Atrevámonos a producir vivienda en masa

España atraviesa la peor crisis de vivienda desde la posguerra. Resulta tragicómico ver a los portavoces de los partidos más radicales que apoyan a este Gobierno –Sumar, ERC, Podemos– rasgarse las vestiduras por la situación que padecemos, proclamar que «hay que intervenir la vivienda» o exigir que «ardan las calles». Han sido precisamente las propuestas legislativas de esta extrema izquierda las que nos han metido en este callejón sin salida que habrá que desandar más pronto que tarde. Son ellos quienes han estado –de momento– ocho años en el poder inspirando normativas tan dañinas como la ley por el derecho a la vivienda o los decretos que han propagado la 'inquiocupación'. El balance es desolador, como así atestiguan todos los indicadores, y no hay ninguna razón para pensar que esto vaya a cambiar, teniendo en cuenta que bajo su punto de vista no hay un problema de oferta, sino de exceso de libertad por parte de los actores económicos, que tienen la osadía de destinar viviendas, por ejemplo, a alquileres de temporada o vacacional. El sectarismo y la realidad conviven muy mal, y este empecinamiento lo pagamos el conjunto de la sociedad española con una crisis de vivienda inédita. No conozco ningún sector industrial que tenga la flexibilidad suficiente para ampliar su capacidad de producción en un 100 o un 200 por ciento de un año para otro. Y eso es lo que se le está exigiendo a la vivienda. Hasta el año 2020 la demanda –esto es, la creación de nuevos hogares– y la oferta crecían de manera acompasada. Sin embargo, desde 2021 la creación de hogares casi se ha triplicado, mientras que la capacidad del sector de crear más vivienda sólo ha podido crecer a un ritmo mucho más bajo. Cuando un Gobierno toma la decisión de expandir su economía mediante la incorporación masiva de inmigración –alrededor de medio millón de nuevos habitantes cada año– debe tener prevista la provisión de servicios públicos para toda esa nueva población. Esto tiene que ver con la sanidad, la educación, los servicios sociales, pero, sobre todo, con la vivienda. Y esto sólo se soluciona con la creación de más viviendas . A estas alturas de la legislatura el déficit estimado por los distintos estudios y observatorios alcanza las 700.000 unidades. Aunque no entrara un solo inmigrante más, tardaríamos una década en recuperar el equilibrio. Convendrán conmigo que circunstancias excepcionales justifican la toma de medidas excepcionales. ¿Y qué se puede hacer mientras Atila y los hunos sigan al frente del país? Aunque la vivienda es una competencia que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas, la realidad es que hay muchos aspectos que le afectan que corresponden al ámbito nacional e incluso al supraestatal. Es en el Congreso donde se regulan los alquileres, donde se decide el tratamiento penal de la okupación, o donde se fijan los impuestos a la compra de obra nueva. Y es en Europa donde se establecen las reglas del juego en la financiación de actividades inmobiliarias e hipotecarias, o de donde parten las excesivas exigencias en sostenibilidad que encarecen el producto final. Estos condicionantes nos pueden llevar a la parálisis y el desánimo, esperando tiempos mejores. Sin embargo, si hay voluntad política se pueden hacer cosas, y de hecho se están ya haciendo. La primera autonomía que ha puesto en marcha una medida disruptiva ha sido la Comunidad de Madrid. Una ley breve, sencilla y al grano que, con poco más de un año en vigor (Ley 3/2024), permite la implantación de uso residencial en parcelas o edificios con calificación de uso terciario de oficinas, con la obligación de que se destine a vivienda protegida en arrendamiento. En este momento hay en torno a 4.000 viviendas ya en marcha gracias a esta ley, que con toda probabilidad se duplicarán en este ejercicio. Con distintos matices, las comunidades de Andalucía y Canarias han aprobado legislaciones similares, que también están suponiendo un notable éxito. En el mismo sentido, Madrid ha anunciado la inminente aprobación de un aumento del 10 por ciento de los metros cuadrados edificables y del 20 por ciento del número de viviendas en las parcelas de vivienda protegida. Esto supondrá un incremento de unas 15.000 viviendas más en la comunidad autónoma, de un día para otro, sin necesidad de modificar el planeamiento. Todas estas medidas están sirviendo para aliviar la situación pero, si se me permite el símil, es como intentar apagar un incendio con cubos de agua. Es necesario dar un paso más allá. Y hay al menos dos comunidades autónomas que han mostrado el camino. Una de ellas son las Islas Baleares. El Gobierno regional ha aprobado la figura de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), un instrumento regional que abrevia radicalmente los plazos y permite poner a disposición del mercado suelo finalista en Palma en tiempo récord. Con otras siglas (PRAT), la Junta de Castilla y León dispone de una herramienta extraordinaria para desarrollar suelo de manera expeditiva; así ha ocurrido en Aguilar de Campoo con el Plan Regional de Ámbito Territorial de Vega de las Claras, que ha urbanizado suelo para ochocientas viviendas en menos de un año. Realmente esto ya ocurrió en España en otro momento de nuestra historia reciente. En los años sesenta, con motivo de la migración masiva del campo a la ciudad, el Instituto Nacional de Urbanización utilizó las Actur (actuaciones urbanísticas urgentes), cuya finalidad declarada era «disponer de suelo urbanizado a precio razonable para satisfacer la necesidad de viviendas sociales en las grandes concentraciones urbanas». La localidad madrileña de Tres Cantos, la margen izquierda del Ebro en Zaragoza y la Cartuja de Sevilla son tres de las más reconocidas actuaciones ejecutadas en este marco. La gran diferencia entre aquella España y la actual es que estas actuaciones ahora las tienen que ejercer las comunidades, pues son estas las titulares de la competencia de ordenación del territorio. La comunidad madrileña también dispone de una herramienta apropiada para ello, los PAR, proyectos de alcance regional. Es cierto que ahora hay, afortunadamente, diversos desarrollos muy avanzados en el sureste y en el noroeste de la capital que supondrán a corto plazo un alivio para las nuevas familias. Pero después hay una brecha de varios años sin suelos a la vista. Quizá sea el momento adecuado de poner en marcha varios PAR en Madrid que garanticen la capacidad de la capital de España de acoger al millón de nuevos habitantes que se esperan para la próxima década. Como decíamos al principio, la extrema izquierda está deseando que ardan las calles y, si tienen motivos a los que aferrarse, las encenderán cuando sean desalojados del Gobierno de la nación. No dejemos que encuentren esos motivos.