Cárceles migratorias: el motor económico de pueblos en EU
El sol aún caía a plomo sobre Nuevo México cuando un autobús llegó al estacionamiento del Centro de Detención del Condado de Torrance, en el pequeño pueblo de Estancia. Detrás de las ventanas enrejadas se distinguían las siluetas de decenas de hombres. Muchos de ellos nunca habían estado en Nuevo México. Es marzo, y el estado de Nuevo México es más fresco y seco que Florida, donde estaban esa mañana antes de ser obligados a subir a un avión, esposados por las muñecas, la cintura y los tobillos, y trasladados hasta aquí.
Están en Nuevo México porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se está quedando sin espacio. Tras la promesa del presidente Donald Trump de implementar la mayor ofensiva migratoria en la historia de Estados Unidos, hombres como los de este autobús están siendo perseguidos por el ICE y las fuerzas del orden locales de forma sin precedentes. Los centros de detención más cercanos están desbordados. Así que el ICE los trae aquí.
John, originario de la zona de Tampa, va esposado en ese autobús. Su visión es borrosa; alguien le cayó encima y le rompió las gafas mientras dormía en el suelo en un centro del ICE en Miami. John, quien pidió ser identificado con un seudónimo por temor a represalias por hablar con la prensa, fue detenido en un registro rutinario en el marco de un programa especial de infractores no violentos sin antecedentes. Ahora está a casi 3 mil 200 kilómetros de su casa, de su abuela y de sus dos perros. Sabía que era una mala señal cuando escuchó a los oficiales del ICE hablar de su inminente traslado, pero no supo adónde iba hasta que el avión despegó.
Durante las siguientes semanas, John pasará noches de insomnio y frío en su celda. Se unirá a un estudio bíblico improvisado con otros chicos de su unidad y verá a los más jóvenes compartir sus abrigos con adultos mayores durante el receso. Comerá en una habitación con el suelo cubierto de heces. Pedirá, muchas veces, suministros para limpiarlo. Acudirá a enfermería por su espalda, su visión y su presión arterial. Solo recibirá Tylenol. Participará en una huelga de hambre. Verá a hombres beber agua de un cubo de basura. Y poco a poco empezará a anhelar ser deportado a El Salvador, un país que apenas conoce porque emigró siendo niño. Ansiará la deportación, pero no la conseguirá, porque esta es una cárcel del ICE que casi no tiene funcionarios del ICE.
CoreCivic, el gigante carcelario que controla la economía local
Quizás las cosas podrían haber sido diferentes. Mientras el avión de John aguardaba en la pista del aeropuerto de Miami, la comisionada Linda Jaramillo se encontraba en una oficina gubernamental en Estancia, cabecera municipal del condado de Torrance, hablando del centro de detención privado que pronto recibiría al salvadoreño. El contrato de más de dos millones de dólares mensuales del condado de Torrance con el ICE estaba a punto de expirar a menos que Jaramillo y otros dos comisionados del condado votaran a favor de extenderlo.
Abogados y defensores de migrantes estaban allí para rogarles que no extendieran el contrato. El Centro de Detención del Condado de Torrance es uno de los más problemáticos del sistema, argumentaron. Tiene un largo historial de deficiencias que en 2022 provocó que una dependencia federal exigiera una evacuación inmediata, algo que el ICE se negó a hacer tras cuestionar las conclusiones. En la reunión, un activista leyó el testimonio de un hombre detenido en el centro, quien dijo que tuvo que esperar casi cuatro horas a que una ambulancia lo llevara a recibir tratamiento por una quemadura de tercer grado que sufrió mientras trabajaba en la cocina para ganar dinero y llamar a su familia. “Por favor, de verdad, necesitamos ayuda de los que están afuera”, leyó el activista. “Somos seres humanos. Por favor. No somos prisioneros, no somos animales. Somos seres humanos. Les pido que no extiendan el contrato”.
Nadie tuvo que hablar a favor de prolongar la vigencia del contrato con el ICE; no hacía falta. Desde la firma del contrato hace seis años, la Comisión del Condado de Torrance ha votado a favor de aprobar extensiones regulares sin preocuparse por su papel en la política migratoria estadounidense.
