Justicia amplía detenciones en caso Muñeca Bielorrusa, la causa que salpica al entorno de Ángela Vivanco
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de los acusados y extendió hasta este viernes 7 de noviembre la detención de los imputados en la investigación conocida como “Muñeca Bielorrusa”. La causa, encabezada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, apunta a una red de corrupción judicial que habría operado en torno a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, destituida en 2024 por falta de probidad.
Durante la tarde y noche de este martes, el OS7 de Carabineros realizó una serie de diligencias en torno al caso conocido como Muñeca Bielorrusa, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, lavado de activos y cohecho. Esto, dado que el mismo día se emitieron órdenes de detención contra Gonzalo Migueles —pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco—, Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes se entregaron a la policía.
Migueles es investigado por presuntas gestiones para lograr nombramientos de jueces y de conservadores de bienes raíces, además de supuestos pagos indebidos. En tanto, los abogados Vargas y Lagos también son indagados como representantes de la empresa chileno-bielorrusa Belaz Movitec SpA.
Durante los allanamientos realizados en la Región Metropolitana, Carabineros incautó computadores, documentos y dos sumas de dinero en efectivo. La exministra Vivanco confirmó a CIPER, sin revelar las cifras, que un sobre con dinero correspondería al sueldo que debía pagar a su asesora del hogar. Y el otro monto su hija lo había retirado del banco recientemente.
La Fiscalía Regional de Los Lagos y Carabineros materializaron una orden de entrada y registro al domicilio de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la comuna de Las Condes. Foto: Aton.
En los allanamientos se encontraron cerca de 14 millones de pesos en efectivo, contenidos en cajas fuertes y bolsas de cartón. Gran parte del dinero estaba en la oficina de los abogados Vargas y Lagos, en la comuna de Las Condes. Además, se hallaron aproximadamente 7 mil dólares en efectivo, también en sobres y bolsas.
La formalización de cargos, que originalmente sería llevada a cabo la tarde de este miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue postergada para el viernes 7 de noviembre.
El abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, detalló que el aplazamiento se debe a que los defensores no tienen la carpeta de investigación. “Acordamos con el Ministerio Público este plazo para que las defensas pudiéramos hacernos cargo de lo que hay en la carpeta de investigación y tener una defensa adecuada y como dice la ley”, puntualizó.
Por su parte, el abogado de Codelco, Julián López, sostuvo que la estatal ha sido “víctima de un entramado de corrupción que perjudicó directamente su patrimonio y con ello el patrimonio de todos los chilenos“.
“La compañía ha sido parte activa de este proceso desde el primer día, hemos aportado información, análisis y hemos propiciado líneas de investigación a partir de las cuales ha hecho un excelente trabajo el Ministerio Público. Este es un paso más en el proceso que se inició con la remoción de la ministra Vivanco por la unanimidad de la Corte Suprema y lo que corresponde ahora es que se sancione a todos los responsables de los delitos que aquí se cometieron”, manifestó.
La muñeca Bielorrusa
Todo comenzó en 2023, cuando la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó a la compañía Belaz Movitec pagar 20 millones de dólares en boletas de garantía a Codelco, por incumplimiento de contrato. Sin embargo, el fallo fue revertido por la Corte Suprema, en una sala presidida por Ángela Vivanco, pese a que no era su sala habitual.
Se lleva a cabo sesión especial del Pleno de la Corte Suprema para tratar el presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial. Marcelo Hernandez/Aton Chile
La decisión obligó a la estatal a restituir bienes y pagar más de 17 mil millones de pesos al consorcio Belaz Movitec. El fallo se dictó en solo nueve días, un plazo inusualmente breve para un caso de esa complejidad y, según registros del propio tribunal, fue resuelto un día antes de estar oficialmente en tabla.
La fiscal Wittwer investiga la presunta existencia de pagos encubiertos para revertir el fallo en la Corte Suprema. De acuerdo con la investigación publicada por el medio Reportea, el dinero habría salido desde el abogado Eduardo Lagos, pasado por varias manos y terminado finalmente en el entorno de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco. Se trataría de una coima de 45 millones de pesos a cambio de influir en la sentencia contra Codelco.
Respecto a esta trama, la diputada y querellante en la causa por tráfico de influencias, Camila Musante (Ind-PPD), realizó un duro emplazamiento al Ministerio Público: “¿Hasta cuándo tenemos que tolerar la corrupción en el Poder Judicial? (…) No quiero que esta causa termine sepultada como Penta o SQM. Aquí tienen que existir responsables, no con clases de ética, sino con cárcel”.
Diputada Camila Musante (IND-PPD). Foto: Aton.
Una red de tráficos de influencias
El Ministerio Público también indaga la existencia de una red de influencias que habría operado para gestionar nombramientos de jueces, notarios y conservadores de bienes raíces. En esa línea, Migueles figura como presunto intermediario en la “arista del caso Audios”, donde se habrían coordinado designaciones y favores políticos dentro del sistema judicial.
Recordemos que Ángela Vivanco fue destituida de la Corte Suprema el 10 de octubre de 2024, tras un informe que concluyó que “su comportamiento revelaba graves irregularidades” y que fue aprobado por unanimidad. Seis días después, el Senado aprobó una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes y falta de probidad judicial, debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.
El diputado socialista y querellante del caso Audios, Daniel Manouchehri, destacó la gravedad de los hechos: “Los allanamientos en la casa de Vivanco y las detenciones de los abogados Vargas y Lagos confirman lo que venimos denunciando con la diputada Cicardini desde el inicio del caso Hermosilla. Estamos ante una red donde los nombramientos judiciales eran una herramienta para actos de corrupción. La única manera de devolver la confianza a Chile es que los responsables paguen con cárcel”.
Diputado Daniel Manouchehri (PS). Foto: Aton.
Durante la entrega de resultados de la Operación Conjunta Fortaleza 3, el Presidente Gabriel Boric también se refirió al caso. “El combate al crimen no se limita a la delincuencia común: los delitos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile”, señaló el Mandatario, enfatizando que el Gobierno respalda las acciones judiciales que buscan esclarecer responsabilidades en esta trama que “involucra a un grupo acotado del Poder Judicial”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, instó a acelerar la indagatoria: “En este caso, que involucra a una exministra de la Corte Suprema, uno esperaría que la investigación sea lo más rápida, lo más clara, lo más oportuna posible, porque la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial se da también porque las instituciones funcionen a tiempo, y puedan entregar claridad de lo que ocurrió”.
Gajardo aseveró que “tenemos un Poder Judicial que es íntegro, que funciona, que respalda a su ciudadanía”, pero “tenemos que trabajar en que en casos en los que hubiera corrupción se sancione a los responsables”.
El Ministerio Público prepara nuevas diligencias para los próximos días, mientras el Poder Judicial enfrenta una de sus crisis más profundas. El próximo lunes, el Senado deberá votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, por notable abandono de deberes, conflictos de interés y entrega de información reservada al abogado Luis Hermosilla.