Hacia un nuevo pacto con el profesorado: dignificar para transformar la educación pública
En Chile se habla con frecuencia de la urgencia de fortalecer la educación pública, de devolverle su sentido de bien común y de motor de equidad social. Sin embargo, poco se dice con la misma fuerza que el corazón de ese desafío está en la profesión docente. No hay política educativa transformadora si no se reconoce que el cambio solo será posible con los y las profesoras, no a pesar de ellas.
Durante las últimas décadas, las y los docentes han enfrentado condiciones de trabajo que tensionan su rol profesional y su identidad profesional. Según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (2023), más del 60% del profesorado chileno declara sentirse sobrecargado por tareas administrativas y por la presión asociada a la rendición de cuentas. Los datos de TALIS (2024) destacan cifras sobre avance en los procesos de formación, sin embargo también se observa un alto porcentaje de estrés en el profesorado chileno por sobre el promedio de la OCDE.
La docencia en el sistema público, en particular, ha debido sostener procesos de cambio estructural —como la implementación del nuevo sistema de educación pública (SLEP)— en contextos marcados por brechas territoriales, escasez de recursos y demandas crecientes de inclusión. Aun así, las comunidades escolares han seguido siendo espacios de encuentro, cuidado y formación gracias al compromiso y la resiliencia del profesorado y los equipos de liderazgo. Esa capacidad de sostener la escuela más allá de los recursos materiales es, paradójicamente, la expresión más clara del valor social de la profesión.
Dignificar la docencia implica mucho más que mejorar salarios o infraestructura. Significa reconocer la dimensión profesional, ética e intelectual del trabajo docente, otorgando autonomía pedagógica real, tiempo para la reflexión y espacios de desarrollo colaborativo. Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, por ejemplo, han mostrado que cuando los equipos docentes disponen de tiempo y confianza institucional, emergen prácticas innovadoras que transforman la experiencia educativa desde dentro. No se trata de nuevas recetas, sino de reconstruir el sentido del trabajo colectivo, donde enseñar vuelve a ser un acto de pensamiento y de propósito compartido.
También es urgente repensar las políticas de evaluación y desarrollo profesional. La Evaluación Docente, pese a sus avances, sigue percibiéndose en muchos casos como un mecanismo de control más que de mejora. Moverse hacia un sistema basado en la confianza profesional y la retroalimentación formativa permitiría alinear los instrumentos de política con la idea de docencia como práctica reflexiva y no meramente técnica.
La educación pública chilena requiere de un nuevo pacto con su profesorado: un pacto basado en el respeto, la autonomía y la colaboración. No habrá transformación educativa sostenible si las decisiones siguen pensándose desde fuera de la escuela, sin la voz y la experiencia de quienes día a día sostienen el aprendizaje de millones de niños, niñas y jóvenes. Los y las profesoras no son ejecutores de políticas; son agentes intelectuales, éticos y comunitarios que encarnan la posibilidad de una educación más justa y democrática.
Dignificar la profesión docente, en este sentido, es un acto de justicia y de visión de futuro. Implica reconocer que la educación pública se construye desde las aulas y los territorios, y que cada mejora en las condiciones laborales, en la confianza institucional o en la valoración social del profesorado, es una inversión directa en el país que queremos ser.
La transformación no vendrá de la norma, sino del reconocimiento pleno de quienes, día a día, hacen posible la educación: las y los docentes de Chile.