Antofagasta: demandan a ProCultura y a organismos por despidos y subcontratación
Una nueva arista judicial se suma al caso ProCultura, esta vez en la Región de Antofagasta, donde siete extrabajadores presentaron una demanda laboral en el Juzgado del Trabajo, exigiendo una indemnización de $46 millones por concepto de prestaciones impagas, nulidad del despido y subcontratación.
Los demandantes formaban parte de los equipos profesionales que operaban bajo los convenios firmados entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación ProCultura, en proyectos desarrollados en la Región. La acción legal no solo apunta a la fundación como ex empleadora directa, sino que incluye de manera solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta.
Según consigna El Mercurio de Calama, la demanda solicita que ambas instituciones públicas “sean condenadas a la nulidad del despido, subcontratación y al pago de las prestaciones e indemnizaciones adeudadas”, argumentando que la contratación de la fundación fue promovida desde dichos organismos estatales.
La Seremi de Vivienda, representada por el Consejo de Defensa del Estado, rechazó tajantemente los argumentos presentados. “Nos encontramos frente a convenios de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto, por lo que no es dable poder perseguir una responsabilidad de la Seremi Minvu respecto a una supuesta subcontratación”, se indicó, citando los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo.
Asimismo, el CDE recalcó que “tampoco es efectivo que dicha fundación prestara servicios en calidad de contratista para Seremi Minvu. Como toda fundación, recibe aportes o recursos de diferentes fuentes. Lo anterior no transforma, bajo ningún concepto, en contratista a la fundación demandada principal, ni a sus aportantes en mandantes”.
La resolución del tribunal será clave para determinar si los vínculos establecidos en la ejecución de estos convenios pueden generar responsabilidad directa o solidaria del Estado en los conflictos laborales derivados de su implementación.