El alcalde de Puertollano respeta la actuación policial en la que se detuvo a 16 trabajadores por los incidentes en la huelga del metal

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha expresado este jueves su respeto por la actuación policial y judicial que ha derivado en la detención de 16 trabajadores de las empresas contratistas que operan en el complejo petroquímico de la ciudad y que participaron en la huelga del metal de los días 3 y 4 de noviembre. El regidor ha recalcado que el derecho a la huelga está limitado por el «respeto» a los trabajadores que no quieran secundarla y por el mantenimiento del orden público. «Los actos vandálicos y violentos no se sostienen frente al derecho a huelga» , ha afirmado. Ruiz ha reconocido el derecho de los trabajadores a reivindicar mejoras en sus condiciones laborales, pero ha subrayado que debe hacerse «sin poner en riesgo la seguridad o la vida de personas». En este sentido, ha señalado que «lamentablemente hubo incidentes que no se debieron haber producido nunca». «No se puede provocar fuego, no se puede atacar a los medios de extinción como así se hizo», ha concluido el alcalde. Durante aquellas jornadas se registraron varias incidencias, entre ellas la rotura de la luna trasera de un autobús que transportaba trabajadores de Repsol, así como disturbios que obligaron a cargas policiales para evitar que los huelguistas bloquearan los accesos al complejo petroquímico. Además, se informó de conatos de incendios presuntamente iniciados por los huelguistas con el objetivo de alterar la normalidad en el funcionamiento de la industria. Por su parte, CCOO Ciudad Real ha considerado que las detenciones de los trabajadores -algunas de las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de Repsol y Fertiberia- ha sido «desproporcionada» y persigue «criminalizar» el derecho a huelga. Desde el sindicato han mostrado su rechazo a la actuación policial y han defendido que las movilizaciones del sector del metal se enmarcan en un contexto de reivindicación laboral , advirtiendo de que la respuesta judicial puede suponer un precedente negativo para el ejercicio de este derecho fundamental.