San Bernardo: la comuna que expone la urgencia de una ley de seguridad municipal

El debate sobre la seguridad municipal revela una tensión entre el discurso y la acción: mientras el Ejecutivo insiste en la “prioridad” de la ley que amplía las facultades locales, su tramitación se estanca en el Congreso. San Bernardo —la comuna que concentra una de las tasas más altas de homicidios del país y una dotación policial insuficiente— encarna esa contradicción, con cifras crecientes de violencia y un municipio que intenta suplir la falta de apoyo estatal.

Cuando el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado para este reportaje sobre el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Municipal, el secretario de Estado conviene en que se trata de una prioridad. “El Ejecutivo ha priorizado la discusión del proyecto de seguridad municipal, lo cual ha sido transversalmente solicitado por los alcaldes. El proyecto está con discusión inmediata desde el mes de marzo y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. El Gobierno espera que el proyecto sea aprobado prontamente”, declaró.

El proyecto de ley modifica la ley 18.695, otorga más funciones preventivas a los municipios en materia de seguridad. Patrullajes, prestación de auxilio a víctimas, televigilancia y control de especies. También introduce la figura del inspector municipal y le otorga elementos defensivos y de protección personal.

“Nos importa estar en terreno con los alcaldes y alcaldesas, con las policías, para ver cómo coordinamos esfuerzos y potenciamos un trabajo colaborativo que incluye acciones en materia de seguridad pública, los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las estrategias que se han definido desde el nivel local”, sostiene el ministro Cordero.

El titular de Seguridad también destaca los beneficios de la articulación de los patrullajes mixtos con la participación de carabineros e inspectores municipales que ya se realizan. “Se han visto potenciados con nuestro gobierno a través de capacitaciones a ambas instituciones por parte el OS14 de Carabineros y el apoyo que han recibido municipios para la compra de vehículos”., sostiene.

No hay prioridad legislativa

Uno de los municipios que ha recibido la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Municipal es San Bernardo.

El 19 de septiembre, en la zona que intersecta las calles Colbún y Mateo de Toro y Zambrano, falleció Magali, una adulta de mayor de 71 años de edad que vivía junto a su esposo. Ese día, dos ladrones entraron a su casa rompiendo un vidrio, golpearon a su marido, la intimidaron y los cubrieron con frazadas, según consignó la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Fue ahí cuando Magali sufrió un colapso y falleció en el lugar. Carabineros llegó cuando estaban huyendo en el auto de la víctima, que finalmente abandonaron, huyendo a pie en dos direcciones opuestas. En ese momento, la policía no pudo capturar a los agresores.

Según consigna el Censo 2024, San Bernardo es la cuarta comuna de la Región Metropolitana con mayor cantidad de habitantes: 306 mil 371.

De acuerdo con las cifras oficiales de homicidios registrados en el Informe Nacional de Homicidios Consumados en Chile de 2024, dicho municipio se encuentra entre las diez comunas con más homicidios del país. Según su alcalde, Christopher White (PS), en San Bernardo “tenemos un carabinero por cada mil 300 habitantes y un funcionario de la PDI por cada 18 mil ”, declaró para este reportaje.

De acuerdo con los datos del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados del primer semestre de 2025, la Región Metropolitana (RM) presenta una reducción en las cifras de homicidios a nivel general, San Bernardo aumentó de 12 a 14 víctimas.

Para el jefe comunal, pese a que el gobierno y Luis Cordero han mostrado disposición en esta materia, existe un atraso desde el Estado sobre las necesidades de la comuna.

White considera que en sus inicios la reestructuración del plan Calles sin Violencia fue un fracaso, pero hoy asegura que “con la llegada de Cordero se logró ampliar el área priorizada, lo que ha permitido una intervención más efectiva”. Y aunque se refiere a que su crítica a la seguridad ha sido escuchada, también señala que “no basta”.

“En San Bernardo hay balaceras casi todos los días. Hay colegios que han debido implementar protocolos de emergencia ante tiroteos. Esta realidad no puede seguir siendo normalizada”, enfatizó el edil.

Respecto del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, White sostiene que no está realmente priorizado por el Congreso: “Estoy profundamente decepcionado. Este proyecto lleva más de un año estancado en el Parlamento, sin avances concretos. He asistido personalmente a sesiones de la Comisión de Seguridad y Gobierno del Senado, pero es evidente que no ha sido una prioridad legislativa”.