Jaramillo es la comisionada más reciente, la única mujer y la única hispanohablante. Republicana, llegó a su puesto actual con 25 años de experiencia como secretaria del condado, pero servir como comisionada es distinto: ahora tiene más poder, afirma. Ese día se comprometió a usar su autoridad para visitar el centro de detención y ver con sus propios ojos cómo era realmente el interior. Y luego votó a favor de extender el contrato con el ICE.
Después de todo, este es un pueblo ligado íntimamente al ICE: una población convencida de que su supervivencia financiera depende del cautiverio de las personas. No es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en esta versión del pueblo-prisión, muchas de las personas tras las rejas no han sido condenadas por ningún delito.
El motor económico de Estancia se alimenta de la creciente cantidad de inmigrantes bajo custodia del ICE. No se trata de personas que hayan entrado recientemente a Estados Unidos; los cruces fronterizos se han reducido drásticamente. En muchos casos, las personas recluidas aquí llevaban años viviendo en Estados Unidos cuando fueron detenidas en las redadas emprendidas por todo el país, el intento de Trump de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas.
Cómo Trump reactivó los centros de detención rurales
Trump necesita estas ciudades y necesita autoridades locales dispuestas, y a veces deseosas, de firmar acuerdos que mantengan abiertos los centros de detención privados, sin importar las condiciones dentro de estos sitios. La administración Trump ha procurado eliminar la discrecionalidad utilizada por gobiernos anteriores para liberar a las personas detenidas antes de las audiencias de inmigración, lo que ha incrementado la necesidad de espacios de detención que podrían costar a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares. Hoy hay unos 30 condados nuevos que, mediante acuerdos con el gobierno federal, han comenzado a utilizar sus cárceles para la detención de inmigrantes. Y si la tendencia sigue, el gobierno pronto estará destinando hasta 45 mil millones de dólares adicionales a contratos de esta naturaleza.
Negocios con el ICE: millones por camas ocupadas (o vacías)
El Condado de Torrance cobra al ICE por recluir migrantes, pero no se queda con ese dinero; éste va a parar a CoreCivic Inc., un gigante de la industria carcelaria privada, propietario y operador del centro de detención. Así, el pueblo de Estancia depende tanto del ICE como de CoreCivic. La empresa genera empleos (unos 93 en un condado con una población de aproximadamente 16 mil habitantes) y una buena suma de ingresos fiscales.
CoreCivic posee dos centros de detención del ICE en Nuevo México, con ellos genera más de 300 empleos, y la mayoría del personal vive cerca o dentro de los condados, según informó por correo electrónico Brian Todd, un portavoz de la empresa. La empresa paga más de 40 millones de dólares anuales en salarios y prestaciones, servicios públicos, cuotas por impacto e impuestos, añadió.
Cuando los derechos humanos no caben en el contrato
CoreCivic no vigila el cumplimiento de las leyes de inmigración ni determina la deportación, liberación o traslado de personas, aclaró. “En CoreCivic estamos comprometidos a brindar atención segura, humana y apropiada a personas en nuestras instalaciones”, dijo. “Nuestra responsabilidad es atender a cada persona con respeto y humanidad, mientras reciben el debido proceso al que tienen derecho”.
Jaramillo, como casi todos en Torrance, conoce a muchas personas que trabajan en CoreCivic. Su hermano trabajó 20 años como guardia en el centro de detención. Y CoreCivic siempre está contratando; un cartel en la calle principal de Estancia anuncia un salario de 22.50 dólares por hora y vacantes para oficiales de detención y “personal médico/esencial”.
“Ese es mi dilema”, reconoce Jaramillo. “No quiero que cierre, porque es un buen lugar para trabajar. Pero no quiero que nadie sea tratado con crueldad”. Aunque añade: “Ni siquiera sé si eso es cierto”.
La prisión como salvación económica… y como trampa política
Durante más de un siglo, el condado de Torrance fue una potencia agrícola que producía alfalfa, calabazas, maíz y frijoles. El pueblo de Mountainair, a unos 25 minutos de Estancia, se autodenominaba con orgullo la capital mundial del frijol pinto. La vía ferroviaria New Mexico Central Railroad y, posteriormente, la carretera federal Ruta 66 atrajeron a estadounidenses de todas partes a los pequeños pueblos de Torrance. Estancia se convirtió en un destino turístico, con un periódico de prestigio, restaurantes, bares y un cine.
