Fundación Terram cuestiona falta de transparencia en Estrategia Nacional del Litio
Fundación Terram publicó un informe que cuestiona la transparencia y los criterios utilizados por el gobierno en la clasificación de la Red de Salares Protegidos, una de las principales iniciativas de la Estrategia Nacional del Litio (ENL) presentada en 2023. Esta estrategia busca fortalecer el rol del Estado en el ciclo productivo del litio y conservar al menos el 30% de los salares del país, ecosistemas frágiles donde se encuentra este mineral.
El documento, “Análisis crítico de la clasificación de sistemas salinos según la Estrategia Nacional del Litio” elaborado por el geógrafo Pablo Madrid, advirtió sobre la superposición de concesiones mineras en salares estratégicos, la falta de estudios científicos sólidos y la escasa participación de comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones.
Según el análisis, la clasificación de los sistemas salinos carece de fundamentos científicos claros y presenta serias deficiencias en cuanto a acceso a la información pública y respeto por los derechos de los pueblos originarios.
El informe identifica conflictos regulatorios debido a la presencia de concesiones mineras en zonas que deberían estar protegidas, una alta concentración de estas en manos privadas y una preocupante falta de transparencia en la información georreferenciada disponible.
Mapa Clasificación Salares ENL. Foto: Fundación Terram.
En cuanto a la protección ambiental, se destacó la ausencia de estudios hidrogeológicos y ecológicos adecuados, sumado a una falta de evaluación en los impactos socioambientales.
Respecto a las comunidades indígenas, el documento señaló que los procesos de consulta son insuficientes y poco representativos. Además, criticó la implementación de transferencias económicas directas como mecanismo de compensación, en lugar de avanzar hacia modelos de coadministración de los salares protegidos que garanticen una participación efectiva.
De acuerdo a Madrid, la estrategia actual incurre en incoherencias jurídicas, margina a las comunidades directamente afectadas por la industria del litio y prioriza intereses económicos por sobre la conservación ambiental.
Por ello, hizo un llamado a mejorar la transparencia y el acceso a la información pública, fortalecer los procesos de consulta y participación ciudadana desde las etapas tempranas de planificación. De esta forma, se podría garantizar la compatibilidad entre la explotación del litio y la conservación ecológica.
El informe propone revisar el modelo actual de concesiones mineras, avanzando hacia mecanismos de licitación pública con criterios claros y rendición de cuentas, que reduzcan la concentración de poder y aumenten la transparencia en la asignación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL).