La Comunidad paga 1,3 millones más al fondo que compró casi 3.000 pisos del Ivima para poner fin al conflicto judicial
La Comunidad de Madrid abonará 1,3 millones de euros adicionales al fondo de inversión Encasa Cibeles, vinculado a la firma Goldman Sachs-Azora, para poner fin definitivamente al conflicto judicial que surgió de la enajenación de 32 promociones con casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima en 2013. Este pago extra, pactado con la empresa en un acuerdo extrajudicial, eleva hasta los 111,1 millones la cantidad que ha tenido que desembolsar la Administración regional por la operación firmada bajo la presidencia de Ignacio González que fue anulada por la Justicia a finales de 2019.
Fue entonces cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que meses antes habían dictado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además de declarar nula la venta de las viviendas públicas, ese fallo resolvió que la Comunidad debía recibir de vuelta hasta 1.721 pisos públicos vendidos, que eran todos los que el fondo no había vendido a terceros de buena fe desde la fecha en la que los compró.
La devolución de esos inmuebles al patrimonio público se saldó en junio de 2022 con un pago de 107,7 millones de euros a Encasa Cibeles por parte de la Agencia Social de la Vivienda (AVS), la heredera jurídica del Ivima. La cantidad que se transfirió en concepto de «restitución de prestaciones» fue sensiblemente menor a la que reclamaba el fondo de inversión a modo de compensación por la anulación de la venta: la mercantil llegó a pedir 198 millones, solo tres menos de los que había pagado ocho años atrás por las 32 promociones con un total de 2.935 viviendas, la mayoría situadas en la capital (1.380), pero también otras localidades como Majadahonda (332), Móstoles (259) o Parla (240).
Encasa Cibeles llevó su desacuerdo a los tribunales y en septiembre de 2022 un juzgado contencioso-administrativo admitió a trámite un recurso «por incumplimiento contractual» en el que exigía a la Comunidad que le pagara en total incluso más de su pretensión inicial: más de 220,3 millones en concepto de daños y perjuicios o, subsidiariamente, 132,6 millones en concepto de restitución de prestaciones y 78,5 más por daños y perjuicios.
Ese recurso no se ha llegado a resolver por parte de la Justicia ya que Encasa y la Comunidad pactaron en 2023 la suspensión del proceso para explorar un pacto extrajudicial, un acuerdo al que se ha llegado ahora, dos años después. El conflicto se ha saldado con el compromiso de la Comunidad de abonar 1,3 millones más al fondo de inversión, una cantidad muy lejana de sus cálculos. Junto a ese pago, además, Encasa renuncia a reclamar a la AVS «cualquier compensación adicional» por este asunto.
El Consejo de Gobierno ya dio luz verde este miércoles al nuevo pago a Encasa Cibeles, una transferencia que se sumará a los 107,7 millones abonados en junio de 2022 y a otros 2,1 millones autorizados en 2023 en concepto de intereses derivados del procedimiento. De ahí que la cantidad total abonada por las arcas públicas regionales por la venta de pisos públicos auspiciada por el expresidente Ignacio González, una operación que durante años generó un profundo rechazo social por los problemas que provocó a cientos de familias madrileñas, se vaya a situar finalmente por encima de los 111,1 millones.