Proyecto de ley apunta a patrimonio de dirigentes para frenar bloqueos
El debate sobre la ley antibloqueos avanza en la Asamblea Legislativa con un cambio central en su enfoque.
La propuesta ya no se concentra en elevar penas, sino en reparar los daños económicos provocados por los bloqueos.
Así lo explicó Edgar Manolo Rojas Paz, presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. La explicación se dio durante una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
El legislador señaló que el énfasis está puesto en la responsabilidad civil, antes que en la privación de libertad.
Tres proyectos
Actualmente, el Legislativo analiza tres proyectos de ley vinculados a los bloqueos.
Dos se encuentran en la Cámara de Senadores y uno en Diputados.
Uno de ellos es el Proyecto de Ley 094/2025–2026, que plantea penas elevadas.
Otro, el Proyecto 096, propone sanciones de tipo infraccional.
La Comisión de Justicia Plural trabaja en unificar las iniciativas en un solo texto.
El objetivo es construir una norma viable para su tratamiento en el pleno.
Del lo penal al resarcimiento
Rojas explicó que el Código Penal vigente ya sanciona los bloqueos.
Sin embargo, las penas actuales oscilan entre uno y tres años, lo que limita su efecto disuasivo.
Por ello, el nuevo proyecto introduce el resarcimiento del daño civil como eje central.
“Los privados podrían demandar una acción de reparación de daños civiles”, afirmó.
El legislador detalló que el proceso incluye anotaciones preventivas y congelamiento de cuentas.
Estas medidas permitirían garantizar la reparación de los perjuicios causados.
“Cuando al boliviano le tocas el bolsillo, realmente empieza a pensar dos veces lo que va a hacer”, sostuvo.
El patrimonio
Según Rojas, la ley prioriza las medidas cautelares reales sobre la detención preventiva.
Esto se ajusta al artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.
“Se va a utilizar el medio instrumental del patrimonio antes que la detención preventiva”, explicó.
La privación de libertad quedaría reservada para casos agravados.
El enfoque busca evitar abusos de la detención preventiva.
También apunta a generar un efecto disuasivo frente a la reiteración de bloqueos.
Bloqueo, protesta y huelga
Uno de los ejes del proyecto es la diferenciación clara entre bloqueo y protesta social.
La huelga y la manifestación pacífica continúan garantizadas por la Constitución.
“No estamos hablando de una huelga o una protesta, que es totalmente distinto a un bloqueo”, precisó.
“El bloqueo con la finalidad de perjudicar a otros no está permitido”, añadió.
Las marchas o concentraciones con autorización municipal no serán sancionadas.
Las alcaldías mantienen el control sobre el uso del espacio público.
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Responsabilidad de dirigentes
Según el diputado Rojas, el proyecto establece que dirigentes y organizaciones responderán civilmente por daños económicos de bloqueos convocados, sin criminalizar la protesta, mediante resarcimiento patrimonial correspondiente.
El proyecto incorpora escenarios complejos como saqueos, infiltrados y protestas espontáneas.
En esos casos, la responsabilidad penal es individual y sujeta a investigación.
“La responsabilidad penal es intuito persona, quien la hace la paga”, afirmó Rojas.
No obstante, la responsabilidad civil puede ser solidaria si se prueba vínculo con los daños.
Las investigaciones contemplan plazos de 60 días en fase inicial y seis meses en etapa ampliada.
Reforma del Código Penal
El debate sobre la ley antibloqueos se conecta con una reforma más amplia del Código Penal.
Rojas calificó la normativa actual como obsoleta y fragmentada.
El legislador recordó que, en el pasado, se usó el tipo penal de terrorismo para procesar protestas.
“Esta ley viene objetivamente a solucionar ese conflicto”, afirmó.
El objetivo es crear tipos penales precisos, acordes a la realidad actual.
La reforma se trabajará con distintos sectores sociales y profesionales.
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