Obispo Reig Pla desata rechazo en España tras decir que la discapacidad es la “herencia del pecado”
El obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, enfrenta una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El motivo: sus declaraciones en una homilía donde afirmó que la discapacidad es “herencia del pecado y del desorden de la naturaleza”.
La intervención tuvo lugar el pasado 11 de mayo en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca), durante una ceremonia religiosa. Las palabras del prelado han sido calificadas como “inaceptables” por diversas autoridades y organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidades, al considerar que perpetúan estigmas que contravienen los principios democráticos y de inclusión social.
El Gobierno acusa al obispo de atentar contra la dignidad
La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad presentó una denuncia basada en el artículo 510.2 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años y multas de seis a doce meses por actos que impliquen humillación o menosprecio hacia personas por motivos como la discapacidad.
En su intervención, Reig Pla declaró: “Venimos del infinito amor de Dios, que nos ha dado la vida a través de nuestros padres y esto asegura tu origen, ¡no eres un fracaso! (...) También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza”. Para el Ministerio de Derechos Sociales, esta declaración es un discurso público que vulnera derechos fundamentales.
Jesús Martín, director general del área de discapacidad del ministerio, afirmó que esperan que la denuncia “permita al Ministerio Fiscal abrir las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia”. Además, lamentó que desde espacios de influencia como el púlpito se lancen mensajes estigmatizantes que asocian la discapacidad con una visión medieval.
Queja ante el Defensor del Pueblo y presión sobre la Iglesia
Además de la denuncia judicial, el Ministerio ha remitido una queja al Defensor del Pueblo para que evalúe si las palabras del obispo pueden constituir una vulneración de los derechos de las personas con discapacidades. La administración exige que en el siglo XXI las autoridades eclesiásticas promuevan el respeto a la diversidad humana, y no discursos que desvaloricen a determinados colectivos.
Entre las acciones que ha impulsado el Ministerio de Derechos Sociales se encuentran:
- Solicitud a la Conferencia Episcopal para que repruebe públicamente los dichos del obispo.
- Exigencia de una explicación formal sobre el sermón del 11 de mayo.
- Oferta de colaboración institucional para formar a los líderes religiosos en derechos humanos y discapacidad.
La respuesta más destacada desde dentro de la Iglesia llegó por parte de José Luis Retana, obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, quien reconoció haber recibido cartas de queja y dijo no poder defender las palabras de su colega. “No se puede hablar así de nadie, porque lo que debemos defender es la dignidad de la persona”, declaró Retana.
No son sus únicas declaraciones polémicas
No es la primera vez que Reig Pla genera polémica. Durante su etapa como obispo en activo, cargo que ocupó hasta 2022, fue conocido por sus posiciones conservadoras, con duras críticas hacia la homosexualidad, el aborto y la eutanasia. Esta nueva declaración refuerza su perfil ideológico, aunque en esta ocasión podría tener consecuencias penales.
El rechazo a sus palabras ha sido transversal. Entidades de derechos humanos, colectivos de personas con discapacidad y ciudadanos particulares han expresado su indignación, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Las declaraciones del obispo han sido catalogadas como un retroceso en el reconocimiento de las discapacidades como una condición inherente a la diversidad humana.
El discurso religioso, según expertos en derechos sociales, no puede colocarse por encima del marco legal que garantiza la dignidad, igualdad y no discriminación de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad. En este contexto, el caso de Reig Pla podría sentar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en relación con los derechos fundamentales.