La Asociación Libre de la Abogacía acusa al ICAM de buscar la "impunidad" de la pareja de Ayuso

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha emitido un comunicado en el que carga contra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y su actuación en el caso de la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La institución que dirige Eugenio Ribón, denuncia esta asociación, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El ICAM interpuso la primera denuncia contra la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía con detalles del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, y fue una de las acusaciones del juicio que terminó con una condena para Álvaro García Ortiz. Un juicio en el que no solo pidieron cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general sino que intentaron convencer al Tribunal Supremo de que la filtración de su confesión había contaminado a los jueces y hacía ineludible una condena por fraude fiscal para él.

Diversas asociaciones de juristas del espectro progresista presentaron recientemente una queja ante el organismo que preside el decano Eugenio Ribón. Esas quejas por la “sumisión” del ICAM a los intereses de la pareja de la presidenta madrileña tuvieron respuesta por parte del colegio, que defendió su actuación al margen de cuestiones “políticas o personales”. Ahora es la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) la que, en un comunicado, carga contra la institución que dirige Ribón.

Es “rotundamente falso”, dice ALA, que el ICAM haya actuado de forma imparcial en ese procedimiento y en aras del derecho de defensa. “Se ha esforzado en defender todas las tesis de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendiendo incluso la nulidad de su próximo enjuiciamiento”. También ha intentado, además, “limpiar la imagen pública” de González Amador, llegando a apoyar una “exagerada” indemnización para él.

El ICAM, concluye esta asociación que ya criticó en marzo de 2024 que el colegio defendiera los “intereses políticos” de Ayuso en los tribunales, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona acusada de delitos contra el patrimonio público, por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El Supremo negó la impunidad

Los abogados de González Amador defendieron a lo largo del procedimiento que esta filtración comprometió al límite su defensa en el caso de fraude fiscal, hasta el punto de considerarse ya condenado por adelantado después de que los jueces hayan sabido por los medios que intentó llegar a un pacto: “O me voy de España o me suicido”, llegó a decir. Una teoría que también defendió el ICAM a lo largo del proceso en una de las declaraciones más tensas de la instrucción del caso.

Fue el propio Eugenio Ribón, decano del ICAM, el que explicó esta teoría ante el juez Ángel Hurtado: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida. De una u otra manera puede quedar contaminado”, afirmó. Una de las representantes de la Abogacía del Estado hizo entonces una pregunta que Hurtado cortó en seco: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.

Tanto Ribón como Hurtado se llevaron entonces las manos a la cabeza y cortaron a la Abogada del Estado pero la alegación se repitió durante el juicio y fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que frenó la teoría de González Amador se podía dar por condenado por fraude fiscal. Los jueces que estudien su caso, dijo la sentencia, serán “plenamente conscientes” de que esa conformidad abortada no es una prueba de culpabilidad contra él.