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Granados vuelve al banquillo por el caso Púnica

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La Audiencia Nacional sienta en el banquillo desde este próximo lunes al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 con su arresto y el de medio centenar de personas por presunta corrupción. En todo este tiempo, Granados solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel.

En este sentido el juicio se prolongará hasta el próximo mes de marzo y analiza la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de varios municipios madrileños entre 2004 y 2013.

El que fuera número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38. Además de él, están acusadas otras trece personas, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes de las localidades.

Tal y como recuerda EFE, entre los acusados se encuentran los antiguos regidores de Valdemoro, Ciempozuelos, Móstoles y Moraleja de Enmedio. En este sentido, la Fiscalía reclama para ellos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien pide inhabilitación de ocho años.

Los festejos en el punto de mira de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.

Por su parte la Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero. Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".

Según la Fiscalía el empresario, José Luis Huertas proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.