Ciencia con luz larga

Desde el perfeccionamiento de una potente industria biotecnológica hasta la protección de su agricultura y salud pública, la ciencia cubana ha demostrado ser un activo estratégico que permite al país enfrentar bloqueos, pandemias y desafíos climáticos con soluciones propias. Es el motor que transforma el conocimiento en bienestar tangible y en un escudo para su independencia.

Sin embargo, no es menos cierto que el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) ha arrastrado, desde hace años, algunas debilidades estructurales, como su desconexión con el sector productivo, insuficiente financiamiento, escasos incentivos y una gobernanza un tanto fragmentada. 

Limitaciones como las expuestas anteriormente hacían cada vez más urgente un marco jurídico unificador que ordenara, dinamizara y protegiera el ecosistema científico. Sin una ley de este alcance, el enorme capital humano y la infraestructura científica del país corrían el riesgo de no lograr su gran potencial transformador. 

La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada durante el 6to. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 10ma. Legislatura, desarrollado el pasado mes de diciembre, es la respuesta legislativa a esos desafíos. Es una herramienta para la innovación que establece principios más modernos, crea mecanismos de financiamiento más ágiles y prevé una gobernanza ética e inclusiva. 

Caracterizada por un extenso proceso de consulta y debate que involucró a alrededor de 1 500 académicos, profesores, investigadores, empresarios, innovadores y autoridades de todo el país, el documento deja claro su objetivo principal: «promover, desarrollar y ordenar los procesos y actividades vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación».

No es casual que la ley enfatice en valores éticos, el humanismo, la sostenibilidad y la transformación digital como ejes transversales. Así lo hizo saber el viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Dr. C. Daimar Cánovas González, quien fuera también uno de los miembros del grupo temporal de trabajo que participó en la elaboración y redacción de la norma jurídica.

Cambios que fortalecen 

Según explicó el directivo, entre los cambios significativos de la ley, que cabría calificar como radicales —o disruptivos—, se encuentra la regulación por primera vez del derecho de acceso al conocimiento como derecho de las personas, que constituye el desarrollo necesario del artículo 32 de la Constitución de la República, el cual hasta el momento no se había consagrado en la legislación ordinaria. 

Ello implica, dice, el reconocimiento de facultades como la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en condiciones que garanticen la objetividad de los juicios y permitan corroborar sus resultados, participación y colaboración en el plano nacional e internacional, establecimiento de los fines, objetivos, enfoques teóricos, métodos y técnicas de la investigación, entre otras.

Otro aspecto es la ampliación de los actores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a todos los sujetos que hoy participan en nuestra economía, sin que se reduzcan a las universidades y entidades de CTI. 

Pero, además, un salto a destacar es también la regulación de una Estrategia Nacional de CTI como instrumento rector de planificación de dichas actividades a mediano y largo plazos, por un período entre cinco y diez años, y que incluya los objetivos generales de la ciencia cubana y sus indicadores, con metas cuantificables, las prioridades nacionales en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, ejes y programas prioritarios, financiamiento, mecanismos de articulación y coordinación con las estrategias sectoriales y territoriales, así como el imprescindible sistema de seguimiento y evaluación, agregó.

Con la inclusión de todos 

La nueva norma reconoce al talento humano como el componente principal del sistema y busca atender la ausencia de un programa de desarrollo para dicho potencial y la insuficiente preparación de cuadros directivos. En ese sentido crea instrumentos para la formación, captación, retención y estimulación de los profesionales en todas las etapas de su carrera.

Además, incluye la planificación estratégica a través de la Estrategia Nacional de CTI y los planes anuales, el sistema de programas y proyectos, un sistema de información unificado y premios para reconocer los aportes más importantes del sector. También abarca la educación científica y la inserción internacional como ejes prioritarios.

Se centra en la aplicación práctica del conocimiento. Promueve la transferencia tecnológica, la creación de empresas de base tecnológica y de alta tecnología, y la innovación en la gestión empresarial. Es aquí donde la ley muestra su carácter «esencialmente incentivador», proponiendo beneficios fiscales para las empresas innovadoras y flexibilizando el marco regulatorio para el desarrollo de la economía del conocimiento.

Como un punto medular, Cánovas González destacó que esta ley busca descentralizar y fortalecer las capacidades de innovación en todas las regiones cubanas, así como impulsa la creación de polos territoriales con una articulación multisectorial para resolver problemas locales, con el fin de garantizar que las actividades de ciencia, tecnología e innovación cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible del país.

Luego de una amplia y constructiva consulta popular, que enriqueció significativamente el texto legal, se adicionaron aspectos claves vinculados, por ejemplo, con la comunicación, la educación científico-tecnológica y el bienestar animal. 

Sin embargo, también es válido resaltar como novedad concreta introducida durante el debate parlamentario, un artículo específico para prever una comisión de ética sobre inteligencia artificial.

El camino inmediato, recordó, no será fácil, porque se deben elaborar aún un grupo de normas complementarias, como el reglamento de la ley, un Decreto-Ley sobre la Academia de Ciencias de Cuba y las normativas dirigidas a los innovadores y racionalizadores, que ya están en proceso.

Por supuesto, la norma tiene el reto de sortear los escollos de la cotidianidad, porque es real que las conocidas limitaciones materiales y las inercias pueden restringir en parte su alcance práctico y su capacidad para generar cambios palpables.

Con ella, Cuba no solo busca actualizar su marco legal; proyecta su futuro. Aspira a una ciencia profundamente conectada con los municipios, las empresas y las necesidades ciudadanas, donde la investigación básica y la innovación productiva se retroalimenten. Es un paso decisivo para asegurar que el conocimiento se traduzca en soberanía tecnológica, crecimiento económico y desarrollo social sostenible.