Pero la sequía diezmó las granjas locales en la década de 1930, los cultivos se perdieron y el valor de las propiedades se desplomó. En la década de 1970, Estancia sufrió otro golpe cuando se construyó la Interestatal 40 a unos 30 km al norte del pueblo, los viajeros dejaron de llegar.
Si esto te suena familiar, es porque es la trama de la película Cars de Pixar, de la que el alcalde de Estancia, Nathan Dial, suele decir que es más documental que ficción. En la película, el pueblo recobra su esplendor cuando Rayo McQueen traslada allí su cuartel general.
Estancia tiene un salvador diferente. CoreCivic fue fundada como Corrections Corp. of America (CCA) en 1983 por Terrell Don Hutto, Robert Crants y Tom Beasley. Hutto dirigía las correccionales del estado de Arkansas, Crants era ejecutivo inmobiliario y Beasley, líder del Partido Republicano de Tennessee. El objetivo era la eficiencia: bajos costos y altos retornos. Las cárceles privadas “se venden como si vendieras autos, bienes raíces o hamburguesas”, dijo Beasley en un artículo de 1988 en la revista Inc.
Tenían algo más a su favor: la demanda. La guerra contra las drogas de Ronald Reagan había provocado un aumento repentino de casos penales. Luego el Congreso aprobó la Ley de Reforma de Fianzas de 1984, que impulsó la figura de la prisión preventiva al permitir que los jueces citaran la seguridad comunitaria para denegar la fianza. CCA y otras compañías en esta industria emergente vieron una oportunidad en Nuevo México. El terreno era barato y los políticos estatales estaban entusiasmados con la idea de proporcionar espacio carcelario. En noviembre de 1990, CCA inauguró el Centro de Detención del Condado de Torrance en un terreno a las afueras de Estancia. Los informes periodísticos de la época estimaron el costo en aproximadamente 7 millones de dólares.
De 1985 a 1997, la población carcelaria estadounidense se duplicó, y el número de personas detenidas en centros privados en todo el mundo aumentó de 3 mil 100 a más de 132 mil, la gran mayoría en Estados Unidos. CCA captó gran parte de ese crecimiento, y Nuevo México fue el epicentro. Para 2016, el estado encabezaba a nivel nacional el porcentaje de personas recluidas en cárceles privadas.
Pero esas tendencias comenzaron a cambiar. El gobierno de Obama revisó las pautas para imposición de condenas en delitos menores relacionados con drogas. Un memorando del Departamento de Justicia de 2016 fue un paso más allá, ordenando a la Oficina Federal de Prisiones no renovar sus contratos con empresas carcelarias privadas. Ese octubre, CCA cambió su nombre a CoreCivic, como parte de un viraje que la compañía afirmó estar realizando hacia el “negocio de soluciones inmobiliarias”.
Las primeras señales de que el negocio de CoreCivic en Nuevo México no iba bien se produjeron en el condado de Cibola, a unas dos horas en coche al oeste de Estancia, en un centro correccional que la compañía había adquirido a finales de los años 90. Cibola también atravesaba momentos difíciles: las minas que habían impulsado su economía cerraron y mucha gente cambió de residencia. Esta prisión, así como otras dos repartidas por el condado, se convirtieron en un motor económico.
Pero en 2016, CoreCivic perdió su contrato con la Oficina de Prisiones para el centro de Cibola. Bajo la dirección de la entonces fiscal general adjunta, Sally Yates, la Oficina había comenzado a reducir su dependencia de las prisiones privadas, con el objetivo de eliminar dichos contratos por completo. Cibola, donde los supervisores de la Oficina de Prisiones documentaron atención médica deficiente y un reportaje de The Nation reveló errores relacionados con una serie de muertes, era un candidato obvio para la terminación del acuerdo contractual. En el centro de detención de Torrance, el número de personas bajo custodia federal se redujo tanto que, en agosto de 2017, CoreCivic informó a sus inversores que el centro de detención suspendería actividades. Tres meses después de su cierre, el condado de Torrance solicitó fondos de emergencia al gobierno estatal.
