El Grupo de Ciudades Patrimonio aprueba en París la 'Declaración de Salamanca' para combatir el vandalismo cultural

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha aprobado en París la Declaración de Salamanca, un protocolo pionero de aplicación internacional con el que se pretende dar una «respuesta contundente y coordinada frente al vandalismo contra el patrimonio cultural». La medida fue acordada tras una reunión de trabajo mantenida con el director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou Assomo, y posteriormente ratificada en la Asamblea celebrada en la sede de la Embajada de España en París y a la que asistido el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. La presidenta del Grupo y alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha subrayado que este nuevo protocolo incluye un «catálogo de medidas que incluye sanciones por faltas y delitos contra el patrimonio cultural , además de la cuantificación de los coeficientes específicos que se puedan aplicar en el marco de una nueva regulación que califica el coste de la restauración del daño». Sanmartín, que lideró la delegación española, aseguró también que se trata de « un protocolo pionero y con vocación internacional para dar respuesta al vandalismo», fruto de las jornadas técnicas celebradas en Salamanca los días 3 y 4 de abril. En dichos encuentros, profesionales del ámbito técnico, judicial y de la seguridad consensuaron la necesidad de establecer mecanismos comunes que eviten «disparidad de criterios e inseguridad jurídica». El protocolo será compartido como ejemplo de buenas prácticas en el próximo Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco que se celebrará en julio en París. «Son necesarias fórmulas novedosas y eficientes para armonizar la convivencia ciudadana, la respuesta del Código Penal y la actuación municipal», defendió Sanmartín. Uno de los aspectos más innovadores del documento es la introducción de criterios técnicos y jurídicos para valorar los daños sobre el patrimonio, estableciendo porcentajes de ponderación según el tipo de bien afectado. Se tienen en cuenta factores como el valor histórico o estético , el de antigüedad, identidad, singularidad, tipología, urbanismo, autenticidad y valor ambiental. Esta valoración puede oscilar entre un 20% en bienes de régimen común y hasta un cien por cien para los declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o Patrimonio Mundial. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recalcó la relevancia de esta iniciativa: «Cuando se ataca un monumento , se está causando un daño irreparable y la 'Declaración de Salamanca' contempla variables que incluyen nivel de protección legal; tipo de daño y reparación, valor económico, antigüedad, tipología, singularidad, universalidad, valor cívico, valor histórico, artístico, simbólico, identitario o valor ambiental, entre otros. El daño contra el patrimonio histórico es un daño contra la sociedad en general, agravado por su valor universal y cultural». Por su parte, el alcalde de Segovia y presidente de la Comisión de Patrimonio, José Mazarías, insistió en la necesidad de aplicar «criterios unificados frente a los atentados contra el patrimonio» , y apeló a un trabajo conjunto entre «la sociedad civil, las administraciones municipales, autonómicas y de ámbito nacional, junto con las fuerzas de seguridad (incluyendo policías municipales, Policía Nacional y Guardia Civil), las fiscalías, los servicios jurídicos municipales y el conjunto de la judicatura». El documento también contempla medidas de concienciación ciudadana y formación, especialmente en el ámbito educativo. Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona y presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte del Grupo, destacó que «el protocolo constituye un marco de referencia porque establece sistemas de valoración desde el punto de vista técnico, normativo y jurídico, así como desde el ámbito social y educativo, sin olvidar el ámbito laboral». En ese sentido, consideró fundamentales las «medidas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía , entre las que se incluyen la formación en centros escolares y también el fomento del arte urbano autorizado, como manifestación de la expresión cultural del mundo contemporáneo». Asimismo, la Declaración prevé la elaboración de mapas de agresiones para determinar áreas de riesgo , así como la creación de fondos documentales que recojan las técnicas de intervención utilizadas en la limpieza y recuperación de bienes afectados por actos vandálicos.