Caso “rey de Meiggs”: formalizan a autor intelectual del crimen entre críticas al sistema judicial

Este jueves se realizó la formalización de Wilson Verdugo Díaz, acusado como autor intelectual del homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el “rey de Meiggs”. El caso, que involucra sicarios y contradicciones judiciales que permitieron la fuga de Alberto Mejía Hernández, encendió las alarmas sobre la capacidad institucional del Estado.

Desde el Congreso, la diputada Camila Musante (IND) calificó la liberación del sicario como “una fractura irreparable” en el sistema judicial. “No es una simple grieta con órdenes contradictorias entre tribunales. Es una señal de que la corrupción puede estar infiltrando nuestra institucionalidad”, advirtió.

La parlamentaria insistió en que la identificación del autor intelectual, si bien relevante, “no es suficiente para blindar a la justicia de las influencias del crimen organizado, que es nuestro principal y único enemigo como país”.

En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el fenómeno del sicariato como una figura delictual que hasta hace poco era escasa en Chile, pero que ha tenido una manifestación creciente en los últimos años.

“Este caso revela una variante preocupante: el involucramiento de organizaciones criminales internas”, señaló. Además, subrayó que este tipo de delitos, junto con la trata de personas y el tráfico de migrantes, son especialmente preocupantes por sus características violentas y su capacidad de desestabilizar el sistema institucional.

El secretario de Estado también hizo un llamado a la cautela en el manejo de información, destacando que el respeto por los antecedentes que entregará el Ministerio Público es clave en esta etapa. “Hemos sido muy cuidadosos en cada una de las informaciones que se han entregado sobre este punto”, afirmó, reiterando que la persecución penal temprana es una estrategia central de la Fiscalía frente a delitos predatorios.

Por su parte, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recalcó que el Poder Judicial mantuvo históricamente una actitud colaborativa con el Congreso Nacional, y que los errores ocurridos están siendo indagados a través de una investigación sumaria administrativa instruida por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dicha investigación, que también derivó antecedentes a la Fiscalía, busca esclarecer si hubo falta administrativa o eventualmente comisión de delitos. La autoridad señaló que no corresponde adelantar juicios mientras el proceso siga en curso.

Como parte de las medidas correctivas, la Corte Suprema instruyó el diseño de un protocolo para crear un sistema único de tramitación penal, en busca de asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales. Gendarmería, por su parte, reactivó la Unidad de Análisis Penitenciario y reforzó el perfilamiento de imputados extranjeros. Además, el Ministerio de Justicia convocó una sesión extraordinaria para revisar los protocolos en causas de alto riesgo.

Mientras el Ejecutivo trabaja en consolidar mecanismos como el Sistema de Consultas Policiales (SICPOL) y el Sistema de Protección Ciudadana, desde el Congreso se exige mayor protección a jueces y la creación de tribunales especializados que impidan amenazas, corrupción o errores administrativos.