Si CoreCivic era el sustento de estos condados rurales, el ICE era el sustento de CoreCivic. En mayo de 2019, el ICE llegó a un acuerdo con el condado de Torrance que resolvió los problemas de la empresa. El Servicio de Inmigración prometió pagar 714 camas mensuales, independientemente de si se llenaban o no. De este modo, CoreCivic había garantizado ingresos para un centro en medio de la nada. El Centro de Detención del Condado de Torrance reabrió sus puertas.
Los pueblos-prisión llevan mucho tiempo afirmando que las cárceles constituyen su única forma de subsistencia, pero las investigaciones sugieren que eso no es cierto. “La construcción de prisiones impide el crecimiento económico en los condados rurales, especialmente en aquellos con un bajo nivel educativo”, planteó Gregory Hooks, sociólogo que estudia el fenómeno, en un estudio de 2010 sobre el impacto económico en dichas ciudades entre 1976 y 2004. Los recursos destinados a servicios comunitarios terminan siendo canalizados al mantenimiento de estas instalaciones, reveló Hooks en otro informe.
Pero ¿qué hacer cuando una población ya es totalmente dependiente? En Nuevo México, las autoridades locales citan la realidad económica de sus condados como prueba de que necesitan estos contratos y de que necesitan a CoreCivic. “Ellos son mejores en esto que nosotros”, afirma Kate Fletcher, administradora del condado de Cibola. Durante años, el condado gastó unos 5 millones de dólares anuales en la manutención de reclusos en una cárcel cercana, afirma. A finales de 2016, CoreCivic llegó a un acuerdo con el ICE para proporcionar servicios de reclusión en las instalaciones de Cibola con capacidad de hasta mil 116 personas. Al año siguiente, CoreCivic comenzó a gestionar a los reclusos del condado, reduciendo significativamente los costos para el gobierno. Además, el condado recibe una pequeña tasa administrativa por su papel de intermediario.
Cibola también alberga una segunda prisión de CoreCivic y un centro de detención estatal. Para los estándares rurales, la zona tiene mucho movimiento, y Fletcher asegura que gracias a las prisiones los residentes no emigran a otras partes. El condado está considerando vender su cárcel cerrada (con un régimen de seguridad superior) a CoreCivic o al estado de Nuevo México, afirma. Esto se traduciría en un cuarto centro de detención en el condado de Cibola.
En Estancia, CoreCivic aporta la mayor parte de los ingresos fiscales de la ciudad. En lugar de un impuesto sobre las ventas o IVA, Nuevo México tiene un impuesto sobre los ingresos brutos, que grava al vendedor de los bienes y no al comprador. En 2024, el 60 por ciento de los impuestos sobre los ingresos brutos en Estancia provinieron de instituciones penitenciarias, según una revisión de datos fiscales estatales realizada por Bloomberg Businessweek.
Para CoreCivic, lo que hace que el contrato con el ICE sea tan valioso son los ingresos mensuales garantizados, transferidos a través del condado. A su vez, la empresa debe cumplir ciertos requisitos, incluyendo mantener suficiente personal para el correcto funcionamiento de las instalaciones. De no hacerlo, el ICE puede emitir un informe de discrepancia contractual que conlleva una sanción económica. La última vez que el ICE emitió un informe de discrepancia contractual por falta de personal fue en marzo de 2022, el resultado fue que el ingreso mensual de CoreCivic se redujo en un 25 por ciento, y el ICE redujo el mínimo de camas que la agencia prometió pagar, desde 714 a 505.
Detengámonos un momento en esos números. La tarifa que el ICE paga por cada cama ha aumentado en los últimos tres años. En octubre de 2024 comenzó a pagar 2.3 millones de dólares al mes por 505 camas, 100 mil dólares más de lo que pagaba por 714 camas antes de que la empresa fuera sancionada. Cuando los detenidos por el ICE superan los 505, CoreCivic recibe un pago mayor.
