El veterinario de la macrogranja de los horrores es también su gerente y pasa a ser investigado por el Colegio Profesional

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) ha abierto un expediente a Jerónimo Roldán Henares, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., la sociedad que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) bajo la marca Avícola Ballester. La explotación avícola está en el punto de mira a raíz de las imágenes publicadas en primicia por elDiario.es el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior, así como por la perniciosa situación de las gallinas.

La apertura del procedimiento disciplinario, que estudiará si el veterinario de Avícola Ballester ha incumplido algún artículo del código deontológico de la profesión, se inicia después de la solicitud de las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal al COVIB, en la que piden investigar las presuntas irregularidades. Es el modo de proceder habitual del órgano colegiado, según han explicado fuentes del COVIB a este diario. ARDE y Satya Animal son las asociaciones que grabaron las imágenes difundidas, cuyo vídeo de más de 3 horas está depositado en la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, tras presentar una denuncia contra la explotación por presuntos delitos contra la salud pública, maltrato animal y estafa. El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ya ha abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal.

En la solicitud se desgrana lo que se veía en las imágenes grabadas entre los días 21 y 29 de abril. Entre otras cuestiones: cadáveres de gallinas en avanzado estado de descomposición en convivencia con gallinas vivas; presencia de roedores (incluso cadáveres de ratas) y erizos en contacto con las gallinas; las gallinas de la nave 6 —una de las camperas— estuvieron encerradas durante al menos seis días; gallinas en mal estado de salud —postradas, diarreicas, con crestas caídas— y algunas fallecidas por el cierre de puertas. Además, había gruesas capas de polvo, plumas y telarañas en el suelo (yacija), las paredes, el techo y las estructuras.

Asimismo, recuerdan que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear— constató la existencia de las irregularidades denunciadas en las imágenes. Por estos motivos, cerró la nave 7, ordenó la adopción de medidas cautelares, y propuso una multa de hasta 420.000 euros por siete faltas graves y una leve. Finalmente, Avícola Son Perot S.A. —una de las empresas que opera bajo la marca de Avícola Ballester— se enfrenta a una multa de 200.100 euros, según consta en el expediente de la propuesta final de sanción, al cual accedió elDiario.es.

Por otro lado, el escrito de ARDE y Satya Animal, dirigido al COVIB, señala que la gestión del veterinario en la empresa avícola coincide en periodos en que las administraciones públicas ya habían multado a Avícola Son Perot S.A. por irregularidades, o adoptado medidas cautelares. En octubre de 2023, la empresa recibió una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó este diario. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

Las entidades animalistas recuerdan en su escrito al órgano colegiado que, en septiembre de 2024, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural inició un expediente sancionador y otro de medidas cautelares “tras detectar deficiencias graves en la explotación”. En noviembre de 2024, indican, se resuelve la imposición de medidas cautelares, que incluyen la suspensión de la actividad de gallinas camperas y se impuso la presentación de un plan de bienestar animal específico incluyendo un protocolo de manejo de gallinas camperas. “Dicha medida cautelar demuestra que el manejo de las gallinas de tipo campero era inadecuado y requirió de la intervención de la Administración”, afirman en su escrito. Esta medida cautelar —la de gallinas camperas— fue levantada por el Govern porque la deficiencia fue corregida, según se desprende de los expedientes administrativos.

Este diario se ha puesto en conocimiento del veterinario, a través de un correo electrónico a la empresa, y de un mensaje al jefe de prensa, de la información que se iba a tratar. Así, se le ha solicitado una entrevista a Jerónimo Roldán Henares, o que en su defecto respondiera a las preguntas por escrito, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Las entidades creen que pudo haber ocultado irregularidades

ARDE y Satya Animal argumentan, además de la sanción, el cierre temporal de la nave 7 e inmovilización de los huevos producidos en ella, que la inspección oficial constató la presencia de roedores muertos, “hecho que indica que las medidas de bioseguridad aplicadas no son las adecuadas”. Por todo ello, consideran que la actuación de Jerónimo Roldán Henares frente a estos episodios de irregularidades “podría constituir vulneraciones al Código Deontológico para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria, aprobado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España”.

Así, solicitan al órgano colegiado balear investigar si el veterinario responsable actuó con negligencia profesional al omitir su deber de supervisión y denuncia; verificar el cumplimiento del secreto profesional, determinando si se ocultaron irregularidades; evaluar si existió conflicto de intereses que comprometiera su independencia e informar a las autoridades competentes (Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente) para una investigación paralela.

En este sentido, el día después de que elDiario.es avanzara las imágenes en primicia, la empresa ofreció a algunos medios de comunicación —una redactora y un fotoperiodista de esta redacción acudieron el miércoles 28 de mayo, como informó este diario— entrar en sus instalaciones. Al principio, negaban que las imágenes correspondieran a sus naves. “Nosotros estamos tranquilos con nuestro trabajo. Somos los primeros que creemos en el bienestar animal para que expresen su máxima producción y rentabilidad. Tienen para comer y beber, y [espacio] para su esparcimiento”, dijo ese día Jerónimo Roldán, gerente ganadero y veterinario de la empresa, en declaraciones al inicio del informativo de IB3, la televisión pública balear.

