Booking elimina miles de anuncios de pisos turísticos en Canarias por incumplimiento

Booking ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, la mayoría ubicados en Canarias. Se trata del primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha informado de la detección de publicidad ilícita en su plataforma e instando a su retirada . Otras comunidades donde se han eliminado anuncios son Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. En un comunicado, el departamento ministerial dirigido por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente. Además, el ministro ha denunciado que «la proliferación indiscriminada » de este tipo de alojamientos es una de las causas que hay tras las «dificultades» en el acceso a la vivienda en España, especialmente en zonas con mayor afluencia de turistas. Esta acción de Consumo se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera un segundo auto en el que desestimó el recurso de reposición de Airbnb y respaldó la r etirada de 5.800 anuncios en esta plataforma. Por su parte, Airbnb defendió que el nuevo auto de la justicia es una «resolución preliminar» que «no entra en el fondo del caso». La firma considera que las acciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 van «en contra» de la normativa española aplicable. En mayo, Consumo instó a la compañía al bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. En concreto, esta retirada de anuncios corresponde a la primera de un total de tres requerimientos. Entre lasa infracciones más frecuentes se encuentra que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, o que no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores , de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares. En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.