A pesar de la importancia de CoreCivic como empleador local, gran parte del personal de su centro de detención en Estancia es foráneo. Muchos de ellos son trabajadores temporales, traídos desde Houston o desde otros lugares y alojados en hoteles locales. Esto era especialmente cierto antes de una inspección programada, según Michael Sedgwick, quien fue subdirector del Centro de Detención del Condado de Torrance de 2020 a 2022 (anteriormente ocupó el mismo cargo en Cibola). “Necesitábamos personal”, dice Sedgwick, “simplemente no lo teníamos, siempre necesitábamos oficiales y enfermeras”.
Si preguntas la razón, los lugareños te la explicarán. El ICE exige que todo el personal de un centro de detención se someta a una verificación de antecedentes penales y crediticios. “Si tienes una comunidad local pequeña y sin dinero, su historial crediticio no será bueno”, apunta Dial, el alcalde de Estancia. La empresa ha intentado adaptarse a estas circunstancias contratando a jóvenes recién salidos de la preparatoria.
Dial, quien tiene unos 50 años, es un veterano del ejército que estuvo en Afganistán y se autodenomina “alcalde republicano en un condado republicano de un estado demócrata”. En una reunión que sostuvo la Comisión del Condado en marzo, escuchó informar a Sophia Genovese, abogada de inmigración del New Mexico Immigrant Law Center, que en el centro de detención había actualmente un grupo de hombres afganos que migraron tras la repentina y caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. “Estos hombres que salvaron vidas estadounidenses y afganas fueron abandonados en las labores de evacuación, sabiendo perfectamente que serían asesinados si se quedaban en Afganistán”, dijo Genovese durante su petición a los comisionados para que votaran en contra de la extensión del contrato con el ICE. “Estos valientes hombres huyeron a Estados Unidos pensando que aquí serían bienvenidos. En cambio, han sido detenidos. Y lo más indignante es que la ley no exige su detención”.
Dial dice que no había oído hablar de afganos en el centro de detención, pero no le sorprende. Así es la guerra, afirma. “No es nada personal”. Dial ha sido un ferviente defensor del contrato con el ICE. Asegura haber visitado las instalaciones como alcalde y no haber encontrado ningún problema importante. “De todas las cosas que el gobierno debería gestionar, deberían ser las prisiones”, afirma. “Esa es mi opinión personal. Pero como alcalde, entiendo que son el sustento de la ciudad”.
Los inspectores federales han expresado numerosas preocupaciones sobre Torrance. En marzo de 2022, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta administrativa instando a que todas las personas bajo custodia del ICE fueran evacuadas del centro de inmediato. La alerta describía una “grave escasez de personal” con solo el 54 por ciento de los puestos requeridos cubiertos. CoreCivic refutó las conclusiones y acusó a los inspectores de tergiversar las pruebas intencionalmente. El ICE apoyó a CoreCivic y se opuso al informe, incluso afirmó que un inspector había actuado de forma poco profesional al manifestar que “no hay forma de que este lugar pueda alojar detenidos”. El ICE también rechazó las cifras de personal del inspector general, argumentando que CoreCivic cumplía con su contrato.
En el verano de 2022, Kesley Vial, un brasileño de 23 años bajo custodia del ICE en el Centro de Detención del Condado de Torrance, murió tras ahorcarse con una sábana. En un informe publicado por el ICE tras el suicidio, una unidad externa de revisión y análisis declaró haber descubierto que ocho miembros del personal carecían de documentación que acreditara haber completado la capacitación requerida, aunque el ICE señaló que esto no debía interpretarse como un factor contribuyente a la muerte de Vial. CoreCivic expresó estar profundamente consternada por el fallecimiento. Un mes después de la muerte, el inspector general publicó un informe completo con varias recomendaciones sobre la dotación de personal y otras preocupaciones. El ICE y CoreCivic estuvieron de acuerdo con muchas de ellas.
En febrero de 2025, un grupo de informantes que trabajaron en el centro envió una carta al Congreso acusando a CoreCivic de falsificar documentos para encubrir la escasez crónica de personal. La carta solicitaba al Congreso investigar lo que denominó “probable fraude” y “condiciones abusivas”. En respuesta a la carta, CoreCivic dijo que negaba “vehementemente” las acusaciones y que no había “ninguna evidencia que respaldara que nuestro personal en el Centro de Detención del Condado de Torrance (TCDF) falsificara documentos o actuara en connivencia con los inspectores durante alguna inspección federal”.
