La Fiscalía archiva la denuncia de Más Madrid contra el Gobierno de Almeida por los pisos turísticos ilegales

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia presentada el pasado mes de abril por el grupo político Más Madrid contra la gestión del equipo de José Luis Martínez-Almeida en relación con los pisos turísticos . En dicha denuncia, se acusaba al Gobierno municipal de un presunto delito de prevaricación por su inacción en la inspección y control de las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la capital. Tras una exhaustiva revisión de los hechos, el fiscal ha concluido que el Ayuntamiento de Madrid «ha actuado con diligencia» en lo que respecta a la disciplina urbanística de los pisos turísticos. Según el informe oficial, el consistorio «ha inspeccionado un número muy significativo de viviendas —con la complejidad y dificultad que ello conlleva—» y ha implementado «planes de inspección sucesivos» con especial énfasis en la regulación de esta actividad. Además, la Fiscalía destaca que se ha incrementado el personal encargado de estas inspecciones, aunque no estén integrados en una unidad exclusiva para pisos turísticos, sí trabajan para el servicio de disciplina urbanística, «lo cual no parece una decisión reprochable ni mucho menos ilícita». Según el fiscal, esta organización no solo es legal, sino que también ha demostrado ser eficaz para abordar el problema de las VUT ilegales. La Fiscalía subraya que el Ayuntamiento ha impuesto un «número elevado de sanciones» y ha iniciado «numerosos expedientes sancionadores», lo que demuestra que el Gobierno local no ha ignorado el problema. De hecho, se menciona que se han realizado más de 1.200 actuaciones de multa coercitiva, una medida que refuerza el control sobre las viviendas ilegales. En cuanto a las acusaciones presentadas por Más Madrid, que mencionaban la existencia de 10.134 pisos turísticos ilegales en Madrid y la supuesta inacción del Ayuntamiento, la Fiscalía ha desmontado esos argumentos con pruebas claras y detalladas. La información aportada por el Ayuntamiento ha sido considerada «justificada» y ha desmentido las alegaciones de omisión de inspección o de una supuesta protección de los intereses económicos de los propietarios de VUT. Por su parte, una vez conocido el archivo de la denuncia, Más Madrid ha criticado la "cortina de humo" del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con las inspecciones en las viviendas de uso turístico (VUT) y ha instado a considerar como prueba de la existencia de esta actividad su presencia en plataformas. "Respetamos la decisión de la Fiscalía pero lamentamos realmente y no estamos de acuerdo con la definición que hace de diligencia con la que actúa el Ayuntamiento de Madrid. Si esta es la máxima diligencia que podemos esperar de Almeida ante el descontrol de la vivienda turística ilegal, en esta ciudad vamos muy muy mal", ha lamentado la concejala de Más Madrid Lucía Lois en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. El Gobierno de Almeida, ha continuado Más Madrid, "asegura que la situación de estas viviendas turísticas está bajo control cuando la foto a día de hoy en una plataforma de alquiler es de 26.000 anuncios en Madrid y sólo 1.008 operan con licencia". Más Madrid basaba su denuncia en una comunicación anterior de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) que alertaba de la existencia de miles de pisos turísticos ilegales en la ciudad. Según el partido político, el Gobierno municipal no estaba tomando las medidas necesarias para abordar esta situación , señalando que, incluso, se había eliminado el servicio específico de inspección de pisos turísticos creado en 2018 y se había recortado la mitad de los puestos de trabajo destinados a ello. Apuntaban a la «inacción del alcalde que no es simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad», declaraba en su momento la portavoz, Rita Maestre. Fundamentaban la denuncia ante la Fiscalía en el artículo 320 del Código Penal, que establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio» podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Sin embargo, tras revisar los informes y las actuaciones del Ayuntamiento, la Fiscalía ha desmentido estos puntos y ha determinado que no existen indicios de delito de prevaricación ni de mal manejo en las inspecciones urbanísticas. Tras conocer el fallo de la Fiscalía, el equipo de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, ha destacado en un comunicado que la denuncia presentada «se desacredita con la información remitida por el Ayuntamiento de Madrid, de forma detallada y justificada».