Se investigará si incumplió el código deontológico

Ramón García, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB), accede casi de inmediato a dar una entrevista telefónica a elDiario.es, en la que se le pide una explicación general del procedimiento que conduce el órgano colegial cuando se abre un expediente de este tipo.

“Cuando recibimos una denuncia se inicia un procedimiento. La primera fase es una investigación preliminar. Solicitamos a la persona denunciada que aporte su versión de los hechos y toda la documentación que considere necesaria”, afirma García. El COVIB, como solo tiene competencias en materia disciplinaria, investiga únicamente si el colegiado ha cumplido con el código deontológico de la profesión veterinaria.

En caso de que la información no sea completa, o haya aspectos que queden por aclarar, el COVIB puede realizar un segundo requerimiento “hasta obtener toda la documentación necesaria”. “Incluso, si hay otros profesionales implicados porque han tenido algún tipo de participación, también les solicitamos su versión, como parte de la investigación”, añade García. El presidente del COVIB indica que cuando el órgano colegiado recibe toda la documentación la traslada a la Comisión Deontológica, que está formada por seis profesionales de prestigio, independientes de la junta directiva del COVIB.

La Comisión Deontológica, formada por seis profesionales de prestigio, es la encargada de evaluar los posibles incumplimientos del Código Deontológico

Se trata, afirma García, de seis profesionales de diferentes ámbitos de la profesión, mayoritariamente clínicos de animales de compañía, aunque también hay profesionales del sector ganadero y de otros ámbitos. La Comisión Deontológica se encarga de evaluar la información aportada y determinar “si existe incumplimiento de los principios del código deontológico o, como mencionaba, de los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española”.

Así, se elabora un informe o dictamen que indica al COVIB si se considera que ha habido “un incumplimiento de los principios deontológicos” o si, por el contrario, no lo consideran así. En función de ese informe, si no se aprecia ningún incumplimiento, el expediente se archiva. Si consideran que hay indicios de infracción, se inicia un expediente disciplinario, añade García.

En caso de que hubiera indicios, y se iniciara un expediente disciplinario, el COVIB nombra un instructor, que en este caso sí es miembro de la junta directiva, aclara el presidente del órgano colegiado. Este instructor es el encargado, por tanto, de aplicar un hipotético procedimiento sancionador, “con todas las garantías legales”. Es decir, formulación de cargos, presentación de alegaciones, propuesta de resolución, aportación y valoración de pruebas… De esta manera, se asegura el derecho a un proceso garantista para el investigado, como establece la normativa administrativa, detalla García.

Si al investigado se le imputan cargos, tendrá la oportunidad de presentar alegaciones; también puede aportar o proponer pruebas, que el instructor valorará y podrá aceptar o rechazar. Finalmente, cuando concluye la fase de instrucción, el expediente se remite al órgano resolutorio, que es la Junta de Gobierno. Esta junta determina si ha habido una infracción y su tipificación, que puede ser leve, grave o muy grave, según lo establecido en los estatutos. A partir de ahí, se establece la sanción correspondiente.

Las sanciones dependen del tipo de falta y su tipificación. Cada infracción tiene unas sanciones específicas asociadas según su gravedad. Según el artículo 107 del Real Decreto 50/2024, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, aprobados por Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, las sanciones son las siguientes: amonestación privada; apercibimiento por oficio; amonestación pública —mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de anuncios del Colegio— y multa de entre 1.001 euros y 5.000 euros; exclusión de las propuestas efectuadas a la Administración competente.

Por otro lado, están las sanciones que se refieren a la suspensión de la colegiación: la más leve, hasta un mes; seguida de una suspensión de entre un mes y un día y un año; de entre un año y un día y tres años o la expulsión del Colegio, lo cual conlleva la inhabilitación para cualquier colegiación o incorporación en otro Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria.

Las sanciones oscilan desde la amonestación privada o pública a la multa de 5.000 euros e, incluso, la expulsión del Colegio de Veterinarios

“Lo habitual es que los casos se muevan entre leves y graves”, afirma García. Por tanto, faltas muy graves ha habido muy pocas. Recuerda una: un incumplimiento de una suspensión de actividad. “En función de esto las sanciones van desde apercibimientos en los primeros casos hasta temas que ya van desde sanciones económicas que ahora se han incluido en los estatutos y a suspensiones de colegiación”, concluye el presidente del COVIB.

Irregularidades en la gestión del estercolero

Jerónimo Roldán, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., figura en uno de los expedientes administrativos consultados por elDiario.es y que abrió la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern balear.

En dicho documento, referente a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador en materia de sanidad animal, se narran una serie de actuaciones que finalizan el 12 de diciembre de 2023, después de que la jefa de Servicio de Producción de Ganadería emitiera un informe en relación a las deficiencias sobre el estercolero y el plan de producción y gestión de estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes, Mirabó y Es Caparó.

Anteriormente, el 27 de abril de 2023, el jefe del departamento de Evaluaciones Ambientales tramitó el acta del Servicio de Agentes de Medio Ambiente del 24 de marzo del mismo año, en relación a una inspección llevada a cabo a raíz de una denuncia realizada por los vecinos “debido a las molestias por los olores provenientes de unas instalaciones agrícolas” de Llucmajor.