Sedgwick, exsubdirector del centro, y otros tres exempleados de CoreCivic en Nuevo México, afirman haber expresado reiteradamente su preocupación por la escasez de personal a la gerencia. También afirman que se vieron obligados a realizar trabajos para los que habían recibido poca o ninguna capacitación. “No querría que mis familiares estuvieran en ese centro”, dice un empleado que dejó la empresa en diciembre y pidió no ser identificado por temor a represalias. “Pensé que yo podía cambiar la situación. No fue así”.
En respuesta a preguntas de Businessweek, CoreCivic mencionó auditorías recientes de la Oficina de Supervisión de Detenciones del ICE, que otorgaron al Centro de Detención del Condado de Torrance y al Centro Correccional del Condado de Cibola calificaciones generales “buenas” en el año fiscal 2024 y “superiores” en el año fiscal 2025. Bajo la presidencia de Trump, la supervisión de los centros de detención ha disminuido. En febrero, el ‘zar de la frontera’, Tom Homan, declaró que el gobierno estaba trabajando para reducir las inspecciones federales de las cárceles y prisiones locales que usa el ICE para retener personas. Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas para desmantelar la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, así como la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos, dos subdependencias que han documentado problemas en el Centro de Detención del Condado de Torrance.
El autobús en el que viajaba John a finales de marzo no era el primero en trasladar detenidos desde Florida al Condado de Torrance. Ni siquiera fue el primero esa semana. El centro de detención se llena cada vez más con hombres que, como John, fueron detenidos en redadas y operativos a lo largo del país. En el primer mes de Trump en la Casa Blanca, aproximadamente un 33 por ciento de las personas recluidas en centros de detención de Nuevo México fueron detenidas a más de 800 kilómetros de distancia, según un análisis de Bloomberg de datos recabados por Deportation Data Project. Esa cifra no llegaba al 13 por ciento durante la presidencia de Joe Biden.
¿Una crisis invisible? Falta de agua, hacinamiento y silencio oficial
A finales de abril, los reclusos de Torrance lidiaban con una nueva crisis. Una bomba en uno de los principales pozos de agua de Estancia no funcionaba y el suministro de agua a las instalaciones se cortaba intermitentemente, obligando a CoreCivic a depender de sus cisternas.
CoreCivic “indicó que no satisfacer las necesidades de agua del centro podría tener consecuencias para el acuerdo actual con el ICE”, según consta en las notas de una reunión del 29 de abril con autoridades locales. La noche siguiente, durante una reunión de emergencia en la biblioteca de Estancia, Ryan Schwebach, otro de los comisionados del Condado de Torrance, informó que CoreCivic era el mayor consumidor de agua del pueblo, representando aproximadamente una quinta parte del consumo de Estancia. “Consciente de esto, CoreCivic está tomando las medidas necesarias en el centro para reducir el consumo de agua”, dijo. “Estoy muy agradecido de que estén aquí”.
El 1 de mayo, la hija de un hondureño detenido en el centro envió un correo electrónico al ICE y a CoreCivic. “¡El Centro de Detención de Torrance lleva tres días sin agua! ¡Mi padre dice que el olor a heces es insoportable!”, escribió la mujer, Carol Barrios. “¡Esto es una crisis!”. Su padre, de 66 años y con antecedentes de problemas cardíacos, había sido trasladado a Nuevo México desde Florida tras ser detenido en el aeropuerto de Miami. Tiene una tarjeta de residencia permanente vigente (la green card), pero salió del país por siete años y regresó sin solicitar un permiso de reingreso. Barrios estaba tan preocupada que voló a Nuevo México ese fin de semana para visitarlo. Allí, cuenta, descubrió que los inodoros de la recepción no funcionaban, y su padre dijo que llevaba cuatro días sin ducharse.
