Mauricio Daza y crisis en el Poder Judicial: “Se han normalizado prácticas que atentan contra la debida transparencia en la jurisdicción”

En apenas 14 meses, la destitución de tres ministros de la Corte Suprema y de un juez de la Corte de Apelaciones por acusaciones de corrupción, expuso una crisis de probidad sin precedentes en el Poder Judicial en las últimas décadas. Para enfrentar este escenario, el abogado Mauricio Daza sostiene que la transparencia y una reacción institucional contundente serán claves para revertir el descrédito del sistema, en un escenario marcado por redes internas, impunidad y el desafío que enfrenta la nueva presidencia del máximo tribunal.

El Poder Judicial atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. En poco más de un año, tres ministros de la Corte Suprema y un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido destituidos mediante acusaciones constitucionales, en casos que apuntan a una presunta red de corrupción al interior del sistema judicial.

Entre los nombres involucrados figuran Ángela Vivanco —destituida por la propia Corte Suprema antes de que el Senado votara el libelo en su contra—, Antonio Ulloa y Diego Simpertigue, quienes han sido vinculados a prácticas irregulares que revelan problemas estructurales de probidad.

Por su parte, el ministro Sergio Muñoz fue destituido por haber incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar su inhabilidad en una causa con interés patrimonial.

Recordemos que respecto a Muñoz, senadores del oficialismo acusaron estar ante un proceso “viciado” puesto que la Cámara de Diputadas y Diputados decidió tramitar y votar en conjunto las acusaciones contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, pese a que se “sustentan en hechos distintos e inconexos“.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, al abogado Mauricio Daza analizó el último año del Poder Judicial, los desafíos de la futura gestión de la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y cómo avanzar en transparencia en el máximo tribunal de justicia de nuestro país. 

– ¿Cómo ponderar lo que ha ocurrido con el Poder Judicial durante el último año, considerando la destitución de tres ministros de la Corte Suprema y del juez Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago?

Evidentemente estamos frente a indicios que dan cuenta de un problema grave de probidad al interior del Poder Judicial y de la forma en que se ejerce la labor jurisdiccional por parte de los jueces, incluidos aquellos que se desempeñan en el máximo tribunal de la República, como la Corte Suprema.

Se han normalizado prácticas que atentan contra la debida transparencia en la jurisdicción, como, por ejemplo, no informar ni inhabilitarse en casos en que los jueces mantienen vínculos de amistad o cercanía con abogados que litigan ante ellos. Desde esa perspectiva, nos encontramos frente a una práctica claramente inadecuada.

Incluso, en algún momento, esta situación fue justificada por la presidenta de la Asociación de Magistrados, señalando que los jueces no estaban obligados a revelar este tipo de nexos salvo cuando se tratara de las partes, y no de los abogados que las representan. Ese argumento no solo es absurdo —considerando que la ley establece que las personas comparecen ante tribunales precisamente representadas por abogados—, sino que además abre espacios relevantes para la corrupción, como lo hemos podido constatar en los casos de Ángela Vivanco, Antonio Ulloa y Diego Simpertigue.

En ese sentido, lo ocurrido ha permitido transparentar una situación inadecuada. Por una parte, ha afectado a distintos magistrados de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, incluso derivando en destituciones. Pero, por otra, creo que también es algo positivo, porque permite revelar y corregir prácticas que no son propias de la debida administración de justicia en un Estado democrático de derecho.

– ¿Cómo afecta esto a la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y qué mecanismos podrían utilizarse para revertir esta situación?

La confianza en el sistema de justicia en nuestro país ya venía muy golpeada desde antes de estas revelaciones. Así lo muestran estadísticas levantadas por organismos como la OCDE, que ubican a Chile en el penúltimo lugar en confianza ciudadana respecto del sistema judicial.

La única forma de mejorar esta situación es transparentar los hechos irregulares y constatar que la máxima autoridad judicial, en este caso la Corte Suprema, adopta medidas rápidas y eficaces para enfrentar actos de corrupción. En ese sentido, la reacción ha sido ambivalente.

Por una parte, en el caso de Ángela Vivanco se actuó de manera oportuna y rápida frente a hechos claros de corrupción que la vinculaban con la red de Luis Hermosilla. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, sobre quien existían imputaciones graves y fundadas.

Pese a ello, y debido a las redes internas históricamente formadas al interior del Poder Judicial, Antonio Ulloa fue finalmente “salvado” por la Corte Suprema. Tuvo que ser el Senado de la República el que, días después, provocara su salida del Poder Judicial.

Esto deja a la Corte Suprema en una situación de división y crisis, al no existir uniformidad de criterios frente a un tema tan relevante como la lucha contra los atentados a la probidad y la corrupción interna. Esperamos que, durante 2026, bajo el liderazgo de Gloria Ana Chevesich, se avance en uniformar estos criterios y que la Corte Suprema reaccione con contundencia, más allá de la posición o redes internas de las personas involucradas.

Esa es, a mi juicio, la única forma de salvar, en el mediano y largo plazo, la credibilidad de nuestro sistema de justicia, una de las instituciones más importantes de nuestra democracia.

– Usted ha mencionado el caso de Luis Hermosilla y la trama que se abrió posteriormente con el denominado “caso muñeca bielorrusa”. ¿Cómo califica estas tramas que parecen distintas, pero que responden a una misma red de corrupción? ¿Qué mecanismos debería adoptar la nueva presidencia de la Corte Suprema para enfrentar estas redes?

El caso de Luis Hermosilla es una verdadera prueba de fuego para las instituciones democráticas y, en particular, para el sistema de persecución penal. Hay que recordar que no hace mucho tiempo observamos una verdadera operación de impunidad frente a delitos graves de corrupción que involucraban a altas autoridades y grandes empresarios, como ocurrió en el caso SQM.

Que esa experiencia se repita y que estos casos no lleguen a ninguna consecuencia sería un golpe muy duro para la credibilidad institucional. Por eso debemos observar con mucha atención el actuar del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.

Ahora bien, el liderazgo de Gloria Ana Chevesich, por sí solo, no garantiza nada. Ella no tiene una jerarquía superior respecto de los demás ministros de la Corte Suprema y lidera un grupo que no ha demostrado tener una mayoría sólida para reaccionar de manera decidida frente a atentados contra la probidad, como quedó en evidencia en el caso de Antonio Ulloa.

Desde esa perspectiva, es fundamental estar atentos a la conducta de los órganos de persecución penal para que no se repita un nuevo acto de impunidad. Siempre he sostenido que en Chile el problema no es solo la corrupción, sino la impunidad, especialmente frente a delitos graves cometidos por altas autoridades.

Espero que finalmente se rompa ese círculo vicioso y que exista una reacción institucional fuerte, con un verdadero “caiga quien caiga” frente a los hechos de corrupción.