfil para los principales dirigentes políticos.
La presencia de representantes del Ejecutivo, sin embargo, es objeto de disputa. Moncloa no ha elaborado aún un plan cerrado. Mientras, el PP ha reclamado al Gobierno que se abstenga de enviar ministros, con especial énfasis en el titular de Transportes, Óscar Puente, al considerar que su mera asistencia podría interpretarse como una instrumentalización política de un acto de duelo organizado por la Diócesis de Huelva.
El Gobierno decidió aplazar el homenaje de Estado que había planteado celebrar el sábado 31 en colaboración con la Junta, después de constatar que “una mayoría de las familias de las víctimas” no podría o no querría acudir. La Moncloa asume que la gestión de los tiempos y los formatos del duelo es clave para evitar reproches y preservar el respeto a los afectados, en una crisis que ha reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria y ha disparado el coste político del siniestro para el Ejecutivo.
No obstante, el Ejecutivo está midiendo al milímetro la exposición. Y para muestra la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, del próximo 11 de febrero en el Congreso de los Diputados. La sesión servirá para que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz, la actuación del Ministerio de Transportes y la situación de la red de alta velocidad. En Moncloa asumen que será una comparecencia políticamente delicada, en la que Sánchez intentará marcar perfil institucional, trasladar un mensaje de empatía con las víctimas y evitar que el debate derive en una imputación directa de responsabilidades políticas al Gobierno. Aunque se antoja difícil, puesto que algunas familias señalan en público al Ejecutivo.
El PSOE da por hecho que la oposición utilizará esa cita parlamentaria para elevar la presión sobre Puente y vincular el siniestro a la política de inversiones y mantenimiento ferroviario de los últimos años. En ese marco, la estrategia del Ejecutivo pasa por separar el plano técnico del político, subrayar que la investigación sigue abierta y advertir contra conclusiones “precipitadas”. La comparecencia del 11 de febrero se perfila así como un punto de inflexión: un examen parlamentario que, más allá de las explicaciones formales, puede marcar el rumbo de la crisis y condicionar el desgaste del Gobierno en un momento de alta sensibilidad social y electoral.