Los hombres detenidos en el centro dijeron que solo podían beber dos botellas de agua al día hasta que CoreCivic les trajo contenedores con agua para beber. Se colocaron cubos de basura llenos de agua para que los hombres pudieran descargarlos en los inodoros, que estaban llenos de excremento, contaron. El olor a aguas residuales era insoportable. En correos electrónicos, CoreCivic aseveró que no había problemas de drenaje en las instalaciones, y que las fluctuaciones en la presión del agua habían provocado el desbordamiento de algunos inodoros “en raras ocasiones”. Las duchas tenían un horario, según la empresa, pero seguían estando disponibles para todos. El ICE, el Servicio de Alguaciles y el condado “han sido informados de esta situación y conocen nuestros planes de contingencia establecidos para gestionarla”, declaró CoreCivic.
El 8 de mayo, un funcionario del ICE visitó el centro de detención y se reunió con el padre de Barrios. “Tomo en consideración todo lo que usted me reporta”, escribió Mary De Anda-Ybarra, directora de la oficina de campo del ICE en El Paso, Texas, en un correo electrónico a Carol Barrios esa noche. “Entiendo que está cuidando a su padre, y es natural”.
El ICE no proporcionó comentarios antes de la publicación de este artículo. Tras la publicación, una portavoz del ICE declaró que la agencia “reconoce las preocupaciones planteadas con respecto al Centro de Detención del Condado de Torrance y mantiene su compromiso de abordarlas de manera oportuna y transparente”. Añadió que funcionarios del ICE visitan el centro al menos tres veces por semana para comunicarse con las personas detenidas y entregarles documentación, y que “la agencia prioriza la seguridad, el bienestar y el trato adecuado de las personas y evalúa continuamente las operaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos”.
El papel de Nuevo México en el nuevo régimen de detención incomoda a algunas personas en este estado demócrata. A principios de este año, en la legislatura estatal se presentó un proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos de los condados firmar contratos con el ICE para espacios de detención. Esfuerzos similares habían fracasado en el pasado, pero los activistas esperaban que la cruzada antimigrante de Trump generara un sentido de urgencia.
El proyecto de ley no avanzó en comisiones, pues el presidente del panel revisor, el senador Joseph Cervantes, optó por no discutirla. Cervantes, demócrata, representa a una zona del estado que incluye al condado de Otero, donde opera un centro de detención de mil camas bajo contrato con el ICE. Cervantes dice que le preocupa que la finalización de los acuerdos contractuales entre los condados y el ICE pudiera tener consecuencias no deseadas: ¿Qué pasaría si el gobierno federal comenzara a enviar más inmigrantes a estados menos benévolos con ellos, como Texas?
Pero no hay nada que sugiera que el trato en Nuevo México sea distinto. “A la gente de aquí no le importa que sea un estado demócrata”, comenta Zoe Bowman, abogada del centro de defensa de inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso. “Están muy bien documentadas las terribles condiciones dentro de los centros de detención de Nuevo México”.
Ante la falta de acción de la legislatura, los defensores de los inmigrantes han centrado su atención en funcionarios locales como Jaramillo. A mediados de abril, cumplió su promesa de visitar el Centro de Detención del Condado de Torrance, algo que Schwebach, quien preside la Comisión del Condado, afirmó haber hecho en el pasado. Jaramillo relata que visitó la biblioteca y la cocina y se reunió con un grupo de hombres mientras el director esperaba en la puerta. Los pisos estaban limpios, comenta, y no notó ningún olor. “Se quejaron de la comida. No tuvimos tiempo de entrar en detalles. Simplemente dijeron que no les gustaba la comida”. Esto fue antes de que se produjeran los cortes de agua y los problemas con los inodoros.
Jaramillo ha estado recibiendo correos electrónicos de personas del área de Miami cuyos seres queridos fueron transferidos a Torrance. Dice que expresan las mismas preocupaciones que ha escuchado de los activistas en las reuniones de la Comisión del Condado de Torrance. “Vi lo que vi, pero escucho a todos, a los que me escriben”, apunta.
En cuanto a cómo votará Jaramillo en octubre, cuando el contrato con el ICE vuelva a la agenda: “Estoy dividida”, comenta.
Aun si votara en contra de una extensión del contrato, tendría que haber otro voto en contra para rescindir el contrato. Eso nunca ha sucedido.
—Con la colaboración de Catarina Saraiva, Michael Smith, Nacha Cattan, Kayla Shea, Leon Yin y Jason Kao
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