El PSOE recurrirá el archivo de los contratos de emergencia del SAS y cuestiona la investigación del juez

El PSOE andaluz no se da por vencido y ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con motivo de la pandemia porque «no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito». Al contrario que el magistrado José Antonio Gómez Díez, este partido, que estaba personado como acusación popular junto a Podemos , cree que los hechos requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido. La investigación se abrió en junio de 2024 a raíz de una querella del PSOE por la que estaban investigados los ex directores gerentes del SAS entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas , y la actual responsable de la agencia de la Junta de Andalucía, Valle García Sánchez, que ha quedado exonerados de responsabilidad tras el carpetazo.que la causa que se instruyó tras una denuncia presentada por los treinta parlamentarios socialistas en el verano de 2024 En un comunicado de prensa, el partido que dirige María Jesús Montero invoca los informes que la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió tras su denuncia que ponían de manifiesto la falta de fiscalización previa de los contratos decidida por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020. Según el PSOE-A, éstos documentos han confirmado «múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado». «Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final». «Los socialistas andaluces consideramos que la sanidad pública merece que se investigue hasta el último euro pagado de más y, desde la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto (que no ha sido notificado formalmente todavía al partido), entendemos que el proceso no ha terminado», ha asegurado. En su nota, el PSOE señala que «nadie duda de la urgencia inicial de la pandemia», pero puntualiza que el Gobierno de Juanma Moreno (PP) «prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia. Y esto no es una opinión del PSOE-A. Insistimos, es la conclusión de la Intervención General de la Junta de Andalucía». «Desde nuestro más absoluto respeto por la acción de la Justicia, confiamos en el Estado de Derecho y confiamos, en este sentido, en que esta resolución sea anulada y se llegue hasta el final tanto en la causa que se investiga en Sevilla, como en las investigaciones que están en marcha en las provincias de Cádiz y Córdoba sobre los mismos hechos», añade. Otros dos juzgados, el de Córdoba y Cádiz, han abierto investigaciones a raíz de denuncias del PSOE y Podemos pero se circunscriben a contratos menores del SAS en estas provincias. El PSOE-A asegura que «las irregularidades» han causado «un daño ingente al dinero de todos los andaluces». « Se ha contratado con las mismas empresas a precios superiores a los que se pagaban en contratos ordinarios; es decir, se ha pagado más por lo mismo», insisten. Más allá de lo penal, «estamos ante una estrategia política de privatización de la sanidad pública que nos preocupa y ocupa», afirma. «El PSOE-A tiene un modelo sanitario para Andalucía diametralmente opuesto al de vaciar la sanidad pública y el Estado del Bienestar para beneficiar a empresas privadas mediante un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia, quitando, además, los controles previos para dar vía libre a contratos a dedo de decenas de millones de euros» , exponen en clave. Por último, desde el PSOE acusan a los tribunales de mantener un «diferente rasero judicial ante situaciones procedimentales similares anteriores donde la modificación del sistema de fiscalización y la ausencia de procedimiento ordinario, aun con fines legítimos, fue razón suficiente para presuponer intencionalidades criminales y dictar condenas a personas inocentes», en una referencia velada a las sentencias del caso ERE. Se trata de las ayudas repartidas sin control por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 por las que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán . En el caso actual del Gobierno del PP, «nos encontramos con la misma supresión de la fiscalización previa, lo que permitió al SAS repartir discrecionalmente decenas de millones de euros sin control preventivo. La pregunta es: ¿por qué lo que antes era indicio de criminalidad ahora se archiva como mera irregularidad administrativa?».