El Ejército y la Armada cancelan la compra de un software israelí para desencriptar móviles
- Introducción al UFED de Cellebrite
- Intentos de adquisición por el Ejército de Tierra
- Acciones de la Armada en la licitación
- Consecuencias para contratos con empresas israelíes
Introducción al UFED de Cellebrite
El Universal Forensic Extraction Device (UFED) es un software que permite acceder a información interna de un dispositivo electrónico, como un teléfono móvil.
Lo vende la empresa Cellebrite. Se fundó en Israel en 1999 y tiene su sede en la ciudad de Petah Tikva, cerca de Tel Aviv. Es una de las compañías de análisis forense digital más reconocidas en todo el mundo.
El UFED de Cellebrite lo utilizan cuerpos de policía de numerosos países, incluida la Policía Nacional en España.
Permite extraer datos de un móvil como los mensajes de texto, el registro de llamadas (realizadas, recibidas, perdidas), la agenda de contactos, las fotografías y vídeos, audio, el ESN/IMEI, ICCID e información de IMSI.
Intentos de adquisición por el Ejército de Tierra
Confidencial Digital contó el 8 de octubre que el Ejército de Tierra estaba tramitando un contrato para la adquisición o renovación de dos licencias actualizadas del programa UFED Touch 4PC.
La unidad que maneja esas licencias es el Regimiento de Inteligencia nº 1, con sede en el Acuartelamiento de San Juan de la Ribera (Valencia). Su misión es obtener información y proporcionar inteligencia a nivel táctico al jefe de una fuerza, y para ello despliega inteligencia de fuentes humanas (HUMINT), infiltraciones en el terreno para tomar fotos y vídeos, drones que captan y transmiten imágenes desde el aire.
Proceso de licitación y suspensión
El Ejército de Tierra lanzó la licitación pública el 3 de octubre, cuando el Consejo de Ministros había aprobado el real decreto-ley de embargo a Israel el 23 de septiembre, diez días antes.
No fue un caso aislado, porque la Armada publicó una licitación el 13 de octubre para adquirir un “sistema de explotación técnica” para la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), sistema que era, realmente, el UFED 4PC Ultimate (“o similar”, se indicaba en un documento de la licitación) de la empresa israelí Cellebrite.
Confidencial Digital ha comprobado que ambas licitaciones han sido abortadas. El Ejército de Tierra y la Armada han desistido de su intención de contratar el suministro de esos programas de extracción de información.
El Ejército de Tierra publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16 de octubre una “resolución de suspensión del procedimiento de licitación del expediente de contratación”, firmada por un coronel.
La resolución repasa el cronograma de la licitación.
El órgano de contratación del Ejército de Tierra dictó la orden de inicio el 3 de septiembre.
El siguiente paso lo dio “la Asesoría Jurídica con competencias para tal actuación”, que informó favorablemente sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Era el 24 de septiembre, un día después de que el Consejo de Ministros hubiera aprobado el decreto-ley, y el día que se publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entró en vigor un día después, el 25.
La Intervención emitió el informe favorable de fiscalización previa a la aprobación del gasto el 1 de octubre, y ese mismo día el órgano de contratación aprobó una resolución de aprobación del gasto, pliegos y apertura de la licitación, que envió a la mesa de contratación para su tramitación.
Impacto del Real Decreto-Ley 10/2025
En un momento dado el director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra dio instrucciones de cumplir el Real Decreto-Ley 10/2025, de 23 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio de Gaza y de apoyo a la población palestina.
El siguiente movimiento del Ejército de Tierra fue pedir un informe jurídico “sobre la posible afectación del expediente” de contratación por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2025 que prohíbe las importaciones originarias de Israel de material de defensa y de tecnología de doble uso.
Lo hizo el 16 de octubre. “En años anteriores se adjudicaron contratos con objeto similar al del presente expediente a una empresa española pero cuyo proveedor del software objeto del expediente era una empresa israelí”, indicó el Ejército de Tierra.