Los líos comunales

Christopher White es militante del Partido Socialista (PS) y se define a sí mismo como uno de los alcaldes oficialistas más críticos en materia de seguridad. En múltiples ocasiones se ha referido a la necesidad de presencia militar en San Bernardo. Inclusive, en mayo de 2024, White llegó al Palacio de La Moneda junto a concejales de la comuna para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric en la que exigía el despliegue de las Fuerzas Armadas.

En su administración actual, White también se caracteriza por poner el foco en la seguridad comunal. Para su reelección en 2024, las propuestas en materia de seguridad encabezaban su programa. Medidas como un fondo anual concursable de Seguridad Pública para organizaciones sociales y un Fono Denuncia de Violencia contra la Mujer se suman a la necesidad de incrementar la dotación de funcionarios de seguridad pública para labores en terreno, la puesta en marcha de un programa de recambio de luminarias y la erradicación de rucos.

En el documento, el alcalde también hacía un recuento de su gestión anterior en la materia: “Sólo en el año 2023, la inversión en seguridad alcanzó un total de $4.237.942.075”.

Ese mismo año, White se vio cuestionado por Ciper. En 2021, de acuerdo con el reportaje, el alcalde de San Bernardo contrató a la empresa FIRE Security Protection Service Spa (FISE) por 40 millones de pesos mediante trato directo, cuando el gerente de la empresa era Carlos Contreras, su compañero de militancia. La empresa tenía como objetivo realizar un estudio del estado de los techos de diez escuelas municipales, que podrían significar un riesgo, para la postulación a fondos del Gobierno Regional Metropolitano. El informe no fue utilizado.

De acuerdo con Ciper, la primera administración de White se vio marcada por una serie de contratos millonarios sospechosos vinculados a acciones en materia de educación: se adjudicaron por trato directo o licitaciones privadas, adjudicados a dueños, administradores militantes o cercanos al Partido Socialista. Algunos contratos, incluso, con documentos falsificados.

Para Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, una concepción integral de seguridad en los municipios no tiene que ver sólo con la inclusión de patrullajes mixtos, o labores de prevención que involucren la reinserción de personas que fueron anteriormente privadas de libertad, la escucha activa de organizaciones vecinales, intervenciones psicosociales comunitarias y necesidades educativas.

“Trabajar siempre desde una perspectiva preventiva, esto es con acciones amplias, generales, de nivel primario, de difusión, fortalecimiento, de las capacidades de los propios vecinos para intervenir sobre sus problemas en los territorios, coordinación con estos vecinos, estrategias también a nivel secundario, focalizada en aquellos grupos de mayor riesgo o vulnerabilidad, por ejemplo, con niños, niñas y adolescentes desescolarizados, en territorios, barrios específicos”, dice la especialista.

Auditorías de la Contraloría General de la República en 2023 revelaron fondos sin acreditar por ocho mil millones de pesos en la Corporación de Educación de San Bernardo.

En 2021, White se sumó con una demanda a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra Nora Cuevas, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y alcaldesa de San Bernardo por 12 años, entre 2008 y 2020. La querella acusaba a la exedil por un mal uso de recursos públicos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

De acuerdo con el medio Mala Espina, en el estudio más reciente, Contraloría detectó irregularidades en subvenciones escolares durante la administración de Cuevas que ascienden a los 20 mil millones.

El estancamiento

Según el último informe del Índice de Prioridad Social, que toma en cuenta factores como el porcentaje de población comunal perteneciente al 40% de menores ingresos, ingreso promedio de afiliados al seguro de cesantía, resultados SIMCE, PAES, reprobación de enseñanza media, tasa de fecundidad, tasa de años de vida perdidos  y porcentaje de infancias en situación de malnutrición, San Bernardo se encuentra en el puesto número 20 del Índice de Prioridad Social en la Región Metropolitana, el mismo que en 2022.

Todos factores que se entrecruzan con la delincuencia.

“Hoy, los funcionarios de Seguridad Municipal operan sin atribuciones reales, solo con vocación y buena voluntad. En muchos casos, debido a la escasa dotación policial y la gran extensión territorial de San Bernardo, Seguridad Ciudadana llega antes que Carabineros a los procedimientos”, declara White.

En San Bernardo, la falta de seguridad y una visión integral de ella, crece con la falta de dotación de carabineros, el atraso del Estado en el fortalecimiento de los municipios, y una administración que pese a las voluntades en la materia, arrastra deudas con otra área que ayuda al crecimiento social y puede incluso prevenir la delincuencia: la educación.