El sanchismo en su ecosistema, un archipiélago de egoísmos

Bajo el eufemismo de financiación singular, el Gobierno y ERC han resuelto quebrar la igualdad entre españoles y la solidaridad territorial. Basta comprobar la sincronización del mensaje de hojalatería que andan pregonando –«nadie pierde, todos ganan», tan rotundamente falso–. Así, se confirma una grieta estructural –una más– que Sánchez abre para seguir aguantando.

Una grieta que lo que supone es la mutación –una más– del Estado, que de la Nación, ni hablamos…, bajo la desgastada muletilla de la descentralización, la equidad y la normalización. Pero el derecho no puede nacer de la conveniencia de una facción ni de la urgencia de un Gobierno, menos aún de uno raquítico que da patadas por seguir boqueando un poco más.

Al acordar, en privado, sin nada ni nadie que observe, una financiación singular y dejar abierta la puerta a la cesión de la recaudación tributaria a quienes han impugnado durante años la existencia misma de la Nación, el Gobierno decreta que la igualdad fiscal será, a partir de ahora, un concepto negociable según el código postal del contribuyente y la aritmética parlamentaria, que ya ha pasado de variable a maniquea.

Nadie niega –nadie razonable– que una autonomía quiera modificar el sistema de reparto económico; ni tan siquiera, que aspire a ser recaudador de los impuestos en su territorio. Como debate, es legítimo. Como aspiración, también. Lo inadmisible –y peligrosísimo por el precedente– es que esa modificación se realice por la vía del intercambio político, ni tan siquiera de la negociación; que se haga con un total desprecio hacia el Parlamento y el resto de las autonomías.

A más a más, el pacto supone un aldabonazo durísimo para el resto. Cataluña se convierte en una excepcionalidad económica hecha a la medida de intereses políticos; es decir, se le da a una armadura económica a las pulsiones de ruptura que aún existen. Porque lo de la «normalización» es, claro, una filfa. Ni ERC ni ningún otro partido que protagonizó el golpe de 2017 se ha apeado de su carro, menos todavía cuando no han terminado aún de estrenar la amnistía. Va a ser el propio Estado el que financie con sus recursos el desmantelamiento de su presencia en Cataluña. Y no por error, sino a conciencia, porque tanto Sánchez como el sanchismo saben que el dinero no compra paz, si acaso treguas; y quien exige una vez, lo seguirá haciendo.

No es sorprendente –¿qué puede sorprendernos a estas alturas?–, pero sí espeluznante que se desintegre la Hacienda Pública, la más importante de las herramientas con las que cuenta un Estado para promover el bien común. Herramienta, además, que no se nutre del aire, sino de una sociedad cada vez más empobrecida, como lo demuestra el número de inscritos en el Ingreso Mínimo Vital. Más aterradora aún es la facilidad con la que se ha asumido que la cultura política de nuestro país quede en nada cuando una de las partes descubre que las reglas son opcionales para quien tiene capacidad de chantaje y, además, lo ejecuta. El Estado acaba siendo botín de razias. La nación, deja de ser un proyecto de vida en común y acaba reducida a reunión de intereses; es decir, desaparece. Y lo más temible es que todo se hace las exigencias de un liderazgo que ha hecho de la transgresión su único método.

Porque, más allá de las urgencias, hay un claro método en la decisión. Actuará como un reactivo de confrontación con el resto de las autonomías. ¿Por qué Madrid –la que más aporta–, Valencia, Castilla-La Mancha o Andalucía van a admitir ser tratados como segundones?

A este respecto, un detalle relevante: la medida debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están todas las comunidades. Sin embargo, basta con la votación a favor de una de ellas –por guardar, si acaso, ciertas formas– y el voto de la ministra del ramo –el del Gobierno equivale al de todas las comunidades– para que quede aprobado. Es decir: las autonomías serán, como mucho, decorado.

Pero todo tiene su lógica, por muy pérfida que sea: es esa confrontación territorial que busca Sánchez, que la ve como gasolina para su maquinaria en la que sólo hay fascistas. Toda vez que ha hecho evidente su renuncia a ganar en cualquier elección autonómica, que no busca ni tan siquiera el bien de su propio partido, sino tan solo el suyo propio. Generar ruido, caos y cruces de declaraciones le ofrece el contexto ideal para desplegar su retórica fronteriza.

La consolidación de esta excepcionalidad –que debe lograr una mayoría en el Congreso– erosionará tanto el vínculo de pertenencia a un proyecto común, que es, a la postre, lo que sostiene cualquier democracia estable, que quedará reducido a mera nostalgia. Lo que se presenta como una solución para la convivencia será, en fin, el resorte que reactive a quienes nunca han aceptado la norma compartida. Y así, el país mutará constitucional, política y socialmente en un archipiélago de egoísmos; el único ecosistema en el que, de existir, el sanchismo puede encontrar su supervivencia.