¿Fin al Reinfo? Predictamen de Ley Mape se debatirá este martes 3 de junio en el Congreso
Luego de varios meses, el Congreso comenzará la discusión del dictamen de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que reemplazará al Reinfo. Para analizar esta propuesta legislativa, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, convocó a una sesión ordinaria este martes 3 de junio.
La urgencia de abordar esta iniciativa se debe a que, a fines de junio vence el plazo del proceso de formalización minera con la posibilidad de extenderlo hasta por seis meses más si así lo decide el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En ese sentido, tanto el Minem como diversos gremios, han enviado su aportes que serán materia de debate en el grupo de trabajo parlamentario.
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En declaraciones a este medio, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, recalcó que la opinión del Ejecutivo ya ha sido manifestada a través del proyecto de ley presentado en noviembre del año pasado. Junto a ello, se han incorporado 15 temas relacionados con trazabilidad, beneficios tributarios para la Mape, el establecimiento de áreas especiales para concesiones, entre otros.
"El Ejecutivo ya dio su palabra respecto a su posición sobre la Ley Mape. Pusimos en noviembre del 2024 nuestro proyecto de ley. Ahora, está en manos de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. No es un trabajo sencillo. Hay muchas aristas, diversos intereses y una historia de conflicto detrás de esto. Lo importante es que esta nueva ley tiene que impactar en la pequeña minería y minería artesanal", aseveró.
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Congreso debatirá predictamen de Ley Mape
El texto del predictamen de la Ley Mape acumula las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo y de los congresistas Jorge Flores, Segundo Quiroz, Katy Ugarte, José Williams, Héctor Valer, Nilza Chacón y Arturo Alegría. Si bien desde inicios de año, Paul Gutiérrez convocó a una serie de mesas de trabajo para recoger los aportes de los actores involucrados, recién se ha podido presentar una fórmula al respecto.
En más de una oportunidad, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzáles, ha señalado a este medio, que el titular de este grupo de trabajo actúa con total discrecionalidad para el abordaje de esta propuesta de ley. Y es que, al temprano retiro de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), se suma la ausencia de las organizaciones de pueblos indígenas en los espacios de discusión.
Uno de los primeros desacuerdos que se expresaron públicamente fueron los de la SNMPE. A través de una carta enviada el 7 de mayo, manifestaron su preocupación respecto a que el artículo 4.2 del predictamen introduce conceptos que "promueven la impunidad de actividades que son ilegales". Y es que el inciso b de la referida disposición redefine a la minería informal como "aquella que se ejerce sin haber iniciado el proceso de formalización con el Estado".
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A juicio de William Zabarburú del Instituto de Políticas Climáticas, "bastaría con comenzar este procedimiento de legalización, para ya no ser considerado informal, aunque no se pueda finalmente cumplir con los requisitos". Además, considera que la propuesta de dictamen no resuelve el problema que impide la formalización de los pequeños mineros: la exigencia de un contrato de explotación.
"Los artículos 25, 26 y 27 insisten en la fórmula declarativa que tiene que haber un contrato o varios contratos. Si un titular no quiere suscribir dicho acuerdo entre privados, pues no hay forma, mientras no se cambie el régimen de concesiones y la relación con otras formas de actividad dentro de las áreas otorgadas. Este sigue siendo el cuello de botella de la norma", explicó.
Quienes sí han formado parte de las mesas de trabajo convocadas por el congresista Gutiérrez son los integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin). Ellos han planteado incorporar a la Ley Mape el derecho de servidumbre, el establecimiento de una ruta de comercialización del oro, el reconocimiento del quinto estrato que comprende a las mujeres que se dedican a la selección manual de minerales y la apertura de cuentas en el Banco de la Nación para hacer la trazabilidad.
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En el predictamen, se identifica que la resistencia de los concesionarios a firmar contratos de explotación con los mineros artesanales se ha convertido en el principal escollo para avanzar en la formalización. Por eso, "la constitución de servidumbres ofrece una solución práctica a los conflictos de acceso a estas áreas".
