El agua de La Colada se atasca en un bucle administrativo y político

La conexión del embalse de La Colada con Sierra Boyera sigue atascada. La negativa tajante de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a conceder el uso del agua a la Diputación de Córdoba con el proyecto de la Junta de Andalucía -adjudicado desde octubre pasado por 9,3 millones de euros- ha provocado que la institución provincial siga trabajando en recopilar argumentos jurídicos y técnicos para derribar el muro que el presidente del ente de cuenca, Samuel Moraleda, ha plantado en esta actuación una férrea oposición a la finalización de unas obras que se pararon en 2008 por parte del Gobierno andaluz de Manuel Chaves y no se volvieron a retomar hasta que en 2020 el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno declaró la intervención de interés autonómico para agilizarla. Hace poco más de un año, la Diputación de Córdoba solicitó de manera formal a la CHG la concesión del agua de La Colada , que desde que se construyó en 2006 -precisamente a consecuencia de la pertinaz sequía de los anos noventa- no ha entrado en funcionamiento pleno por la falta de la red de conexión con Sierra Boyera. Una trama de distribución acometida hace 17 años de forma incompleta. Esa petición estaba acompañada del proyecto que la Consejería de Agricultura encargó y remató para dar por cerrada la conexión interminable. Desde entonces, apenas si ha habido avances y sí posturas enfrentadas. Las comarcas del Guadiato y Los Pedroches son las principales afectadas. Sus ganaderos, empresarios y habitantes (unos 80.000 habitantes) asisten a la negativa del Gobierno de Sánchez con el tema y a la defensa de su proyecto que hace la Junta y la Diputación como mejor manera de garantizar un suministro fiable tras la sequía de 2023. Fue entonces cuando el Ejecutivo central decidió acometer una obra provisional de 4,3 millones para llevar el agua hasta Sierra Boyera mientras se culminaban los trámites y el proyecto que manejaba la Junta de Andalucía. Por debajo de la mesa, puntapiés y patadas políticas de reproches. Especialmente en las filas socialistas, recriminando, curiosamente, agilidad a la Junta de Andalucía en su obra, la misma que ahora se ha rechazado al considerarla innecesaria además de otra serie de reparos técnicos , pese a que tampoco en la tramitación de ese proyecto se mostró contrariedad por parte del ente de cuenca. A día de hoy es muy difícil saber qué va a ocurrir. Se ha entrado en un bucle administrativo , que es el terreno donde parece que está más a gusto la CHG y el propio PSOE, dado que permite demorar cualquier avance (hasta entrar en periodos electorales) sin que dé la sensación de que hay una clara obstrucción y pone el foco en la pantalla del PP, en el dilema de ir a por todas en los tribunales -si persiste la negativa-, aunque eso conlleve mucho más tiempo, o arrojar la toalla. Con efectos sobre una empresa adjudicataria de un proyecto en solfa. Y en medio, los 80.000 habitantes de la zona. Según ha podido confirmar ABC de fuentes de la Consejería de Agricultura y la propia Diputación de Córdoba, en estos momentos se trabaja en unas nuevas alegaciones al informe de resolución de la Confederación donde, a pesar de darle el visto bueno a la concesión de agua de La Colada, se le ponía como condición dejar en la cuneta el proyecto de conexión de la Junta, salvo en lo concerniente a la mejora del suministro eléctrico. La Junta de Andalucía, que no puede alegar por sí misma, está trabajando de forma coordinada con los técnicos de la institución provincial, que serán quienes enfoquen, redacten y presenten los nuevos argumentos para intentar convencer al órgano hidrológico. Una vez presentadas las alegaciones -ya que la Corporación provincial no acepta la concesión bajo esas condiciones- y sean valoradas tendrá que ser la Confederación del Guadiana la que emita la resolución definitiva , punto en el que se abriría la senda judicial. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes , ha insistido por activa y por pasiva en la necesidad de esta conexión para garantizar el suministro a unos vecinos que han padecido un año sin agua de consumo doméstico. A la par, Fuentes ha expresado su malestar por la actitud del ente hidrográfico, pese a las muchas reuniones e intercambio de información sobre una solución cuestionada desde antes de emitir cualquier informe técnico por el propio Moraleda. Los motivos expresados el 15 de abril en plena Semana Santa y en una nota informativa por la CHG pasan por rechazar un caudal de extracción de 600 litros por segundo (400 es lo que hay autorizado), la afección ambiental sobre la zona con el proyecto de la Junta y su influencia negativa en la masa de agua -recordar que el proyecto tiene la autorización ambiental de la Junta de Andalucía, competente en la materia-; la «ineficiencia económica» de gastar 9,3 millones en un problema que, a ojos del Gobierno, ya se arregló con su bombeo provisional y la reducción de la calidad del agua con una nueva toma propuesta y que no es la flotante. A principios de mayo, el Gobierno andaluz salió en tromba con una serie de alegaciones a este primer informe que tampoco han sido tenidos en cuenta. Esgrimía la Junta de Andalucía que la CHG no era competente en la materia, ni a la hora de cuestionar la viabilidad económica, ni ambiental ni técnica, sobre un proyecto con todos los parabienes y sin que hubiera recibida alegación alguna en su tramitación. El mensaje era claro: hay una falta de voluntad política sobre una inversión que el sentido común apunta a no rechazar. Por su parte los dirigentes socialistas en Córdoba se alineaban con la respuesta que llegaba desde Badajoz. En este choque, el órgano de cuenca quiso cubrirse las espaldas y pidió a la Abogacía del Estado su pronunciamiento sobre la legitimidad de su negativa. Informe que, como adelantó ABC, le dio la razón sin más -escueto en su desarrollo, de apenas folio y medio y a buen recaudo por todas las partes, convertido en un enigma-. Hace unas semanas el propio Fuentes giraba visita a pie de pantano en La Colada y ponía en cuestión el estado que presentaba la toma flotante de agua de la solución provisional del Gobierno. Un aviso a navegantes, ya que este sistema de extracción es el que defiende a capa y espada la CHG y no parece estar en la mejor situación. Como el suministro eléctrico, el talón de Aquiles de esa actuación estatal que llegó a gripar un grupo electrógeno por la falta de suficiente potencia. En este aspecto habría entendimiento entre las partes por un nuevo tendido de mayor garantías. Claro que algunas fuentes consultadas por ABC indican que esa propuesta sería como alterar el proyecto ya adjudicado a Jicar por la Consejería de Agricultura, «troceando una solución integral, tanto de caudal, como de forma de extracción y servicio eléctrico». Este periódico ha intentado recoger la versión del ente hidrológico sobre cómo está la situación sin que, por el momento, haya atendido nuestro requerimiento.