Venezuela entre elecciones, tensiones fronterizas y denuncias de crímenes de lesa humanidad

Este domingo, Venezuela vivirá una jornada clave con las elecciones parlamentarias en las que se renovarán los 285 escaños de la Asamblea Nacional. Las diputadas y diputados electos ejercerán funciones desde el 5 de enero de 2026 hasta el 5 de enero de 2031.

Pero estos comicios no llegan en calma. Se celebran en un contexto de aguda crisis política, marcado por las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que generaron masivas protestas tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A esto se suman las manifestaciones de enero, en rechazo a la toma de posesión de Nicolás Maduro y a la falta de transparencia denunciada por observadores internacionales, lo que ha motivado incluso una investigación en Naciones Unidas por presunto fraude electoral.

Además del Parlamento, Venezuela elegirá este domingo gobernadores estatales, incluyendo autoridades para el disputado territorio del Esequibo, pese a que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Caracas abstenerse de ello. Venezuela considera al Esequibo parte de su territorio, aunque esté bajo el control de Guyana. La tensión entre ambos países ha escalado luego de un supuesto ataque armado de civiles venezolanos a militares guyaneses. En respuesta, el gobierno de Guyana anunció el refuerzo de su frontera y afirmó que el Esequibo “siempre será guyanés”.

Volviendo a las elecciones, en total, 21 millones 485 mil ciudadanos están convocados a las urnas para elegir 569 cargos: 285 diputados, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.

El presidente Nicolás Maduro llamó al chavismo a conseguir una victoria “en lo comunicacional”, ante unos comicios rechazados por el bloque opositor mayoritario, que aún reclama el triunfo de las presidenciales de 2024. Maduro además advirtió sobre supuestas conspiraciones en curso para el mismo día de la elección, sin dar mayores detalles.

En esa línea, el gobierno denunció este lunes un supuesto plan de sabotaje que incluiría ataques a infraestructuras clave y atentados contra candidatos. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, vinculó esta operación a grupos violentos, entre ellos la mafia albanesa en Ecuador, y acusó directamente a la opositora María Corina Machado, quien se ha negado a participar en estas elecciones.

Según Cabello, embajadas, hospitales, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas serían algunos de los objetivos del plan. Además, reveló la detención de 38 personas, incluyendo 17 extranjeros, presuntamente involucrados. Como medida preventiva, Venezuela suspendió todos los vuelos provenientes de Colombia, tras denunciar que desde ese país se estarían trasladando supuestos mercenarios.

El gobierno colombiano, por su parte, espera una confirmación oficial de esta medida para tomar decisiones. La Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros contactar con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios, mientras se desarrollan contactos diplomáticos para restablecer las conexiones aéreas.

No es la primera vez que el chavismo denuncia complots. Según el oficialismo, muchos de estos planes se organizan desde Estados Unidos y Colombia con apoyo de la oposición. Esta vez, Cabello activó lo que llamó la “operación tun-tun”, una campaña de detenciones que ya había sido usada en julio pasado tras protestas por la proclamación de Maduro como presidente reelecto.

Es en este sentido que parte de la oposición venezolana, principalmente María Corina Machado ha llamado a boicotear las elecciones. Mientras tanto, otras figuras opositoras como Henrique Capriles han decidido participar en estos comicios. Capriles aspira a un escaño en la Asamblea.

Capriles acusó al chavismo de querer convertir estas elecciones en un proceso “clandestino”, señalando la falta de información oficial para los votantes. Por su parte, el también opositor Juan Requesens ha llamado a participar para “minar al chavismo”, pese a los riesgos de fraude.

En paralelo a la tensión electoral, un nuevo informe del panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha vuelto a encender las alarmas internacionales. El documento, presentado este lunes en la sede del organismo en Washington, acusa al régimen de Nicolás Maduro de consolidar un aparato represivo que comete crímenes de lesa humanidad de forma sistemática.

Según el informe, la represión en Venezuela ha evolucionado desde actos aislados de violencia política hacia una infraestructura autoritaria plenamente desarrollada, que se sostiene mediante el miedo, las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. El panel estima que al menos 51 personas han sido desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, mientras que más de 2 mil 400 ciudadanos fueron detenidos.

El secretario general saliente de la OEA, Luis Almagro, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones concretas y urgentes. “La cadena de mando del gobierno chavista debe rendir cuentas”, afirmó, mientras el informe destaca la captura total del Estado por parte de una cúpula político-militar que actúa como una red criminal transnacional.

La denuncia no se queda solo en el plano jurídico: el documento también subraya cómo esta estructura estatal se vincula con actividades ilícitas globales como el narcotráfico, el lavado de activos y la cooperación con actores criminales internacionales, consolidando lo que el Instituto CASLA denomina una “tiranía organizada” bajo una fachada institucional.