La reforma de la ley del Mar Menor de PP y Vox alarma a ecologistas y expertos: "Favorece intereses empresariales"

La reforma de la Ley del Mar Menor, propuesta por Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia y que rebaja las sanciones, podría vulnerar el principio de no regresión, fundamental en el derecho medioambiental: “Se está conculcando directamente el derecho de la laguna”, ha advertido Eduardo Salazar, abogado ambientalista e impulsor de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor. De aprobarse la propuesta, Salazar ha advertido que la Tutoría del Mar Menor solicitará el recurso de la modificación, y no descarta que el Gobierno de España lo acabe presentando.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

Según la proposición de ley, a la que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena. Mientras, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros. “El Mar Menor está muy enfermo, en la UVI, hay plena justificación para darle mayor penalidad a unas conductas como son las agropecuarias que le están haciendo daño”, ha argumentado Salazar, miembro también de la Tutoría del Mar Menor, organismo designado para representar a la laguna salada tras la aprobación de la personalidad jurídica de este entorno.

La propuesta también modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su versión original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias: “El instructor tiene que seguir el procedimiento sancionador, no está limitado en ningún aspecto. Eso que están diciendo es directamente incorrecto”, ha apuntado Salazar.

Los ecologistas podrían emprender acciones legales

En un escrito presentado por Ecologistas en Acción, el grueso de asociaciones en defensa de la laguna salada han mostrado su “indignación” por la proposición de ley de los populares. “Es significativo que precisamente se trate de sacar el régimen sancionador de la Ley, y justamente en un asunto tan primordial como el control del uso de nitratos, eliminando un merecido castigo a los infractores: que quienes incumplen la Ley no tengan derecho a subvenciones públicas por varios años”, han denunciado.

Respecto a los cambios propuestos en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, las organizaciones se han mostrado muy críticas: “Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo” ha declarado el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. Por otro lado, el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha advertido que la asociación está analizando el texto que ha presentado el Partido Popular, con sus consecuencias prácticas: “No descartamos emprender acciones legales y administrativas, que anunciaremos en breve”.

Por último, han afeado la fecha en la que se ha anunciado esta propuesta, “el día 23 de diciembre, a las puertas de la Navidad”: “Es un ”clásico“ que proyectos o normativas polémicos se tramiten en fechas navideñas o en agosto, aprovechando que la gente se encuentra de vacaciones, para reducir la contestación social y las protestas. Ese es el verdadero espíritu del Partido Popular en cuanto a la participación y la transparencia”. Las organizaciones han querido recordar que el próximo 28 de diciembre tenían convocada una protesta en el Palacio de la Justicia en Murcia, y que este asalto a la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor será uno de los temas principales de la misma.