“Contra el ajuste y la crueldad”: argentinos denuncian el alto costo social de los recortes de Milei

Una vez más, la plaza frente al Congreso argentino se convirtió en el escenario de una masiva protesta multisectorial contra el gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como la habitual manifestación semanal de jubilados, se transformó este miércoles en una convocatoria amplia y diversa, donde confluyeron médicos, científicos, feministas, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores en general.

La consigna que los reunió fue clara y contundente: “Contra el ajuste y la crueldad”. Las inmediaciones del Parlamento fueron cercadas por fuerzas de seguridad. Mientras al interior del edificio los diputados debatían medidas directamente relacionadas con las demandas sociales, miles de manifestantes -muchos de ellos disfrazados como “eternautas”, un guiño simbólico a la popular serie y a la resistencia en tiempos oscuros,- se reunieron para reclamar una mejora en las pensiones, el financiamiento de la salud y de la ciencia, y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

La movilización fue creciendo desde las primeras horas de la tarde, con columnas de ciudadanos de a pie sumándose de forma pacífica. La organización Abuelas de Plaza de Mayo también adhirió, destacando la necesidad de unir las luchas, al mismo tiempo que el colectivo Ni Una Menos decidió trasladar su tradicional marcha del 3 de junio a esta jornada, marcando su décimo aniversario acompañando a los sectores más golpeados por las políticas públicas del presidente libertario.

El reclamo central, sin embargo, sigue siendo el de los jubilados. En Argentina, el 63% de los retirados cobra la jubilación mínima, un ingreso que apenas roza la línea de pobreza, incluso con los bonos de refuerzo. Justamente, en medio de la protesta, la Cámara de Diputados aprobó un incremento del 7,2% en las pensiones y en el bono jubilatorio, que pasará de $70 mil a $110 mil pesos argentinos, junto a la extensión de la moratoria previsional. 

No obstante, el gobierno del libertario Javier Milei ya ha adelantado su intención de vetar estas medidas. “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, escribió el propio Milei en redes sociales.

En este contexto de recortes y conflictividad social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ha sido duramente cuestionada por el uso excesivo de la fuerza de las policías contra los jubilados en diversas manifestaciones, intentó bajar el tono en esta ocasión, asegurando que mientras las protestas se realicen “con tranquilidad, tendrán tranquilidad”. Pero, no dejó de apuntar a la presencia de partidos opositores, advirtiendo sobre un “nivel de provocación muy fuerte”.

Y es que Milei lo ha dicho sin rodeos desde el inicio: para frenar la inflación, que logró bajar del 210% al 47% anual y que según datos del FMI bajaría hasta el 35% durante este año, el gasto público debía ser drásticamente recortado. Una motosierra fue su símbolo de campaña, y la ha puesto en práctica desde el primer día. Así, Argentina alcanzó el primer superávit fiscal desde hace décadas. Pero este logro económico en los números, ha tenido un enorme costo social y que lleva a cuestionar si realmente se podría calificar como exitosa una política que está llevando a muchos argentinos a situaciones límites.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el de la salud pública. El Hospital Garrahan, emblema de la pediatría en el país, se encuentra al borde del colapso. Sus médicos residentes, que ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza, se declararon en huelga. Denuncian el desfinanciamiento del hospital y una fuga de personal hacia el sector privado. Si bien el gobierno prometió un aumento para los residentes, los fondos siguen siendo insuficientes frente a la inflación acumulada.

Otro sector que tomó las calles es el de las personas con discapacidad. Las auditorías masivas del gobierno provocaron la suspensión de miles de pensiones, bajo el argumento de que se trataba de casos fraudulentos. Sin embargo, las familias denuncian que se trata de un ajuste encubierto, acompañado por el congelamiento de aranceles para los profesionales que atienden a esta población.

En este sentido, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley -presentado por el partido opositor Unión por la Patria- que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027.

La iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Pero desde el gobierno ya anunciaron que rechazarán el proyecto por considerarlo “regresivo y asistencialista”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que si se aprueba la ley el Ejecutivo la vetará.

Los científicos tampoco han quedado al margen. Empleados del CONICET, símbolo del orgullo científico nacional, participaron en la movilización para denunciar el recorte presupuestario. Un país que ha sido cuna de Premios Nobel en medicina y química, hoy ve paralizados muchos de sus proyectos y una fuga creciente de talentos.

Aunque, como ya mencionamos, el sector más golpeado ha sido el de los jubilados. El dato preciso es que el 63,5% de los jubilados percibe la pensión mínima, que en mayo fue de $296 mil 481 pesos argentinos, es decir, unos $255 dólares. Esta cifra no alcanza para superar la línea de pobreza pues, según datos oficiales, una persona con vivienda propia necesita al menos $359 mil 243 pesos (310 dólares) para no ser considerada pobre.

Mientras, el Congreso sigue siendo epicentro del debate político y de la esperanza de millones de ciudadanos. Este miércoles, las calles hablaron fuerte, con miles de voces que piden ser escuchadas frente al ajuste económico que, aunque celebrado por algunos sectores, está dejando consecuencias cada vez más visibles en la vida cotidiana de los argentinos.