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Alejandro Abascal, vocal del CGPJ, en LA RAZÓN: "Hay que hacer cumplir frente a todos la Ley"

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El acto "Reflexiones desde la Justicia" que acogió este lunes LA RAZÓN abordó no solo las reformas de calado impulsadas por el Ejecutivo en materia judicial, sino también las alusiones desde una parte de la esfera política al "lawfare" y, también, la necesidad de que la carrera defienda su independencia.

El vocal del CGPJ Alejandro Abascal enfatizó, parafraseando a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía de los ciudadanos, que tienen que confiar en sus tribunales. Según alertó, se está ante un problema muy "serio" de "constante señalamiento por parte de los poderes políticos a los jueces", situación sobre la que lleva advirtiendo la Unión Europa desde 2010 ante el ataque que ello supone para la independencia judicial.

"Lo que estamos diciendo es un tema muy serio: que uno de los poderes del Estado está sufriendo constantemente señalamiento por parte de los políticos", dijo. Por ese motivo, incidió en la necesidad de generar confianza en la ciudadanía y recordó que la independencia judicial es «hacer cumplir frente a todos la Ley".

Además, advirtió que no se puede desligar la realidad de las reformas impulsadas por Moncloa con la situación política y judicial actual. Al hilo, desmintió que haya enchufismo en la carrera, toda vez que en 1996 menos del 6% de jueces que habían accedido a la Administración tenían familiares en la carrera y menos del 20% tenían familiares relacionados con el Derecho. Por ese motivo, abogó porque cesen los ataques desde el poder político a los operadores judiciales y reivindicó la necesidad de generar en los ciudadanos confianza en las instituciones.

Al respecto, reivindicó que las actuales reforma de Moncloa afectan de manera directa a la independencia judicial toda vez que la misma se apoya en dos pilares: el conocimiento "vasto y profundo" del ordenamiento jurídico y que los togados no le deben nada a nadie. "Hemos accedido a la carrera judicial sin ningún tipo de padrinazgo", enfatizó el también ex magistrado de la Audiencia Nacional.

Fernández Seijo: "Siempre he conocido una Justicia tensionada"

José María Fernández Seijo comenzó aclarando que, pese a que presentó su renuncia como vocal del órgano de gobierno de los jueces, de momento sigue siéndolo, dado que no se "ha publicado en el BOE". Este aún miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló que, desde que él entró en la Carrera, la Justicia "ha estado permanentemente tensionada", bajo escrutinio del ojo público. Puso como ejemplo de que no es una realidad nueva que José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, cuestionó la versión de la instrucción sobre quién estaba detrás del atentado del 11-M. "Fue un ataque frontal a un juez", aseguró.

Seijo recordó, en este sentido, que él mismo lo ha vivido como miembro de la Carrera judicial: "Los ciudadanos te abordan por la calle, unos te dicen que eres un vendido y otros que resistas y aguantes". Se mostró también comprensivo con que haya parte de la ciudadanía que considere que «existe una sincronización entre determinados discursos políticos y algunos jueces".

En lo relativo a las reformas que prevé ejecutar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el vocal quiso destacar que "no es una ley sorpresiva", dado que ha circulado en el entorno de juristas. En cuanto al punto concreto del proyecto legislativo del Gobierno para darle la instrucción de las causas a los fiscales, insistió en que a él le «parece preocupante» que no se considere que nuestro país tiene la "suficiente madurez democrática" como para "ensayar" otros modelos judiciales. Esta "ley Bolaños" es para el también magistrado la replicación de "modelos contrastados" que se conoce "con otros países". No ve con malos ojos la estabilización de los jueces sustitutos.

Tardón: Las reformas amenazan al Poder Judicial"

María Tardón se mostró segura de que "la independencia judicial está asegurada", pero, también matizó, que es cierto "está en riesgo". La magistrada instructora de la Audiencia Nacional (AN) defendió que, objetivamente, el Estado de Derecho es "más fuerte" que el acuerdo "malvado" de inicio de legislatura que "puso en cuestión" el trabajo de los jueces, a través de la palabra "lawfare".

La ponente apuntó a que hay en esta práctica «un intento de replicar lo que ya existe en países con una democracia devaluada, como "Argentina". En este tipo de sistemas –recordó– "se sustituye a jueces y fiscales", se les dedican «ataques sin que pase nada» y "por el simple atrevimiento de sacar adelante cualquier causa contra el poder político".

Tardón sí que quiso hacer constar que hay ataques contra la imagen pública de compañeros. Aunque estos también proceden, en ocasiones, de los delincuentes: "Tienen gente de prensa para así construir un relato alternativo y desacreditar lo que hacen jueces y fiscales". Lo que hay que tener en cuenta, bajo la óptica de esta veterana jueza, es que aún no ha dado tiempo a poner en marcha las "leyes Bolaños". Por lo que para ella es más un problema actual del sistema de "elección de vocales judiciales". "Todas esas reformas amenazan, pero la independencia judicial seguirá firme, pase lo que pase".

Según dijo, las reformas afectarían al sistema de instrucción y no es cierto, como entiende que quieren trasladar, que la figura del juez instructor no cumpla con parámetros europeos. De hecho, hizo valer que garantiza más el derecho de defensa, dado que el fiscal viene designado por el Ejecutivo y "no tiene ninguno freno ni cortapiso". Tardón, haciendo gala de su claridad, consideró que el fiscal general ha cuestionado sistema.

Winkels: "Denunciar lawfare daña la confianza en la Justicia"

Isabel Winkels participó en la jornada de ayer y le correspondió ejecutar el papel de representante de la abogacía, al ser la única abogada entre los distintos ponentes. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Derecho de familia y de familia internacional, actualmente es vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), así como socia-directora de Winkels abogados.

Considera la abogada que el uso del término "lawfare" para denunciar supuestas injerencias de lo judicial en la política ha dañado "desde todos los puntos de vista" la imagen que el ciudadano tiene actualmente de la independencia judicial. Es un término ampliamente utilizado en la política y recordó que "la primera vez que se introdujo el término fue en un acuerdo de dos partidos políticos en el seno de una propuesta de gobernabilidad", algo que calificó de "muy peligroso".

Con sus palabras, Winkels se refirió al pacto que rubricaron el PSOE y Junts en noviembre de 2023 para que Pedro Sánchez pudiera ser investido como presidente del Gobierno. Esa utilización del término implica, aseguró, "una merma de la confianza de la ciudadanía en la Justicia".

La letrada no está en contra de criticar las decisiones judiciales, pero sí da importancia a las formas. "Los primeros que criticamos las resoluciones judiciales somos los abogados y abogadas, a través de nuestros recursos o con artículos de opinión", recordó, "pero nunca desde esa crítica social o de los sentimientos, que parece que está tan de moda". "La Justicia tiene que dictarse desde profundas convicciones jurídicas y desde el sistema jurídico, desde el sistema legal. Nunca desde sentimientos o desde posicionamientos tan volubles como los que estamos viendo", añadió.