Negociación colectiva: Trabajadores estatales piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono desde S/600
Como cada año, las principales confederaciones de trabajadores del sector público como CTE Perú, UNASSE, CONASEP y CUT Estatales elevaron ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) su proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2026–2027, que consta de un pliego de solicitudes como incrementos salariales, reconocimiento de estabilidad laboral para trabajadores CAS y la derogatoria de la Ley Servir, entre otros.
El documento contiene 44 cláusulas, entre económicas y de condiciones laborales, y abarca a los servidores de los tres niveles de gobierno y a todos los regímenes laborales del Estado, cuyas medidas empezarían a regir desde enero de 2027. Recordemos que la negociación colectiva está amparada en la Ley N.º 31188.
Aumento salarial y aguinaldos igual a una remuneración
El eje más resaltante del pliego es un incremento salarial mensual de S/700 para todos los trabajadores del sector público, sin distinción de régimen laboral, a partir del 1 de enero de 2027, el cual según afirmó a La República Darda Alatrista, secretaria general de la Confederación Unitaria de Trabajadores Estatales, "se debe a la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada del 9%".
La propuesta alcanza a los servidores de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 (CAS), así como a las carreras especiales y regímenes municipales.
A ello se suma el otorgamiento de aguinaldos para todos los trabajadores públicos de los regímenes 276, CAS (1057) y 29709, en los tres niveles de gobierno, que reciban dos veces al año (en julio y en diciembre) equivalentes a un sueldo completo, y no a un monto fijo como ocurre hoy en día (S/400, según el año).
Bono extraordinario desde S/600
Los trabajadores también solicitan un bono extraordinario "por única vez, no remunerativo ni pensionable", a pagarse en enero de 2027. El monto será escalonado según el nivel de ingresos, desde S/2.500 para quienes ganan hasta S/4.000 mensuales, y hasta S/600 para aquellos que reciben sueldos de entre S/8.000 y S/15.000.
El beneficio alcanzaría a servidores de los gobiernos nacional, regional y local comprendidos en el ámbito del convenio colectivo.
Ante las potenciales críticas, Alatrista cuestionó que "siempre se habla del forado fiscal cuando se trata de los trabajadores, pero no se dice nada de las exoneraciones tributarias que benefician a sectores que han duplicado sus utilidades, como hoy ocurre con las agroexportadoras que están en un boom".
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CTS al 100% y deuda pendiente
En otro apartado se busca ampliar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el equivalente al 100% de los ingresos totales para los trabajadores de los regímenes 276, CAS (1057) y de la Ley 29709. En el caso del régimen CAS, el pago se efectuaría al término del vínculo laboral.
Además, se exige la regularización íntegra de la CTS adeudada entre mayo de 2014 y octubre de 2015 a los trabajadores sujetos al régimen privado (DL 728) en el Estado, incluyendo intereses, con cargo a los presupuestos del 2027.
"El año pasado se firmó un convenio para otorgar el 14% de la CTS a los trabajadores CAS, pero hasta hoy no se ha cumplido. Ese presupuesto ya existe y no puede perderse. Ahora está en manos del Congreso", sostuvo la dirigente sindical.
Reforma del CAFAE y homologación
Otra de las propuestas es la reforma del incentivo CAFAE, un pago adicional que hoy perciben los trabajadores administrativos y que, según los sindicatos, genera desigualdades entre entidades públicas. El pliego plantea elevar y estandarizar la escala base del CAFAE desde enero de 2027, con montos de S/6.300 para funcionarios de carrera, S/5.300 para profesionales, S/4.600 para técnicos y S/4.300 para auxiliares del régimen 276.
"En el CAFAE hay mucha discriminación. Hay trabajadores que reciben S/120 y otros hasta S/12.000", afirmó Alatrista, al señalar que la propuesta busca iniciar un proceso de homologación para trabajadores que realizan funciones similares.
También se plantea incluir S/1.200 del CAFAE al Monto Único Consolidado (MUC) del personal administrativo del régimen 276 (profesionales, técnicos y auxiliares), de modo que ese monto pase a formar parte del sueldo y compute para pensiones y otros beneficios. La iniciativa también incluye crear un incentivo equivalente al CAFAE para los trabajadores municipales de los regímenes 276, 728 y 29709.
Asignaciones familiares y escolaridad
Entre los beneficios adicionales, se plantea la asignación familiar del 10% del MUC para trabajadores del DL 276 y del 10% de la Remuneración Mínima Vital para el DL 728, así como la ampliación del beneficio de escolaridad a los trabajadores CAS.
También se incluye una bonificación especial del 20% de los ingresos totales para quienes laboren en zonas de frontera o de menor desarrollo, aplicable a todos los regímenes laborales.
Otro punto es la ampliación voluntaria de la edad límite de permanencia en el servicio hasta los 75 años, superando el actual tope de 70 años, bajo el argumento de no discriminación por edad y aprovechamiento de la experiencia laboral.
En materia previsional, el pliego plantea el derecho irrestricto de los trabajadores estatales a trasladarse entre AFP y ONP, con reconocimiento de aportes acumulados, y el compromiso del Ejecutivo de garantizar una pensión mínima no menor a S/1.500 al momento del cese.
Derogatoria de Servir
En el plano político-sindical, el proyecto exige de manera explícita la derogatoria de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir), a la que califican como "lesiva y antilaboral", y la conformación de una mesa técnica para elaborar una norma alternativa.
Además, se plantea la creación del Consejo Nacional del Empleo Público, amplias licencias sindicales con goce de remuneraciones, y la imposición de un aporte sindical solidario obligatorio tanto para trabajadores sindicalizados como no sindicalizados beneficiados por el convenio.
Respecto a los plazos, Alatrista explicó que, de acuerdo con la Ley de Negociación Colectiva, el proceso se activa tras el cierre de la presentación de pliegos el 30 de enero.
A partir de esa fecha, el Gobierno tiene 10 días para emitir observaciones y definir cuáles son las confederaciones más representativas, tras lo cual la mesa de negociación debería instalarse el 11 de febrero con el objetivo de cerrar a tiempo la negociación y firmar el convenio colectivo para que los acuerdos se apliquen en el 2027.