Flavia Liberona (Terram) por proyecto minero-portuario Dominga: “Nunca debió ser acogido a trámite”

La polémica entorno al proyecto minero-portuario Dominga parece estar lejos de acabar. Mientras el Ejecutivo espera la resolución de la Corte Suprema a su recurso de casación en contra de la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Andes Iron celebra el fallo del Tribunal Constitucional. Pero este proyecto no es la única preocupación de organizaciones ambientalistas. El avance del Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales genera inquietud y alarma.

El pasado 12 de junio, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencias presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra del Primer Tribunal Ambiental, a quien acusó de invadir las atribuciones del Comité de Ministros.

Tras rechazar la contienda, el Tribunal Constitucional ordenó levantar la suspensión del procedimiento administrativo del proyecto Dominga. Asimismo, enfatizó que cualquier impugnación sobre el fondo debe ventilarse en tribunales ordinarios mediante los recursos pertinentes.

La resolución eliminó el último obstáculo jurisdiccional para el proyecto Dominga y permite a Andes Iron continuar el proceso de evaluación ambiental conforme a lo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en diciembre de 2024.

Pese a lo anterior, Dominga sigue su curso en tribunales: Recordemos que el pasado 19 de mayo, la Corte Suprema dejó “en acuerdo” el recurso de casación presentado por el Ejecutivo en contra el Primer Tribunal Ambiental.

Por otra parte, el Proyecto Ley de Permisos Sectoriales, el cual busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios, avanza en el Congreso Nacional generando la preocupación de las organizaciones ambientales.

Para conocer más detalles sobre la larga tramitación del proyecto minero portuario y el avance del Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, conversamos con la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, quien aseguró que Dominga “nunca debió haber sido acogido a trámite”.

– ¿Cuáles son las fallas del proyecto minero y por qué ha pasado más de 10 años de tramitación?

Desde nuestra perspectiva, el proyecto minero-portuario Dominga no debió acogerse el año 2013 a tramitación ambiental debido a que el estudio que presentaron tenía importantes falencias de información. Esto motivó a que durante el proceso de evaluación ambiental tanto la ciudadanía como los servicios públicos hicieran muchas observaciones ante las cuales el titular del proyecto debió responder en tres ocasiones.

Esto genera evidentemente que los procesos de evaluación sean más largos, pero no tiene que ver con el trabajo que hacen los funcionarios públicos o las observaciones ciudadanas, sino con el tiempo que se toma el titular del proyecto, el que presenta el proyecto, en responder las preguntas, aclaraciones y complementar la información que no venían desde el inicio. Y en ese sentido, creemos que deben haber más requisitos de entrada, ser mucho más exigente con la entrada al sistema de evaluación de impacto ambiental para así evitar que se produzca después un retraso en la tramitación.

Si uno mira el caso de Dominga u otros proyectos que están en conflicto ambiental, lo primero que hay que observar es que en estos casos los proyectos presentaron muchas observaciones de los servicios públicos y el titular del proyecto se tomó un tiempo  considerable en responderla. Entonces cuando se analizan los plazos se pone en un mismo saco el tiempo de los servicios públicos y la ciudadanía con el de los titulares de proyectos. Sin embargo, hay que tener súper claro que la ley ambiental a las instituciones públicas y a la ciudadanía les establece plazos fijos, mientras que los plazos para las empresas son discrecionales.

En la página del Servicio de Evaluación Ambiental están las estadísticas del número de proyectos sometidos a evaluación y los plazos que tardaron, ya sea por declaración de impacto ambiental o por estudio en aprobarse. Y esto está de acuerdo a la legislación vigente, es decir, los servicios públicos cumplen con los plazos establecidos en la ley. Por otra parte, si uno mira la cantidad de proyectos y lo confronta con el número de conflictos, el porcentaje de proyectos que entran en conflicto es un porcentaje muy bajo en relación a la cantidad de proyectos que realmente están siendo evaluados año a año.

– ¿Qué debería cambiar en la legislación de nuestro país para evitar que proyectos pasen más de una década en tramitación? 

Evidentemente se requiere mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental en muchos sentidos. Desde Fundación Terram hemos planteado que cualquier reforma que se haga tiene que mirar el sistema en forma integral y no sólo mirar aquellos aspectos que según el sector empresarial generan trabajo a la inversión. Eso es una forma sesgada de mirar el proceso y una forma tendiente a flexibilizar la regulación ambiental.

– ¿Cuál es su visión del Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales que avanza en el Congreso? ¿Es un peligro para la protección ambiental?

Si bien tiene como objetivo de alguna manera reducir los tiempos en la obtención de permisos sectoriales, no ambientales, en el fondo también aborda temáticas ambientales.

Desde nuestra perspectiva este es un proyecto que por una parte no resuelve el problema que delata el sector empresarial, pero también es una forma velada de flexibilizar la regulación ambiental y particularmente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Dado que si bien el proyecto dice explícitamente que este proyecto de ley no tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental, finalmente sí lo hace a través de la forma en que se otorgan los permisos ambientales sectoriales y eso está establecido en el proyecto de ley que ya está siendo aprobado.

Estos permisos están regulados dentro de la ley ambiental y si estos permisos son otorgados, se le quita fuerza a todos los procesos de reclamación administrativa o judicial posterior que puedan existir, debido a que facilita que los proyectos inician su construcción o ejecución y en ese sentido nos parece tremendamente peligroso que esto sea así, dado que, por ejemplo, uno de los permisos ambientales sectoriales se refiere a la  tala de bosque nativo. Entonces si un proyecto se aprueba y se autoriza la tala de bosque nativo, que es motivo de la defensa de un grupo ambiental como una organización, una vez que esto se judicialice cobra poco sentido dado que el bosque ya ha sido talado.