Doble vara de la izquierda

En pleno debate público sobre las denuncias falsas por violencia machista, han surgido dos episodios que parecen actuar como contrapunto a una revisión crítica del régimen jurídico que protege privilegiadamente a la mujer agredida o amenazada por un hombre. El primero de esos episodios es una denuncia contra el presidente del Gobierno Adolfo Suárez , difundida en medios de comunicación por una mujer que dice haber sido agredida sexualmente por el fundador de la UCD entre 1983 y 1985. En aquella época, Suárez era solo diputado en el Congreso. Suárez está muerto desde 2014 y los delitos que la denunciante le atribuye, prescritos. El segundo episodio lo han protagonizado dos empleadas de Julio Iglesias, a quien acusan de agresiones sexuales y trata de personas, delitos cometidos en 2021 en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. Las denunciantes han sido asesoradas por Women's Link y cuentan con el llamativo respaldo de Amnistía Internacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido la denuncia contra Julio Iglesias, porque las supuestas agresiones se habrían cometido en el extranjero y son imputadas a un ciudadano español. Estos son los hechos de dos denuncias no judicializadas, difundidas por medios de comunicación, a pesar de que, en el caso de las denunciantes de Julio Iglesias, sus defensores pedían ayer medidas de protección de su intimidad y de incomunicación con el denunciado. Es difícil entender estas peticiones si las denunciantes acuden a los medios de comunicación y no buscan la reserva propia del proceso penal, tan necesaria, por ejemplo, para proteger las pruebas. Ambos casos merecen ser abordados desde la perspectiva del daño que está sufriendo el Estado de derecho con este sistema parajudicial en el que la declaración de una mujer que se considera víctima es suficiente, según determinados partidos y organizaciones feministas, para desactivar las reglas del proceso penal. Cuando el hombre es denunciado por una mujer por violencia sexual o de otra clase, estos sectores políticos condenan públicamente al hombre sin derecho a defensa, sin presunción de inocencia, sin prueba, sin juicio oral, sin sentencia y sin recurso. Y si los tribunales no secundan ese veredicto previo, entonces son los jueces los que pasan a ser tachados de machistas. Esta es la manera de crear una especie de 'derecho penal de autor', a la manera de los totalitarismo de los años treinta del siglo pasado, y de exacerbar a la opinión pública contra las medidas de prevención de la violencia machista, en perjuicio de aquellas mujeres realmente agredidas y que legítimamente buscan el amparo de los tribunales. Siglos de lucha de hombres y mujeres para lograr el imperio de la ley para que ahora se defienda una justicia tan primitiva y sin reglas. No menos grave es la manipulación política que la izquierda y el feminismo sectario está haciendo con estos casos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió hace días con la denunciante de Suárez, aunque no parece que lo haga con todas las denunciantes de violencia machista. Y las portavoces habituales del tribunal callejero ya han pedido toda clase de medidas contra Iglesias, sin haber oído su versión. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tribunal tácticamente elegido por los asesores de las denunciantes, ya investiga la denuncia contra el cantante. Es muy evidente y denunciable el contraste entre esta reacción y la que han recibido las denuncias por acoso contra el socialista Salazar, rodeadas de silencio, opacidad e inacción del Ministerio Público. Cuanto antes, una respuesta judicial por el bien de las mujeres y de los denunciados.