La UCO registra la casa de la expresidenta de Adif en busca de pruebas del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en el domicilio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera , por orden del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo para registrar la vivienda en busca de pruebas de la presunta trama de corrupción , según confirman fuentes de la investigación a ABC. Los agentes también han registrado la casa del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero , en el marco de la causa que sigue el juez Ismael Moreno. Se ha declarado el secreto de las actuaciones. El movimiento llega después de que el Tribunal Supremo apreciara en su último auto la existencia de «indicios consistentes» contra ellos e informara al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional al no ser ninguno aforado. El informe de la UCO sobre amaños en adjudicaciones de obra pública no sólo implicaba al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, sino también a la que fuera Pardo de Vera y a Herrero. Según ese informe de la Guardia Civil, el exasesor ministerial Koldo García se valía presuntamente para "la manipulación de los procesos de contratación (...) de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director General de Carreteras, Javier Herrero, cada uno dentro de su ámbito de actuación". En el oficio policial, constan mensajes de Herrero a Koldo en los que se revela incluso un intento de cambiar el sistema de adjudicaciones. "Estamos intentado enredar para tener más control en el sistema de licitaciones para poder tener más control. Pero hay que trabajar a interventores y abogados del estado", escribió en abril de 2019. Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif de 2018 a 2021, ya estaba imputada en la Audiencia Nacional por su papel en la contratación de Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco (dependiente de Transportes) y Tragsatec (Ministerio de Agricultura). La mujer estuvo contratada como administrativa en las compañía públicas entre febrero de 2019 y septiembre de 2021 pero, según su propio testimonio en sede judicial, no fue a trabajar ni un sólo día.