Chile Vamos evalúa apoyar solicitud de destitución contra Claudio Orrego tras informe de Contraloría

Los consejeros regionales de Chile Vamos están considerando respaldar una eventual solicitud de destitución contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un informe de Contraloría detectara presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos durante su campaña para la reelección.

Según el documento, la autoridad habría destinado 31 millones de pesos del presupuesto regional a asesorías de coaching que abordaban temas de contingencia política en plena época electoral a fines de 2024.

Estos antecedentes han motivado a la bancada de consejeros republicanos, los que cuenta con 11 de los 34 cores— a impulsar la destitución de Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), buscando sumar a Chile Vamos para alcanzar el tercio necesario que permita presentar formalmente la acusación.

En ese sentido, el consejero del Partido Republicano, Ignacio Dülger, sostuvo que:  “El informe de Contraloría es muy claro. Ahí se establece una posible contravención grave a la probidad administrativa. Por eso corresponde que estudiemos esta destitución”

Asimismo, desde la UDI, la consejera regional metropolitana Nicole Aguilera aseguró que están coordinando esfuerzos con Republicanos, pero que la decisión final se tomará tras la sesión plenaria del próximo miércoles 11 de junio, donde Orrego deberá presentar sus descargos. “Estamos en contra de todas las irregularidades que se han denunciado, más aún si se trata de recursos públicos”, añadió.

En tanto, la diputada independiente Camila Musante, integrante de la bancada del PPD, también expresó su respaldo a una eventual destitución. “Si se comprueba el uso de recursos públicos con fines distintos a los permitidos por ley, entonces debe proceder la destitución de la autoridad correspondiente”, afirmó.

Frente a estos antecedentes, Claudio Orrego ha negado las acusaciones y presentó un recurso de reconsideración ante Contraloría. Además, el caso ya llegó al Ministerio Público, donde el fiscal nacional Ángel Valencia encomendó la investigación a la Fiscalía Metropolitana Oriente, aunque aún no se nombra al fiscal a cargo ni se han definido las primeras diligencias.