EE. UU. revisará con lupa remesas y créditos fiscales a extranjeros

Es noticia. La Casa Blanca activó nuevas disposiciones bajo la Orden Ejecutiva 14159, que clasifica la migración irregular como amenaza a la seguridad nacional. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta nacional que eleva el nivel de escrutinio sobre transferencias de dinero al extranjero realizadas desde EE. UU.

• Empresas como Western Union, MoneyGram y otras remesadoras deberán reportar como sospechosas todas las operaciones iguales o superiores a USD 2000 cuando presenten indicios de actividades ilícitas o empleo no autorizado.
• FinCEN advierte que redes criminales han aprovechado envíos pequeños y frecuentes para mover recursos ligados a narcotráfico, trata de personas y lavado, por lo que los reportes incluirán la etiqueta FIN-2025-Alert003 para facilitar el rastreo federal.
• Aunque la oficina reconoce que la mayoría de remesas son legítimas, la orden instruye a endurecer filtros en cross-border funds transfers, particularmente cuando involucren migrantes sin estatus migratorio regular, aumentando la vigilancia sobre comunidades de origen latino.

Qué destacar. El Departamento del Tesoro está alineando el control de remesas con un giro más amplio de política migratoria. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el paquete como una defensa del sistema financiero estadounidense y de los recursos fiscales destinados a los contribuyentes ciudadanos.

• Bessent confirmó que se recortarán porciones reembolsables de créditos como el ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos y el de oportunidad americana para indocumentados y “otros extranjeros que no califiquen”, reduciendo su acceso a devoluciones de impuestos.
• El funcionario sostuvo que estos apoyos deben reservarse “para los ciudadanos de EE. UU” y reforzó el mensaje político de Trump, quien afirma que algunos migrantes reciben más beneficios fiscales que su ingreso anual, lo que alimenta el debate sobre subsidios y mérito.
• Desde una óptica de libertad económica, el paquete fortalece la idea de que el Estado debe limitar transferencias y beneficios que puedan incentivar la permanencia irregular; críticos advierten que el costo recaerá en familias que sí trabajan y cumplen obligaciones básicas.

Lo que sigue. En las próximas semanas, las remesadoras ajustarán sus sistemas de monitoreo y los bancos revisarán sus manuales de cumplimiento. El resultado será una combinación de mayor burocracia, más formularios y, probablemente, un incremento en los costos de transacción que terminará pagando el migrante.

• Grupos de defensa de migrantes ya anticipan litigios y campañas de incidencia para evitar que se criminalice el envío de dinero legítimo; al mismo tiempo, gobiernos de la región presionarán para que no se castigue a quienes sostienen, con su trabajo, el consumo en sus países de origen.
• Desde una visión liberal moderada, el equilibrio pasará por exigir al Estado eficacia contra los cárteles sin convertir cada transferencia en una presunción de culpa; un sistema financiero predecible y reglas claras son indispensables para proteger ahorro, propiedad y proyectos productivos de los migrantes.
• A mediano plazo, es probable que crezcan alternativas como bancos digitales y nuevas tecnologías de pago.