Una soga de poder nuclear
La extensión propuesta de su vida útil tiene un recorrido corto y grandes riesgos: tres años más para el reactor de Almaraz I y dos para Almaraz II. Y se piden solo 2 y 3 años, porque así se consigue para 2030 la tormenta perfecta
En las últimas semanas, se ha vuelto a hablar mucho de energía nuclear. Pero bajo el prisma con el que se está abordando el debate, parece haberse olvidado que no estamos sólo ante una cuestión puramente tecnológica y económica, sino también ante un asunto de propiedad, de poder y de control del mercado eléctrico. En España, esa música nos suena ya que pocos actores han dictado durante décadas la política energética del país.
El debate se presenta como si solo se tratara de decidir entre unas tecnologías u otras, pero lo que está en juego es quién posee los activos y cómo su concentración en pocas manos condiciona la política energética de todo un país. Y, sobre todo, cómo esa concentración puede hipotecar el desarrollo de las energías renovables y del almacenamiento, pilares indispensables de la transición energética.
Si prolongamos la vida de las centrales nucleares existentes y estas continúan generando electricidad, las inversiones proyectadas en renovables y almacenamiento se frenarán, al ser la nuclear existente una tecnología incapaz de aportar la flexibilidad que necesita un mix eléctrico con fuerte presencia de renovable. Dejaría de tener sentido invertir cuando la demanda está estancada y el sistema decide alargar la vida de unas centrales cuyo cierre escalonado se pactó en 2019. Conviene recordar que cada reactor nuclear representa alrededor del 3% de la generación eléctrica peninsular: mantenerlos activos altera los equilibrios del sistema. Y se abrirá un marco conocido en España en la década anterior para los inversores en renovables: el de la inseguridad del inversor que invirtió en renovables atendiendo a un calendario pactado y trasladado normativamente. La inseguridad jurídica y regulatoria que genera esta decisión no es menor ya que muchos inversores podrían congelar sus proyectos, diseñados con un calendario claro y unas expectativas definidas.
Prorrogamos vida a una tecnología que no da respuesta ante posibles apagones, y que a la vez, con su carácter inflexible (no podemos encender y apagar en función del momento de generación renovable) nos limita avanzar hacia un modelo con más almacenamiento y renovable. La señal de hoy se traduce en menos inversiones en renovables y almacenamiento.
Pero lo más relevante es que la extensión de la vida útil de Almaraz, a cambio de pretendidamente nada es inteligente por parte de los propietarios de las plantas (sin pedir nada a cambio, pero tampoco exigiéndoles nada cuando se trata de centrales ya amortizadas). La extensión propuesta de su vida útil tiene un recorrido corto y grandes riesgos: tres años más para el reactor de Almaraz I y dos para Almaraz II. Y se piden solo 2 y 3 años, porque así se consigue para 2030 la tormenta perfecta. No podrán 4 reactores – Almaraz I y II, Ascó y Cofrentes-. Y es ahí donde se pretenderán poner las condiciones para el alargue de la vida de los reactores, y con el cuarto rescate nuclear. Así, la política energética podría volver a decidirse “en un taxi”, como tantas veces en el pasado.
Así las cosas, en 2030 estaríamos ante la imposibilidad de cerrar y un escenario propicio para conseguir el que podríamos denominar el cuarto rescate nuclear: ahí si se darían las condiciones para una prórroga con las condiciones a favor de los propietarios de las centrales.
El debate público actual esquiva las preguntas verdaderamente importantes. Cuando en 2030 se desconecten 4 GW nucleares en apenas un año, ¿aguantará el sistema eléctrico esa desconexión del 12% de la generación? Y es ahí donde se produce la trampa mortal. Un escenario donde solo puedes optar ¿qué precio pagaríamos por esa desconexión simultánea? O si no lo hacemos, ¿qué condiciones impondrán las compañías para prolongar la vida de los reactores? ¿Se negociarán de forma independiente cada reactor o se exigirá su prolongación conjunta? Y, llegado el momento, cuando la seguridad de suministro se use como argumento, ¿qué contrapartidas pedirán? ¿Qué garantías de seguridad se nos ofrecerán?¿Cómo se trasladará a los costes del sistema y pagados por los consumidores?
¿Está dispuesto el Gobierno a poner una soga de poder al cuello de la política energética española, para que en 2029 la sartén vuelva, más que nunca, a estar en las mismas manos de siempre?