Acuerdo sobre Gibraltar: una estridente chapuza

Se ha dicho que el proyecto de acuerdo entre España, el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar es histórico. De esto no cabe duda, pues pone fin a una historia de más de trescientos años; los que lleva España reclamando, de una u otra manera, que el Reino Unido ponga fin a la ocupación militar de una parte de su territorio y reintegre Gibraltar a su verdadero solar.

En efecto, mediante dicho acuerdo España aceptaría documentalmente la ocupación británica de Gibraltar; tanto de lo cedido en el Tratado de Utrecht de 1713 como de lo no cedido y ocupado con posterioridad por los británicos –el istmo, las aguas allende el puerto y los rellenos–. No cabe argumentar que en el texto del proyecto se advierte que España no renuncia a su reclamación sobre Gibraltar; y no cabe, pues, en el mismo –como se ha dicho–, que se legitima tal ocupación. En consecuencia, cualquier acto encaminado a ejecutar dicha reclamación iría en contra del acuerdo y ya se sabe: pacta sunt servanda. Los acuerdos se pactan para ser cumplidos.

¿Y de Utrecht, qué?

Se podría objetar que España ya aceptó la ocupación británica en el Tratado de Utrecht. Pero, en primer lugar, esto solo ocurre con la referida parte cedida mediante dicho tratado. En segundo lugar, Utrecht es hoy en día tan nulo como lo sería un tratado que regulara la esclavitud o la trata de blancas, a tenor del artículo 64 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Según el mismo, será nulo todo tratado que entre en conflicto con una norma posterior de ius cogens internacional, quedando en vigor la legalidad anterior –artículo 69–, es decir, la españolidad de Gibraltar.

No hay que olvidar que en su día el Reino Unido calificó jurídicamente ante las Naciones Unidas a Gibraltar como una colonia. Esta organización, mediante sus resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV) de 1960 y 1972, declaró los regímenes coloniales contrarios al ius cogens internacional.

Esto lleva a considerar el proyecto de acuerdo bajo consideración tan nulo, caso de firmarse, como el propio Tratado de Utrecht. En términos no estrictamente académicos, se podría tachar este proyecto de una estridente chapuza de la que nuestro Gobierno pretende hacer cómplice a la propia Unión Europea.

La realidad es que el único tratado concebible entre España y el Reino Unido es uno que ponga fin a la colonización de Gibraltar y que, según la doctrina de las Naciones Unidas, ha de conseguirse mediante su devolución a España (Res. 1514 (XV) de 1960 de la Asamblea General).

Esto no impide que se establezca un periodo de tiempo y unos plazos para dicha devolución, en línea con lo hablado en su día por el dúo Aznar–Blair: contemplaba un periodo de coadministración seguido de otro de cosoberanía que culminaría en la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón.

¿Cómo se consigue esto? Las tornas cambiaron tras blandir España la medida que verdaderamente les hace pupa: la estricta aplicación de la cláusula del Tratado de Utrecht que proscribe la comunicación por tierra entre España y lo ocupado por Gibraltar. En efecto, a mediados del siglo pasado España procedió a dicho cierre de la Verja. No pasó demasiado tiempo hasta el momento en que se pudo observar un notable enfriamiento de la economía gibraltareña. Su PIB pasó a depender hasta en un 70 % de la base militar y el resto, de una política de Sustain & Support de la metrópoli.

Se convirtió la economía gibraltareña en una economía esencialmente subvencionada. El coste de la base se salía de un presupuesto que los británicos no estaban dispuestos a afrontar. Finalmente, otro gobierno socialista vino al rescate del Reino Unido, abriendo unilateralmente en 1982 la Verja.

El impacto de aquella apertura en la economía colonial se observa claramente al valorar los siguientes datos: en el año de la reapertura, el PIB gibraltareño se situaba en torno a los 50 millones de libras esterlinas; a los pocos años se elevó a 500 millones. En 2022, el PIB per cápita de Gibraltar se convirtió en el tercero del mundo, con unos 180.000 euros anuales. Ese mismo año, el PIB per cápita de la vecina La Línea de la Concepción era de 15.655 euros.

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, España dispone de una segunda baza para avivar la voluntad negociadora británica. El Reino Unido está tratando de recomponer la situación producida por la insensata decisión de abandonar la Unión Europea, uno de cuyos flecos es Gibraltar. Abandono, por cierto, al que se opusieron prácticamente en bloque los gibraltareños. Para ello pretende, ni más ni menos, que lo que ahora es una colonización del territorio español en exclusiva se convierta en una del propio territorio europeo. España tiene la llave para que el Reino Unido consiga su propósito.

La Línea no necesita vivir de las migajas que caigan de la mesa del epulón gibraltareño. El secreto del éxito económico de Gibraltar radica en el apoyo español a su economía fiscal y financieramente privilegiada. Bastaría con aplicar el mismo tipo de economía en la vecina ciudad andaluza de La Línea para cambiar las tornas.

Algunos argumentarán que no resultaría viable que, en un mismo territorio, sin solución de continuidad, convivan un sistema fiscalmente paradisíaco con otro de régimen común. Mas esto es precisamente lo que se ha acordado con el Reino Unido con la inclusión de Gibraltar.

Ahora tal convivencia no se produciría en territorio exclusivamente español; es territorio paralelamente europeo; para ser exactos, Schengen. ¿Qué problema hay en extender los mismos privilegios económicos a la vecina La Línea?

Según Ramón Tamames, a Algeciras le correspondería ser una de esas zonas portuarias que han actuado como polos de desarrollo en Europa: Hamburgo, Le Havre, Génova, Róterdam… En su opinión, esto no ha ocurrido porque Gibraltar ha parasitado la economía de la zona.

Para compensar esto, en tiempos del ministro Castiella, al mismo tiempo que se implementaron las medidas relativas a la Verja, se pergeñó un plan integral de desarrollo del Campo de Gibraltar. En opinión de muchos, hubo un problema de diseño que afectó a su impacto positivo: se empezó la casa por el tejado, ocupándose de la instalación de industrias diversas, pero ignorando las necesidades de infraestructura y los correspondientes proyectos: la construcción de un aeropuerto en Jimena de la Frontera, la prolongación de la autopista A-7 hasta Algeciras, y, a lo que hoy en día cabría añadir, el ramal del AVE Madrid–Sevilla.

Ha llegado quizá el momento de tomarse en serio al Campo de Gibraltar y de no confundir estadísticas con deseos.

Erik Martel fue delegado Especial del Ministerio de Exteriores en el Campo de Gibraltar (1979-1984)