«Si a mi lo que me parece mal es que a los de fuera se les de ayudas sin haber trabajado, sin haber cotizado y sin papeles». Con esta afirmación tan repetida comienza el vídeo publicado por el Ministerio de Inclusión para desmentir uno de los bulos más repetidos sobre el Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica, complementando los ingresos de quienes no alcanzan un umbral mínimo de recursos.

La creencia de que esta ayuda se concede mayoritariamente a personas inmigrantes es uno de los bulos más extendidos en redes sociales. Esta idea se alimenta de percepciones sobre la inmigración y la asistencia social, pero los datos muestran un panorama muy distinto.

Requisitos para beneficiarse del IMV

Según el Ministerio de Inclusión, la gran mayoría de las personas migrantes en edad de trabajar están activas en el mercado laboral: «el 70% trabaja, y más de 3 millones cotizan a la Seguridad Social, lo que representa el 14% del total de afiliados», aseguran. Esto demuestra que los inmigrantes no son una carga para el sistema de ayudas, sino parte activa de él.

Los inmigrantes representan el 14% de los afiliados a la Seguridad Social

Además, el propio Ministerio de Inclusión subraya que para poder acceder al IMV es necesario haber residido legalmente en España al menos un año, un requisito que limita de forma clara la percepción de que esta ayuda esté destinada a los inmigrantes sin papeles. De hecho, según aclaran: «hasta el 83% de los beneficiarios del IMV son españoles», dejando en evidencia que la prestación se centra principalmente en quienes ya forman parte del tejido social y laboral del país.

El Ingreso Mínimo Vital se concede en función del tamaño y los ingresos del hogar, con cuantías que pueden llegar hasta los 1.090 euros mensuales para una persona sola y aumentos progresivos por cada miembro adicional de la familia.

¡Para acceder a esta prestación, además de cumplir con el requisito de residencia legal en España durante al menos un año, es necesario demostrar que los ingresos y el patrimonio del hogar están por debajo de los umbrales establecidos, garantizando así que la ayuda llegue a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.