Comienzan las consecuencias de la clasificación como terroristas

Hace varios meses, poco después del inicio de la administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico comenzaron a ser considerados dentro de la clasificación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Con ello, las organizaciones del crimen organizado se integraron a una lista de 68 entidades clasificadas como FTO, lo cual tiene varias implicaciones. Como se ha señalado anteriormente en este espacio, una de las principales consecuencias es de carácter financiero: esta designación permite al gobierno estadounidense bloquear flujos de dinero que circulan a través de su sistema bancario, imponer sanciones económicas, restringir viajes y procesar legalmente a quienes brinden apoyo a estos grupos delictivos.

Hasta ahora la administración del presidente republicano ha designado a algunos de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y, según reportajes, se ha llegado a considerar la posibilidad de emprender acciones militares unilaterales en su contra. Sin embargo, por el momento y pocos meses después de esta clasificación, se produjo un hecho insólito: a una gobernadora en funciones de un estado fronterizo con Estados Unidos le fue retirada su visa.

Se conoce la sanción aplicada a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y su esposo, el también morenista Carlos Torres Torres – coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno de su conyugue –. Se sabe también que al morenista Mario Alberto López Hernández quien es alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado fronterizo, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él negó que le haya sido oficialmente retirada su visa. Por su parte, medios mexicanos reportaron que las autoridades migratorias de Estados Unidos también revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal información “no confirmada”, según su portavoz.

Por el momento, la Casa Blanca está imponiendo restricciones de viaje con cancelaciones de visas y funcionarios estadounidenses señalaron que estas revocaciones podrían ir acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a los afectados hacer negocios con empresas estadounidenses y congelarán sus activos financieros en el país. Así, se activan ya dos de las consecuencias asociadas con una FTO o con quienes se presume tienen vínculos con dichas organizaciones; todo ello sin necesidad de una acusación formal.

La carga de prueba requerida para cancelar visas y aplicar sanciones del Tesoro es mucho menor que el de un juicio penal. Según medios de Estados Unidos, entre las ordenes ejecutivas de Trump las visas pueden ser canceladas por diversos motivos, por supuesto que entre ellas está el apoyo al terrorismo. Todo indica que este es solo el comienzo.

En una publicación del periodista Tim Golden en ProPublica, uno de los medios independientes de mayor rigor en Estados Unidos, se informó que la administración de Donald Trump buscaría bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos mexicanos, y que se podría hablar de un grupo más grande.

El artículo dice que varios funcionarios del gobierno del país vecino revelaron que esta es una operación que viene desde la Casa Blanca – no desde el Departamento de Estado, como se había dicho en otros medios –. Se trata de la construcción de una lista de funcionarios mexicanos que pudieran tener vínculos o algún tipo de colaboración con grupos terroristas; como ahora se consideran a los carteles mexicanos. Se dice que ésta es la continuación de otra lista realizada por la DEA en 2019, donde aparecen 35 funcionarios mexicanos cercanos al partido gobernante y que tenían posibles nexos con el crimen organizado.

Las consecuencias de ser considerados “terroristas” no se limitarán a los cárteles. Esto apenas inicia.