Entendió que si la contratación incumplía el real decreto-ley, se podría considerar que se daba una infracción no subsanable acaecida en el expediente que la Ley de Contratos del Sector Público contempla como motivo justificado para no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento.
El Ejército de Tierra suspendió la tramitación del procedimiento de licitación, “sin perjuicio de la continuación del mismo una vez se reciba [el] informe jurídico solicitado”.
Cuatro días después, el lunes 20 de octubre pasadas las siete de la tarde, publicó finalmente una resolución de “desistimiento” que puso fin a ese expediente.
El coronel resolvió “desistir la tramitación del expediente” cuyo objeto es la “Renovación de licencias de los sistemas UFED/DOMEX”. Eso sí, a continuación incluyó una apostilla: “Sin perjuicio de la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento”.
La resolución también anula los documentos contables de aprobación del gasto y retención de crédito.
Para defender esta decisión, en la resolución se apunta que “el desistimiento del expediente no implica perjuicio a terceros debido a que el expediente se encuentra en fase de licitación y no existen licitadores que hayan presentado proposición al mismo”.
El plazo de presentación de ofertas acababa el mismo 20 de octubre que finalmente se publicó la resolución de desistimiento. El Ejército de Tierra también publicó la anulación del anuncio de adjudicación.
Por tanto, el Ejército de Tierra ha renunciado por ahora a renovar dos licencias del programa UFED Touch 4PC que utiliza el Regimiento de Inteligencia nº 1.
Acciones de la Armada en la licitación
Lo mismo ha hecho la Armada. Pero en ese segundo caso ha sido todo más acelerado.
Lanzó una licitación el lunes 13 de octubre para adquirir un “sistema de explotación técnica” destinado a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE). En los pliegos indicaba que el sistema que buscaba era el UFED 4PC Ultimate “o similar”.
Confidencial Digital contó con detalle esa licitación un día después, el martes 14 de octubre.
Ese mismo día 14 el órgano de contratación de la Armada renunció a comprar el sistema UFED de la empresa israelí Cellebrite.
“Con fecha 14 de octubre de 2025 se recibe orden de la Secretaría de Defensa, a través de la Dirección General de Asuntos Económicos, de anular el expediente, por haber cesado la necesidad que motivaba su adquisición”, se explica en la resolución del Intendente de la Armada en Cartagena por la que se acordó el desistimiento del procedimiento de contratación.
En este caso no mencionó el decreto-ley de embargo de armas a Israel.
“El artículo 152.2 de la Ley 09/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), en adelante LCSP, establece que el desistimiento del procedimiento de contratación podrá realizarse antes de la formalización del contrato”, y “el artículo 152.3 de la LCSP limita el desistimiento a razones de interés público debidamente justificadas en el expediente”.
Para el jefe de la Intendencia de Cartagena, “estas razones quedan debidamente justificadas por la orden de anulación de la Dirección General de Asuntos Económicos” del Ministerio de Defensa.
En base a ello concluyó “que existen razones debidamente justificadas por las que cesa el interés público que motivaba el inicio del expediente”, y que por ello “resulta procedente conforme a ley acordar el desistimiento del procedimiento al órgano de contratación”.
Resolvió “acordar el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato Suministro de sistema de explotación técnica para la FGNE, debido a que cesan los motivos de interés público que motivaban la licitación de los suministros recogidos en este expediente”.
Consecuencias para contratos con empresas israelíes
Hay que recordar que órganos de contratación de las Fuerzas Armadas anularon anuncios de adjudicación a empresas israelíes ya antes incluso de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley de embargo de armas.
Se vieron afectados contratos para el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil que habían sido adjudicados a empresas israelíes como Guardian Homeland Security, Elbit Systems LTD, Pap Tecnos (filial de Rafael) y Netline Communications Technologies Ltd, o a empresas no israelíes pero que iban a suministrar componentes o productos de origen israelí.