El 24 de marzo, los agentes de Medio Ambiente constataron, en la finca de Sa Llapassa, las siguientes cuestiones: en ese momento había siete naves con un total de 120.000 gallinas; se percibe un fuerte olor fecal en la finca y fuera del recinto de las aves, donde han se encuentra una plataforma de unos 4.835 metros cuadrados con gran cantidad de estiércol.

El 8 de septiembre, un agente del Servicio de Producción Ganadera, junto a un técnico del IRFAP (Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Illes Balears), hicieron una inspección en las instalaciones, a petición del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. En dicha inspección se persona Jerónimo Roldán Henares, quien manifiesta ser, según el documento, el gerente y veterinario de Avícola Son Perot S.A.

En dicha inspección, se verifica que en la plataforma de 5.000 metros cuadrados con suelo de hormigón hay montañas de estiércol de unos tres metros de altura; en el camino cercano a la plataforma, hay una acequia sin impermeabilizar, de aproximadamente unos 40 centímetros y unos 15 centímetros de lixiviados (líquidos contaminantes); las montañas de estiércol no están cubiertas y hay “una gran proliferación de moscas y el olor a estiércol de gallina es muy evidente”.

La inspección constató que había montañas de estiércol de unos tres metros de altura y 'una gran proliferación de moscas y olor a estiércol de gallina' que eran 'muy evidentes'. Los agentes preguntaron al veterinario si disponía de un plan de desinsectación y dijo que no, según la inspección

Según el expediente, los agentes de control “piden al señor Jerónimo Roldán Henares si dispone de un plan de desinsectación y manifiesta que no”. Además, se le pregunta si dispone de una superficie agronómica y manifiesta que “la justificará”. Sin embargo, el 5 de octubre, el técnico del IRFAP emite un informe desfavorable al Plan de Producción y Gestión del estiércol del conjunto de las explotaciones ganaderas Mirabó, Es Caparó y Ses Cisternetes debido a que “no se adaptan a lo que prevén los artículos 49 y 50 y al anexo de la Ley 3/2019, de 31 de enero”, que corresponde a la ley agraria balear.

“Se verifica que el estercolero permanente presenta vertidos laterales que evidencian que no dispone de un sistema efectivo de recogida de lixiviados, ni se evitan filtraciones superficiales y que no está cubierto”, señala el informe.

El 13 de noviembre, Avícola Son Perot S.A. presentó alegaciones sobre este informe desfavorable. Unos días antes, el 7 de noviembre, la Comisión Balear de Medio Ambiente —órgano que depende de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— entregó un escrito, en representación de las asociaciones de vecinos, donde exponen que desde el año 2019 se producen “episodios de emisiones de gases y olores insoportables procedentes de una granja de gallinas ponedoras”, ubicada en la finca Sa Llapassa de Llucmajor. El 11 de diciembre, la jefa del Servicio de Producción Ganadera informa a la empresa de que las alegaciones no corrigen las deficiencias del Plan de Producción y Gestión del estercolero. Por estos motivos, al haberse acreditado cuatro infracciones, se propone una sanción de 17.000 euros.

En primer lugar, debido a que el estercolero permanente para las tres explotaciones de aves gallinas ponedoras —con capacidad total de 293.433 gallinas—, presenta “vertidos laterales que evidencian que no dispone de un sistema efectivo de recogida de lixiviados, ni se evitan filtraciones superficiales, provocando graves molestias” a los vecinos de la zona. En segundo, por no disponer de un plan de desinsectación. En tercero, por no tener cubierto el sistema de almacenaje del estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes, Mirabó y Es Caparó. En cuarto, por no disponer de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de las emisiones de partículas y olores. Este acuerdo fue notificado a la empresa el 26 de septiembre de 2024.

El 22 de abril de 2025, una resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adopta nuevas medidas. Entre ellas, la obligación de disminuir el número de gallinas ponedoras a 40.000 en un plazo máximo de seis meses, lo que la Conselleria de Agricultura llama “plan de desescalada”, que prohíbe la entrada de animales en la explotación.

Se ratifica, además, la prohibición de la entrada de estiércol en la finca de Sa Llapassa por parte de las explotaciones Mirabó y Es Caparó, ambas de Avícola Son Perot. La prohibición se argumenta debido a que “ya no se puede considerar parte de la unidad técnico económica de la explotación Avícola Son Perot S.A.” y tampoco es un “gestor SANDACH (acrónimo de subproductos animales no destinados al consumo humano) autorizado”.

Por último, se insiste en que no se ha atendido al requerimiento de presentar el Plan de Producción y Gestión de estiércol de las explotaciones de Es Mirabó y Es Caparó “conforme a la norma”. “No se ha llevado a cabo el restablecimiento de las condiciones iniciales del estercolero de Sa Llapassa, entendiendo como condiciones iniciales, que el recinto esté libre de estiércol y gallinácea de otras explotaciones que no sean la de Ses Cisternetes y conforme a la norma”.