Carlincatura del viernes 2 de enero de 2026

El Perú ha ingresado a un momento político distinto. No solo porque se aproximan las elecciones, sino porque el poder corrupto actual percibe que su continuidad ya no está asegurada.

El pacto parlamentario autoritario que ha gobernado sin contrapesos efectivos en los últimos años enfrenta, por primera vez, una alta probabilidad de perder el mando que ha ejercido con abuso institucional. Cuando el poder presiente su final, actúa con prisa. Y suele hacerlo sin escrúpulos.

Ese es el contexto en el que deben leerse las decisiones recientes del régimen que sostiene a José Jerí. Decisiones tomadas antes de que la ciudadanía vuelva a pronunciarse en las urnas.

Mientras el Ejecutivo promete respeto por la regla fiscal, el propio Consejo Fiscal advierte que las iniciativas impulsadas van en sentido contrario.

El régimen ha optado por debilitar al Estado desde su propia tributación. La preparación de una ley que reduce el impuesto a la renta de los agroexportadores —con la amenaza de extender el beneficio a sectores industriales ya consolidados— es fiscalmente irresponsable.

Reduce ingresos permanentes, favorece a grupos económicos concentrados y no demuestra impacto real en empleo ni productividad. De hecho, el propio MEF ha advertido que se perderían aproximadamente 20 mil millones de soles.

En términos simples, el Estado pierde y siguen ganando los de siempre, pero más.

Y las formas agravan el fondo. Entre gallos y medianoche, mediante un decreto publicado a las diez de la noche de la noche de año nuevo, se aprobó una norma que prepara la privatización de Petroperú. Todo ello sin un plan integral conocido, sin estudios técnicos y financieros públicos y sin que el Presidente asuma la responsabilidad de explicarlo al país. El silencio, en ese sentido, comunica temor al escrutinio.

El Perú tiene derecho a saber quiénes serán los posibles adjudicatarios, bajo qué criterios se evaluará la empresa y qué intereses están en juego.

Este pacto parlamentario no gobierna con visión de Estado. La ciudadanía deberá medir esta amenaza de desfalco que además aprieta económicamente a los que menos tienen, porque los pequeños y medianos empresarios seguirán enfrentando la excesiva burocracia, muchas veces, diseñada y aplicada con arbitrariedad. Así como a los trabajadores que tienen que atenderse en un sistema de salud de deplorable servicio y del que es responsable el pacto gobernante que ha copado esas instituciones.