Daniel Ortega apunta a la sucesión mientras abre Nicaragua a China
Daniel Ortega cumplió 80 años el martes 11 de noviembre, convirtiéndose en el segundo mandatario con mayor edad en todo el continente americano, detrás de Lula da Silva, de Brasil. Es, no obstante, el más anciano de los autócratas latinoamericanos.
«Daniel Ortega es el más longevo de todos los dictadores que ha tenido Nicaragua», dijo la historiadora Dora María Téllez, excomandante guerrillera sandinista que ayudó a derrocar a la dictadura de los Somoza en 1979. «Es también el que más tiempo ha acumulado en el poder: diez años en la década de 1980 y diecinueve años ahora», desde su regreso al gobierno en enero de 2007, recordó Téllez, quien, por enfrentar cívicamente al actual régimen, fue encarcelada, desterrada y despojada de su nacionalidad junto a más de 300 opositores en 2023.
Analistas como Óscar René Vargas afirman que en Nicaragua se vive una absoluta concentración del poder, donde ya no hay ideologías, sino «lealtades compradas», y del sandinismo histórico no queda sino el recuerdo. De hecho, de los nueve comandantes de la emblemática Dirección Nacional de la Revolución en los años ochenta, solo uno continúa respaldando el «proceso».
Esta semana, al gobernante se le vio de nuevo en público y más de uno notó un evidente deterioro físico. Ya se venía advirtiendo desde que, en octubre, encabezó un acto nocturno —desde hace tiempo solo aparece de noche— y pronunció un discurso diciendo «todos somos Daniel» y advirtiendo que en Nicaragua debe gobernar el sandinismo por siempre.
Fue la primera vez que se le escuchó hablar de cuando él no esté. Lucía Pineda, directora del medio 100% Noticias, que funciona desde el exilio —fue desterrada y despojada de su nacionalidad—, afirma que el gobernante padece lupus e insuficiencia renal crónica. Hace un año, la Constitución nicaragüense fue modificada para otorgar mayor control político a su esposa y ahora «copresidenta», Rosario Murillo. Es ella quien concentra el poder, controlando la economía, la represión, las decisiones de política exterior y los movimientos del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras la sucesión apunta a su hijo Laureano Ortega Murillo, según denuncia la oposición.
Pero ¿cómo vive Nicaragua? Según el régimen Ortega-Murillo, en un boom económico. Específicamente en sectores como la construcción privada, con un crecimiento del 19,3% en el promedio anual del primer semestre, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). Un contraste con la contracción del año anterior.
El gobierno afirma que los números están impulsados por las obras en los sectores residencial y comercial, especialmente en la capital, Managua. Pero los datos no se corresponden con grúas de construcción visibles. De hecho, las obras con mayor despliegue son las vinculadas a nuevas tiendas chinas.
La relación con China también se profundiza con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, un régimen extraordinario de incentivos fiscales, aduaneros y administrativos que otorga amplias exenciones tributarias. El proyecto, coordinado por Laureano Ortega Murillo, otorga a China un espacio creciente en sectores estratégicos.
Paralelamente, el país continúa endeudándose con empresas chinas para infraestructura energética y telecomunicaciones.
Un impulso que ocurre mientras las puertas con Estados Unidos se van cerrando. La administración de Donald Trump evalúa suspender los beneficios del acuerdo DR-Cafta o imponer aranceles de hasta 100% a las exportaciones nicaragüenses. Las ventas hacia EE UU representan la mitad del comercio exterior del país. A esto se suma la amenaza sobre las remesas, las cuales podrían disminuir cuando entre en vigencia el impuesto del 1% a estos envíos.
Los indicadores macroeconómicos oficiales siguen proyectando un crecimiento entre 3% y 4%, pero los organismos independientes advierten una desaceleración real. El Fondo Monetario Internacional describe a Nicaragua como una de las economías menos dinámicas de Centroamérica.
Mientras tanto, la migración continúa como válvula de escape: el 64,5% de la población afirma que se iría del país si pudiera, aunque los cruces irregulares hacia Estados Unidos han caído más de 98% por las nuevas restricciones migratorias. Quien se queda ahora está más vigilado. La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes ordena a las operadoras entregar datos georreferenciados y permitir la intervención de comunicaciones, mientras pone coto a los creadores de contenido.
El régimen Ortega-Murillo, por otra parte, mantiene su política de excarcelaciones masivas para presos comunes —van más de 60 000 desde 2014—, mientras decenas de presos políticos siguen detenidos y algunos permanecen en desaparición forzada, según organizaciones de derechos humanos.