Guatemala gana arbitraje por reclamo de 499 millones de dólares
Guatemala obtuvo un laudo favorable en un arbitraje internacional que evitó el pago de USD 499M reclamados por inversionistas extranjeros. El fallo, notificado a la Procuraduría General de la Nación (PGN), marca un precedente para el país y refuerza la defensa institucional de los intereses del Estado ante litigios de alto impacto económico.
Es noticia. El Estado de Guatemala ganó un arbitraje internacional promovido por Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates ante el Ciadi, con sede en Washington D. C. El tribunal rechazó en su totalidad las reclamaciones y ordenó un reembolso parcial de costos a favor del país.
- La PGN informó que el tribunal desestimó la demanda por USD 499M y condenó a los demandantes a pagar USD 379 mil 940.76 en concepto de costos procesales.
- El caso quedó registrado ante el Ciadi como ARB/18/43, uno de los litigios internacionales activos en los que ha participado Guatemala en la última década.
- La institución calificó el resultado como “un hecho histórico” y subrayó que el fallo reafirma el compromiso de defender con eficacia los intereses del Estado.
Qué destacar. El arbitraje tuvo su origen en el proyecto minero El Tambor, también conocido como La Puya, ubicado en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. La suspensión judicial del proyecto derivó en la demanda internacional presentada por los inversionistas.
- En 2016, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo definitivo que suspendió la operación minera, medida que luego fue respaldada de forma provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC).
- En junio de 2020, la CC confirmó la suspensión de la licencia y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta comunitaria conforme al Convenio 169 de la OIT.
- Tras esa resolución, los inversionistas acudieron al Ciadi alegando violaciones a sus derechos como inversionistas extranjeros.
Punto de fricción. El caso El Tambor se convirtió en uno de los símbolos del conflicto entre inversión extractiva, resoluciones judiciales y consulta a comunidades indígenas, con impactos directos en la certeza jurídica del sector.
- El Centro de Acción Legal y Social de Guatemala (Calas) informó que la CC también ordenó al MEM determinar la población indígena afectada y fijó un plazo de 12 meses para realizar la consulta.
- La Corte instruyó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales exigir a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. la actualización del Plan de Gestión Ambiental en un plazo de 15 días.
- Representantes del sector extractivo advirtieron que este tipo de sentencias envían señales negativas a la inversión extranjera y amplían la judicialización de proyectos productivos.
Hemeroteca. El caso El Tambor no fue aislado. Entre 2016 y 2020, la CC suspendió al menos tres proyectos mineros relevantes bajo criterios similares, lo que profundizó la conflictividad jurídica del sector.
- En 2018, la CC confirmó la suspensión del proyecto El Escobal, de Minera San Rafael, condicionando su reactivación a una consulta comunitaria que aún no se ha realizado.
- En 2020, el alto tribunal mantuvo suspendida la mina Fénix, en Izabal, y redujo el área autorizada, ordenando también un proceso de consulta a pueblos indígenas.
- Según estimaciones del sector, las inversiones en riesgo superaron los USD 3000 millones, con un impacto potencial de más de 8 mil 500 empleos directos e indirectos.
#ComunicadoPGN| Guatemala gana arbitraje de inversión internacional. Este resultado es un hecho histórico para el país y reafirma el compromiso institucional en defender los intereses del Estado. ✅ pic.twitter.com/OwEfKcISli
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) December 23, 2025