Maniobra de la Abogacía del Estado para acabar con el caso del alto cargo de Justicia
Desde hace más de dos años, el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, por presuntamente haber manipulado parte de la grabación que recoge el testimonio que ofreció un menor en el proceso de divorcio de sus padres que llevó un juzgado de la ciudad castellanoleonesa de Valladolid.
El padre, que ejerce la acusación particular contra Cubo, denuncia que en los últimos meses se vienen produciendo una serie de irregularidades en la causa, que, sostiene, afectan, inevitablemente, a la legalidad del proceso y le causan indefensión.
En primer lugar, la abogada del progenitor alertó de que la instructora acordó, «sin dar traslado a las partes», una diligencia solicitada por el abogado del Estado que representa al alto cargo del Ministerio de Justicia imputado.
Concretamente, la jueza accedió a pedir una copia del archivo de la exploración al menor (que habría sido manipulado) al tribunal de Valladolid que se encargó del procedimiento de divorcio.
La representación legal del padre asegura que, después de esto, ha sabido por un escrito de la Abogacía del Estado que el vídeo llegó a los madrileños juzgados de Plaza de Castilla.
«Habiéndose recibido ya en autos el vídeo original», dice, concretamente, el escrito del abogado del Estado, al que se refiere esta parte. El denunciante asegura que a él, en cambio, que no se le ha dado traslado de esta prueba y desconoce si le ha sido notificada al fiscal. Advierte, asimismo, de que esta actuación tampoco aparece registrada en el expediente electrónico del caso.
La abogada del padre ya ha llevado ante la Audiencia Provincial de Madrid que se le haya «excluido de todas las actuaciones para facilitar la labor de la defensa» del alto cargo del ministro Félix Bolaños, lo que –afirma– implicaría la nulidad de pleno derecho de estas decisiones de la jueza.
Ahora, tendrán que ser los magistrados madrileños, como órgano superior a la instructora, los que decidan si hay que retrotraer actuaciones o es legal la deriva que ha tomado la instrucción.
Por otro lado, este abogado del Estado (que es uno de los que defendió a Álvaro García Ortiz) pidió en el escrito con el que daba cuenta de la remisión del vídeo que el material fuese sometido a una pericial más completa por parte de la Policía Judicial.
Según solicitó el letrado defensor, este análisis técnico debía concluir si existe o no «algún metadato o rastro digital» que permita atribuir la «intervención directa» de Cubo en la introducción o generación de un «ruido rosa» en la grabación en cuestión. O, siquiera, si hay alguna muestra de una «participación» o «interacción» atribuible a este director general del Gobierno socialista.
Fuentes jurídicas conocedoras del caso trasladan a este diario que la letrada del padre ve en ello una maniobra del abogado del Estado para poner fin a que la causa por un delito de falsificación de documentos públicos se continúe dirigiendo contra Cubo. Busca –según ella– que este estudio forense concluya, de manera genérica, que no hay indicios que relacionen a Cubo con la supuesta alteración.
En el recurso contra el auto que autorizó esta pericial, la letrada del progenitor trasladó a la jueza que el abogado del Estado «pretende desviar de su objeto la presente instrucción», que es –recordó citando a la Audiencia de Madrid– determinar si hubo una manipulación del vídeo en la «sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia, ubicado en Madrid, por ser este el lugar donde se encuentran instalados los servidores donde se lleva a cabo el proceso de validación de firmas de toda clase de resoluciones».
La actuación de la Fiscalía
Para el padre denunciante también resultó «llamativo» que el Ministerio Público apoyase practicar la pericial en los términos que reclamó el abogado del Estado. Las dos implicaciones que vislumbra detrás de la decisión son igual de «gravísimos» para esta parte, tal y como expuso en un escrito.
O bien el fiscal «tuvo acceso a la grabación» proveniente de Valladolid , «y solo se ha excluido» a la acusación particular, o bien el Ministerio Fiscal «apoya indiscriminadamente la solicitud de la defensa sin ningún tipo de rigor ni de base fáctica alguna».
El representante de la Fiscalía se respaldó para apoyar la diligencia solicitada por la Abogacía del Estado en que iba encaminada «a esclarecer tanto el origen del ruido que aparece en la grabación de la exploración del menor como a averiguar si existió cualquier manipulación exterior a la grabación (...) y, en su caso, la participación del investigado (Cubo)».
El origen: un "ruido rosa" en el audio
El padre solicitó en el proceso de divorcio acceso al audio que recogía la exploración forense que se realizó en sede judicial a su hijo. Cuando se le entregó, observó que «carecía de la calidad suficiente».
Entonces, volvió a reclamar la grabación al Centro de Atención de Usuarios (CAU) de Justicia en un formato con el que pudiera escucharla con normalidad. Desde este departamento le contestaron que no había posibilidad de recuperar el audio.
Ante esto, el progenitor encargó un análisis pericial del archivo que apuntó a que se introdujo un «ruido rosa» que no estaba presente en el entorno de la grabación.