Según el inciso e del artículo 11 del predictamen, el Ministerio de Energía y Minas será el ente encargado de otorgar y constituir servidumbres de explotación, el cual es un derecho de carácter temporal a favor del pequeño productor minero, debidamente inscrito en el Registro Nacional de la Pequeña Minería artesanal y Minería Tradicional Ancestral (RENAPMAT).
Esta medida que debe ser inscrita en el Registro Público de Minería busca resolver situaciones de superposición o ausencia de acceso a contratos de explotación derivadas de la inactividad prolongada del concesionario sin causa justificada. Su duración será equivalente al periodo de vida útil de la labor minera activa, sin que dicho plazo pueda exceder la vigencia legal de la concesión sobre la cual recae.
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Sistema Interoperable
Uno de los principales temas que propone el predictamen de la Comisión de Energía y Minas es la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (SIPMMA) que deberá garantizar la trazabilidad de minerales y facilitar la fiscalización, previniendo actividades ilícitas.
Esta plataforma nacional automatizada y de carácter obligatorio será administrada por el Minem, a través de la Dirección General de Formalización Minera. Entre sus principales funciones destacan la de articular e interoperar progresivamente con los sistemas informáticos de instituciones como Reniec, Sunarp, Sunat, OEFA, ANA, Sucamec, Minam y otras.
Además, deberá integrar, validar y depurar los datos del Reinfo y del Renapmat para evitar duplicidades. A través de una resolución viceministeriales, se aprobarán los lineamientos técnico-normativos para su adecuado funcionamiento, acceso, actualización de módulo, protección de datos personales y publicación de información no confidencial conforme a la ley de transparencia.
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Incentivos tributarios
Según la propuesta del grupo de trabajo que preside Paul Gutiérrez, se establece un régimen tributario especial de la MAPE, con incentivos fiscales y un proceso de fiscalización adaptado a las características de los pequeños mineros. Esto implica la creación de un modelo denominado RETMAPE que se aplica a los pequeños productores mineros, productores mineros artesanales y productores mineros tradicionales que generen rentas de tercera categoría y cuyos ingresos anuales no superen las 250 UIT.
Entre los principales componentes de este régimen se encuentran tasas impositivas, progresivas y diferenciadas, deducciones operativas estándar, beneficios aduaneros especiales para ala adquisición e implementación de tecnologías limpias, así como procedimientos simplificados de declaración, bancarización y formalización, considerando las condiciones geográficas de cada operador.
Por otro lado, un planteamiento más de la Confemin fue escuchado por el presidente de la Comisión de Energía y Minas. Se trata de la inclusión financiera, ya que el Estado, a través del Banco de la Nación y en coordinación con las entidades del sistema financiero, tendrá que facilitar el acceso a apertura de cuentas, transacciones electrónicas y gestión digital de pagos vinculados a la actividad minera.
De igual forma, se incorporan programas de financiamiento transparente para la MAPE, seguros para actividades productivas y líneas de crédito adaptadas a su escala operativa y nivel de formalización de la presente norma. Por último, se destacan medidas de inclusión financiera, asesoría técnica y fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial.
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Petitorios mineros
Para Zabarburú, el artículo 23 del predictamen que establece el derecho de preferencia para formular petitorios mineros en comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas es una puerta abierta para incentivar la expansión de la MAPE en regiones como Madre de Dios, El Cenepa, la Cuenca del Nanay (Iquitos), etc, donde sus impactos han sido muy graves.
"Le dan un año de plazo a las comunidades y seguramente, vamos a tener muchos petitorios, alentados por lo ilegales. Si las comunidades no pueden hacerlo, cualquier persona natural podrá formular estos petitorios. Curiosamente, para la minería se busca reconocer el concepto de pueblos indígenas, pero para darles personalidad jurídica, se les niega", analizó.