La UFP denuncia a Ione Belarra ante la Fiscalía por acusar a las autoridades de realizar "redadas racistas basadas en el perfil étnico"
La Unión Federal de Policía, ha elevado una demanda ante la Fiscalía para pedir responsabilidades a la secretaria General de Podemos, Ione Belarra, después de que Junts presentase una propuesta para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat y la representante de la organización morada valorase que las autoridades catalanas realizarán "redadas racistas basadas en el perfil étnico" similares a las que realiza la Policía Nacional.
A través de un comunicado, las autoridades policiales han mostrado su malestar ante las acusaciones de Belarra alegando que son "ataques intolerables, falsos y ofensivos" ante los que la UFP "quiere mostrar su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones ", aseverando que el insulto es el único arma de Belarra.
"Estas afirmaciones son rotundamente falsas, irresponsables y profundamente ofensivas, y constituyen un ataque directo a la profesionalidad, neutralidad y vocación de servicio público de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional. La Policía Nacional no realiza redadas racistas. Cumple la ley con rigor y bajo supervisión judicial...Insinuar lo contrario es alimentar un relato de odio injustificado, cuyo único objetivo es desacreditar y deslegitimar" reza el escrito.
Las autoridades reclaman contundencia y respeto
No solo la Fiscalía será el único organismo responsable para determinar el recorrido de la demanda que han interpuesto las autoridades. Desde las filas de seguridad, aunque se recuerda el aforamiento de Belarra al ser diputada, se exige respeto por las labores policiales y afirman que presentarán "una queja formal ante la Mesa del Congreso" y solicitarán a los grupos parlamentarios una "ronda de preguntas oficiales para que Belarra justifique su comportamiento".
"No es la primera vez que la señora Belarra desautoriza a los servidores públicos...Confiamos en el Estado de Derecho para que ponga freno a los insultos y difamaciones que traspasan la línea roja de la libertad de expresión. Porque bajo ese principio fundamental, no todo vale", sentencian las autoridades.
Para cerrar las reclamas ante la representante de Podemos, se exige una rectificación pública inmediata y solicita al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto y "defienda con claridad y sin ambigüedades" el trabajo de las personas que salvaguardan la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos.